Jaume Font Marí-Martí (Terrassa, 1918-2010) era tan discreto que prácticamente nunca habló de toda su lucha clandestina ni de cómo se infiltró en la maquinaria judicial militar franquista para alterar expedientes y salvar vidas. "He tenido que mover muchos hilos. Solo una vez me habló de ello. Caminábamos por la Cerdaña con unas amigas, éramos adolescentes. Sin mirar a nadie directamente, casi contemplando el paisaje, mi padre explicó que después de la Guerra Civil había trabajado en la Auditoría de Guerra y que se había arriesgado mucho alterando documentos para reducir condenas o evitar penas de muerte. Fue una revelación inesperada y breve. Nadie hizo preguntas. La conversación se detuvo allí y él no volvió a hablar nunca más de ello", dice su hija, Núria Font.

Nuevo caso de infiltración policial en los movimientos sociales y políticos en los Països Catalans, y ya van seis. La última investigación de La Directa, publicada este martes, revela que un agente de la Policía Nacional estuvo algo más de dos años infiltrado en el activismo en Lleida, en torno a la izquierda independentista. Bajo la falsa identidad de Joan Llobet Garcia, y graduado en la Escuela de Policía de Ávila justo un año antes de iniciar la operación de espionaje, el agente aterrizó en la capital del Segrià en septiembre de 2019 y se marchó en noviembre de 2021. Durante este tiempo se implicó en el SANT activamente en las protestas contra la sentencia del Proceso (2019) y las de apoyo al rapero leridano Pablo Hasél.

Vismara, Lubina y Benetau. Son los nombres en clave de tres agentes de la Guardia Civil que se infiltraron en un grupo andaluz que introducía hachís en el Estado. El líder acabó condenado a ocho años de cárcel y recurrió a la sentencia diciendo que los agentes habían vulnerado su derecho a la intimidad. Esta historia, que comenzó entre fardos y narcollanchas en las playas de Almería, ha terminado representando el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los agentes encubiertos. Es reciente, de junio del año pasado, y avala esta figura citando la ley allá donde está recogida, la de enjuiciamiento criminal.

La mano derecha del expresidente Carles Puigdemont y director de su oficina, Josep Lluís Alay, fue espiado con Pegasus. Lo acredita un informe de los Mossos presentado en el juzgado de instrucción número 4 por la causa abierta a partir de una querella de Alay después de que su nombre apareciera como uno de los nombres que Citizen Lab citaba como espiado con el software israelí. Así, el cuerpo policial demuestra que el teléfono que fue incautado cuando lo detuvieron el 28 de octubre del 2020 en el caso Volhov instruido por el juez Joaquín Aguirre –que ha quedado archivado–, estaba infectado por Pegasus desde el 11 de octubre de 2019, pocos días antes de la sentencia contra los líderes del Proceso.

Barcelona se ha convertido en la capital europea de las empresas de espionaje israelíes, que se han establecido en los últimos 18 meses, según informa el diario Haaretz. Una serie de compañías de este sector han escogido la Ciudad Condal por considerar que, así, se pueden abrir a un mercado más amplio y huir de las restricciones que les ha impuesto el gobierno israelí tras una serie de escándalos internacionales.

A finales de diciembre de 2015 Podemos logró representación en el Congreso por primera vez después de obtener 69 diputados en las primeras elecciones generales a las que se presentaba. Una irrupción que inquietó al gobierno del popular Mariano Rajoy, que sin que ningún juez lo pidiera hizo un rastreo masivo de las bases de datos policiales para investigar distintos aspectos de la vida de los nuevos parlamentarios. Según ha avanzado El País, la Audiencia Nacional (AN) ya tiene a su disposición las pruebas documentales de ese supuesto espionaje.

Cuando lo preguntas en la puerta del Castillo de Vincennes, los trabajadores ponen cara de sorprendidos. "¿Aquí ejecutaron a Mata Hari? No lo sabíamos", dicen. Ninguna placa lo recuerda, pero el 15 de octubre de 1917 el espía más famosa de Europa fue ejecutada en este castillo en las afueras de París, seguramente en uno de los fosos. Otros dicen que estuvo en el fondo del recinto, donde había un campo de tiro de entrenamiento durante la Primera Guerra Mundial. No se sabe con seguridad cuál fue el lugar de la ejecución, ya que la fotografía que a veces se utiliza para hablar de la muerte de Mata Hari en realidad es un fotograma de un filme de época.

El músico Pau Casals fue un objetivo predilecto de los servicios de espionaje franquista, que controlaban todos sus movimientos, sobre todo mientras vivía exiliado en Prada de Conflent (el Conflent). De rebote, coplas gerundenses que se acercaron al músico recibieron prohibiciones y advertencias del régimen.

