"¿Qué hago aquí?" "¿De qué me defiendo?" Son dos interrogantes que han planteado dos de los abogados de los empresarios acusados ​​en el juicio a la familia Pujol Ferrusola que resumen la impotencia expresada por el resto de las defensas durante la segunda sesión. Todas ellas han convergido en denunciar reiteradamente vulneraciones del derecho de defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías, de la tutela judicial efectiva y del principio acusatorio. Básicamente, creen que los hechos que les han llevado a juicio son inconcretos e indeterminados y que su descripción sólo puede conducir a la exoneración.

La primera jornada del juicio en la familia Pujol Ferrusola deja dos imágenes para la historia: el expresidente de la Generalitat siguiéndole telemáticamente desde su casa y sus siete hijos sentados en el banquillo de los acusados. Y pone de manifiesto dos hojas de ruta diferenciadas y complementarias en la estrategia de defensa: un enfoque que resalta la falta de competencias de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y la prescripción de los delitos por los que se les acusa y un planteamiento que pone énfasis en el impacto que tuvo la operación Catalunya.

"El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia". Pese a que los informes forenses desfavorables sobre su estado de salud lo desaconsejaban, la Audiencia Nacional se ha negado a exonerar a Jordi Pujol y Soley y ha decidido sacar adelante el juicio contra él. Sus siete hijos, la exmujer del primogénito y diez empresarios también se sientan en el banquillo de los acusados ​​en un juicio que llega cuatro años después de que concluyera la instrucción y que debe discernir si la fortuna que los Pujol tenían en Andorra procedía del abuelo Florenci o se engrosó con dinero procedente de comisiones ilegales. La Fiscalía acusa al expresidente de la Generalitat de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y pide nueve años de cárcel para él.

Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, ha roto el silencio después de once años y pocas semanas antes del juicio a la familia por organización criminal, que arranca el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. "Mi padre quiere ir al juicio", ha asegurado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. Admitió que quien fue jefe del Gobierno durante 23 años tiene problemas cognitivos, tal y como publicó El Periódico, que tiene algún "problema de habla" y que "le cuesta recordar nombres de los hijos o de los nietos". Pero dejó claro que "no es un hombre inservible o que sea necesario inhabilitar", y aclaró que su objetivo es poder participar en el juicio telemáticamente, sin necesidad de desplazarse a Madrid.

La exlíder del PP en Catalunya y actual senadora, Alícia Sánchez-Camacho, dio en 2012 al excomisario José Manuel Villarejo una lista de independentistas a quienes se tenía que investigar en el marco de la operación Catalunya. Entre ellos no sólo situó al entonces president de la Generalitat Artur Mas, sino también al ex líder de Unió Josep Antoni Durán i Lleida e incluso al entonces director de la Fundació La Caixa y actual conseller de Economia, Jaume Giró, según revelan unos audios que ha publicado El Món. Sánchez-Camacho justifica la inclusión de Giró en esta lista negra diciendo que "se ha vuelto totalmente independentista" a pesar de cobrar entre "400.000 y 500.000" euros al año. "Acuérdate de Giró", insistía Sánchez-Camacho mientras pasaba los números de teléfono a Villarejo.

Un paso más hacia el juicio contra la familia Pujol Ferrusola por presunta organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental. La sala de lo penal ha confirmado íntegramente el auto de procesamiento dictado por el juez instructor, José de la Mata, con las únicas excepciones del archivamiento de la causa para el empresario Carles Sumarroca Coixet y de la retirada de dos delitos contra la hacienda pública a Mercè Gironès, ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola.