Alejar de la obra pública aquellas constructoras que se han visto implicadas en un caso de corrupción, sea a través de sobornos, manipulación de pujas u otras malas prácticas. presuntas comisiones ilegales en torno a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el exasesor del primero, Koldo García. si Pedro Sánchez recoge el guante de estas propuestas –se prevé que este miércoles, coincidiendo con el pleno en el Congreso de los Diputados, el presidente español anuncie medidas para luchar contra la corrupción–, es preciso tener en cuenta que España no parte de cero en cuanto a la posibilidad de aplicar este veto sobre algunas empresas a la hora de acceder a la contratación pública. se inspira en directivas europeas, ya incluye esta pena. De hecho, la Comisión Europea está examinando sus directivas y se prevé que dé a conocer su análisis y, por tanto, posibles modificaciones en el último trimestre del año. de un organismo público competente o del ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si una empresa ha sido sancionada por falsedad en la competencia interviene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde el año 2023 puede fijar la duración y el alcance de la prohibición en función de unos criterios en la competencia de las empresas y "se pretende aumentar la seguridad". el organismo que se encarga de velar por la defensa de la competencia en el Estado.

Si hay algo que forma parte del ADN del PSC de forma inequívoca es la pasión por la obra pública. Y los casos del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat lo ejemplifican a la perfección.

Reuniones semanales para alterar miles de contratos públicos de infraestructuras, como por ejemplo hospitales o carreteras. Esta es la práctica que durante 25 años han llevado a cabo las seis principales constructoras españolas y por la cual la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les ha impuesto este jueves una multa histórica por un importe total de 203 millones de euros. Así lo ha informado el organismo supervisor en un comunicado. Las compañías sancionadas son Acciona (29,4 millones de euros), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones de euros). Competencia también había investigado la empresa española Lantania, para quien finalmente se ha archivado la causa.

Indignación (de nuevo) a la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC). Según su informe presentado este jueves sobre el sector de la construcción en Catalunya en 2021 y las previsiones para el 2022, este año será "un año complicado" –a pesar de que los datos registrados durante el primer trimestre "fueron buenos"– ya que debido a la guerra en Ucrania "la situación es de incertidumbre total". Así lo ha expresado su presidente, Joaquim Llansó, quien ha criticado duramente el déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya por parte del Estado: la ejecución en 2021 ha sido del 35,8% de lo presupuestado.

La licitación de obra pública en Catalunya rozó los 3.000 millones de euros en 2021. Entre el Estado, la Generalitat y las corporaciones locales licitaron 2.958 millones de euros, un 97% más que el año anterior –prácticamente el doble– y un 57% superior a la cifra de 2019, el año previo al estallido de la pandemia. El Estado licitó 666,5 millones, un 241% más; la Generalitat 760,1 millones, un 54% más; y los ayuntamientos, diputaciones y otras corporaciones locales, 1.531,3 millones, un 88% más.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha sancionado este viernes con un total de 61,3 millones de euros a doce empresas, entre las cuales hay filiales de las constructoras de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor, Copcisa y Sacyr, por una infracción constitutiva de un cártel para repartirse las licitaciones convocadas por el ministerio de Fomento entre los años 2014 y 2018 para arreglar carreteras. Además, Competencia prohíbe que contraten con la administración pública por un tiempo indeterminado. A pesar de que no es la primera vez que se ponen multas de este estilo (en 2019 se puso una multa similar a un cártel que monopolizaba las licitaciones de Adif), esta decisión es especialmente significativa porque revela una forma de proceder que altera completamente las reglas de la competencia y que ha condenado a decenas de empresas que actuaban de forma legal y veían como, una y otra vez, se quedaban fuera de los concursos públicos.