La polémica sobre si ha habido lawfare en España ha coincidido con el levantamiento del secreto de sumario sobre la causa de Tsunami Democrático, donde se ve claramente cómo se espió a decenas de personas por el mero hecho de ser conocidos independentistas. En efecto, la Guardia Civil pidió cobertura judicial para pinchar teléfonos de políticos y activistas con la excusa de que podrían estar cometiendo un delito de terrorismo. De esta forma, y ​​sin que hubiera ninguna prueba de hechos delictivos, decenas de personas vieron vulneradas sus comunicaciones personales y expuesta toda su intimidad, tal y como se puede leer en las páginas del sumario.

El comportamiento del PP de Feijóo negándose a, o haciéndose rezar por, concertar una reunión con Pedro Sánchez, pese a las reiteradas propuestas formuladas desde la presidencia del gobierno español, tiene similitudes con el del PP de Rajoy cuando se negó, de forma igualmente repetida, a reunirse con Puigdemont para discutir sobre el referéndum de autodeterminación. En ambos casos, los motivos aducidos para obstruir lo que debería ser el normal funcionamiento institucional y la interlocución entre los distintos partidos políticos (el jefe de la oposición en relación con el presidente del gobierno, en el caso de Feijóo y Sánchez, o el presidente de España frente al presidente de Catalunya, en el de Rajoy y Puigdemont) son de índole patriótica, y en ambos casos, también, Puigdemont aparece como antagonista. Rajoy solía decir que “no podía ni quería” acceder a debatir una cuestión que, según la doctrina del PP por entonces, no podía ni ponerse al orden del día de una reunión sin atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico. En la actualidad, Feijóo y Cuca Gamarra se resisten a reunirse con Sánchez justamente a causa de las “otras reuniones” que dicen mantener, justamente, con Puigdemont. De forma más amplia, afirman que rehuyen encontrarse con el líder socialista porque se ha asociado con quienes quieren destruir a España sólo para satisfacer su ambición personal, etc. Además de hacer las cosas difíciles, el PP logra así realizar una maniobra de desvío de la atención en la que exhibe auténtica maestría: haciendo hablar de las alianzas de Sánchez (supuestamente ilegítimas, ilegales e incluso inmorales), se deja de hablar de la única alianza verdaderamente tóxica para una democracia, que es con la extrema derecha. espacio político– que el PP mantiene con Vox, servirán previsiblemente de freno a las comisiones parlamentarias sobre Pegasus y la operación Catalunya. A las reticencias y los obstáculos que es de suponer que pondrá el mismo PSOE (como podéis leer en el artículo de Ot Serra en este diario), los trabajos de estas investigaciones se verán lastrados por el inmovilismo del PP, que cerrará filas con una cúpula judicial que no tolera que se hable de lawfare ni de parcialidad de los jueces. Sin embargo, las evidencias del espionaje de adversarios políticos con Pegasus y otros sistemas no legales, así como de la existencia de una policía patriótica que ha actuado desde las cloacas del Estado para hundir el independentismo catalán por todos los medios, son ataques más que graves al estado de derecho, e investigarlos y aclarar responsabilidades debería ser prioritario para aquellos que dicen defender ese estado de derecho. Sin embargo, el patriotismo sólo les sirve para hacer gesticulaciones y declaraciones inflamadas de cara a la galería, y para contaminar aún un poco más, si cabe, el debate público con prejuicios, mentiras, realidades alternativas e incitaciones al odio y la fractura social.

En la última década varias de las máximas autoridades del Govern han tenido que pasar por los juzgados por causas relacionadas con el Proceso, pero lo han hecho siempre como investigados o acusados. Este miércoles el presidente del Govern Pere Aragonès ha declarado ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona como víctima del espionaje al independentismo en el marco del caso Pegasus. Aragonés ha señalado expresamente ante el juez al CNI como los responsables del espionaje que, según la querella del president, se habría alargado unos 20 meses, entre julio de 2018 y marzo de 2020, un período clave para la política catalana y española. A la salida de los juzgados, tras declarar durante unos 45 minutos, Aragonès insistió en la necesidad de desclasificar la información relativa al espionaje con el software Pegasus: "El gobierno español tiene la obligación ética y moral de desclasificar la información", ha dicho.

Por primera vez, un cargo del Centro Nacional de Investigación (CNI) deberá dar explicaciones como investigado por el caso Pegasus, de espionaje político. Según ha avanzado Eldiario.es y ha confirmado el ARA, un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el espionaje en su teléfono móvil y ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, cesada en mayo del pasado año después de que estallara el llamado Catalangate.

El autor de la filtración masiva de documentos clasificados del Pentágono podría ser un joven racista, ultrareligioso y entusiasta de las armas que trabaja en una base militar de los Estados Unidos. Lo ha revelado el Washington Post, que ha tenido acceso a miembros del grupo de la plataforma de juego en línea Discord en el que el filtrador habría difundido los documentos secretos que han expuesto las pésimas perspectivas de la contraofensiva ucraniana y el espionaje de los Estados Unidos a sus aliados, como Ucrania, Israel, Corea del Sur o Egipto.

