Construcción
Economía 20/08/2021

Competencia multa con 61 millones de euros a una docena de constructoras

La CNMC considera que formaban un cártel en el mantenimiento de carreteras y les prohíbe contratos con las administraciones

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La sede de la CNMC en Madrid.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros 12 empresas, entre las cuales hay filiales de las constructoras de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor, Copcisa y Sacyr, por una infracción constitutiva de un cártel que alteraba las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el ministerio de Fomento entre los años 2014 y 2018, según ha informado este viernes la CNMC. Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la ley de defensa de la competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado, además, a estas empresas con la prohibición de obtener contratos de las administraciones públicas. Este no es el primer caso en el que la CNMC pone multas millonarias a constructoras. Ya lo hizo el 2019 por haberse repartido las obras de Adif.

Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr. Competencia subraya que "la especial complejidad y nocividad del cártel" para el interés general han sido consideradas como agravante a la hora de establecer el importe de las multas.

La sanción más grande corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr es de 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones de euros, Acciona Manteniment con 2,33 millones, Innovia (Copcisa) con 3,35 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones. La multa a Alvac asciende a 5,8 millones, la de Copasa llega a los 5,6 millones, y la de Elsamex supera los 4 millones.

Descuento a Aceinsa por colaborar

En el caso de Aceinsa, inicialmente sancionada con 3,2 millones, la empresa se ha acogido en el programa de clemencia de la CNMC, por lo cual no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta (en total tendrá que abonar 1,6 millones), y queda exenta, además, de la aplicación de la prohibición de hacer contratos con la administración. En cuanto a esta medida, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución para que se inicie el procedimiento para determinar la duración y el alcance de esta prohibición a las empresas multadas.

Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas restringiendo el número de ofertas a la baja superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar. La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero del 2014 y el diciembre del 2018, a pesar de que ha detectado conversaciones desde el 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, hecho que supone el 63% del importe total adjudicado por el ministerio para los servicios de conservación de las red de carreteras del Estado .

El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones "para tomar café" en el que las empresas que formaban parte de él establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas que presentarían en las licitaciones del ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras del Estado, según Competencia.

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