El Pentágono está en alerta desde que trascendió el viernes una supuesta filtración de documentos clasificados, la más grande desde que Wikileaks publicó los estragos del ejército de los Estados Unidos en Irak. Un centenar de documentos, que apenas datan de hace 40 días, revelan documentación operativa de la guerra de Ucrania e información sobre el espionaje norteamericano a sus aliados. No queda claro cuántos de los informes –marcados como "top secret"– son auténticos y ya se ha demostrado que algunos han sido modificados. Sea como sea, en plena preparación de la anunciada contraofensiva ucraniana de la primavera, pintan un panorama mucho más negro para Kiev del triunfalismo que Biden expresa en sus discursos públicos.

Un topo, como en algunas de las más rocambolescas tramas de la Guerra Fría, y una operación de engaño para descubrir a un traidor permitieron la identificación en agosto de 2021 de David Smith, un antiguo guarda de seguridad de la embajada británica en Berlín y exmiembro de la Royal Air Force (RAF), como espía al servicio de Moscú. Este viernes, Smith, escocés de 58 años, ha sido condenado a 13 años y dos meses de prisión por el tribunal penal Old Bailey, del centro de Londres.

El gobierno de Irán ha informado de que ha ejecutado a Alireza Akbari, un ciudadano con doble nacionalidad iraní y británica condenado bajo la acusación de trabajar para los servicios secretos del Reino Unido. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha calificado el asesinato de Akbari, que había sido viceministro de Defensa del gobierno iraní entre 1997 y 2005, de acto "cruel y cobarde".

Thrillers sobre la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya hemos visto muchos. Este monopolio de los relatos de espionaje (operado sobre todo desde Hollywood) nos puede hacer olvidar que, mientras Occidente jugaba al gato y al ratón con el Telón de Acero, en Corea la tensión se afilaba entre la dictadura comunista del norte y los regímenes autoritarios, pero mejor vistos por las potencias capitalistas, que gobernaban en el sur. Este es el contexto convulso que Lee Jung-jae, protagonista de El juego del calamar, ha escogido para su debut en la dirección, Hunt. Caza al espía, en el que también se reserva el rol central de un responsable de las fuerzas de seguridad surcoreanas que compite con un compañero (que, para acabarlo de adobar, fue su torturador) para localizar a un agente infiltrado del norte.

A Enric Pérez, de 24 años, lo intentaron captar como informador para que se infiltrara en Jovent Republicà, las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero decidió ponerlo en conocimiento del ARA y la revista La Directa para denunciar el espionaje al independentismo. Este martes, después de que ayer se hiciera público su caso, Esquerra ha comparecido en el Parlament con Pérez y la portavoz nacional de Jovent Republicà, Kenya Domènech, para denunciar la "vulneración de la libertad política" y pedir la comparecencia de la delegada del gobierno español en Catalunya, Maria Eugènia Gay, para que dé explicaciones sobre lo que ha pasado. También han asegurado que estudian acciones legales –pero todavía no las han concretado– y que esta tarde la diputada republicana en el Congreso de Diputados, Marta Rosique, anunciará las acciones que preparan en la cámara española.

Enric Pérez se espera al pie de los 144 metros de hormigón, aluminio y vidrio de la torre Glòries de Barcelona con el móvil en el bolsillo y la aplicación de grabación en marcha. Está un poco nervioso. Se tiene que encontrar con un hombre que dice que pertenece al departamento de Seguridad Nacional, que en una llamada le ha demostrado que sabe demasiadas cosas de él y que lo quiere convertir en un confidente. Pérez tiene 24 años, todavía estudia y desde el principio se pone en contacto con el ARA y con la revista Directa. Es miércoles 30 de marzo y tiene claro que quiere documentar y hacer público cómo lo intentan captar para espiar el independentismo.

Lo que hoy se conoce como caso Pegasus, el espionaje político mediante el malware intrusivo de la empresa israelí NSO, empezó con el Catalangate. Y el Catalangate, hay que recordarlo, arrancó cuando se hizo público el espionaje en los teléfonos del expresidente del Parlamento y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y del dirigente de ERC en Barcelona Ernest Maragall. La intrusión en los móviles de Torrent y Maragall abrió una causa judicial en octubre de 2020, pero el Catalangate ha crecido con el descubrimiento de que también se espiaron a decenas de activistas, políticos, abogados y periodistas vinculados al independentismo, incluyendo al president, Pere Aragonès. Este escándalo se ha complicado todavía más, reconvirtiéndose en el caso Pegasus, con la sorpresiva admisión pública por parte del Gobierno español de que se había espiado a su presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y que se había intentado con el responsable de Agricultura, Luis Planas.