"Llamamos dos veces al mes a la Ciudad de la Justicia y la respuesta siempre es la misma". Hace casi ocho meses que Montse Aguilar, una trabajadora de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona, murió al llegar a casa después de una jornada de trabajo durante la ola de calor de finales del pasado junio. Desde entonces, su familia sigue a la espera de la autopsia definitiva que determine la causa de la muerte para emprender acciones legales y defender ante los tribunales que fue un accidente laboral y no un fallecimiento fortuito. "Nos dicen que no tienen nada. Llevamos desde el 8 de septiembre sin ninguna nueva notificación", explica a la ARA Clara Aguilar, hermana de Montse.

La familia de Montse Aguilar, la trabajadora de la limpieza del Ayuntamiento de Barcelona que falleció el pasado 28 de junio durante la ola de calor a su llegada a casa del trabajo, ha avanzado este miércoles que denunciará tanto al consistorio como a la empresa subcontratada FCC si la autopsia definitiva confirma que la causa de la muerte fue un golpe de calor. Estas acciones legales se emprenderían tanto por la vía social como por la penal.

Laia Bonet (Valls, 1972) es la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. Tiene en sus manos dos de las carpetas más candentes de la ciudad: la vivienda y el urbanismo. Atiende al ARA cuando se acerca el ecuador del mandato.

Àlex Cano y Andrea Porta, capitanes del CE Europa, han decretado este lunes por la tarde el inicio de la Fiesta Mayor del barrio de Gràcia de Barcelona en una plaza de la Vila cargada de ambiente festivo. Sin embargo, la alegría se ha mezclado con la protesta cuando ha hablado la concejala de Gràcia, Laia Bonet: una parte del público la ha recibido con la primera pitada al nuevo equipo de gobierno de Jaume Collboni, que no ha asistido al pregón. Los silbidos y algunos gritos de "independencia" llegaron a tapar algunos fragmentos de la intervención de la socialista, que dio paso a los pregoneros y pidió que la fiesta se viva "con respeto".

El gobierno de Jaume Collboni ha presentado este martes lo que no esconde que es uno de los planes que más "ilusión" les hace: el que han bautizado como Pla Endreça, que es la palabra que más ha utilizado el nuevo alcalde estas primeras semanas para defender mejoras en limpieza y seguridad. Éstas son, de hecho, las dos preocupaciones que más volvieron a repetir los barceloneses en la edición de la encuesta de servicios municipales que se presentó el lunes y que marcaba la cifra más alta de vecinos preocupados por la seguridad de los últimos 30 años y cronificaba la suciedad como gran problema. Una situación que el gobierno socialista asegura que es inadmisible si se tienen en cuenta los recursos que se destinan a limpiar (es el mayor contrato de la ciudad) y, por ello, ya amenazó empresas concesionarias con más sanciones.

Primero informar y, si no hay un cambio de hábitos, empezar a sancionar. Esta es la filosofía con la que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este lunes 17 nuevos radares en el interior de la ciudad, doce de los cuales delante de centros escolares para garantizar que los vehículos pasan a menos de 30 km/h. Los cinco restantes se ubican en puntos donde se habían detectado excesos reiterados de velocidad, como la calle Aragó en el tramo que va de Casanova a Urgell o la Diagonal a la altura del Palau de Pedralbes y de la calle Numància, con el objetivo de garantizar que se cumple el límite de 50 km/h.

El número de barceloneses que conviven con perros no ha dejado de crecer los últimos años, hasta el punto que, según el Ayuntamiento, en la ciudad ya viven más de 180.000 perros (174.316 identificados con chip, según los datos del Colegio de Veterinarios), que son bastante más que, por ejemplo, los 171.863 niños de hasta 12 años que constan como empadronados. Pero, a pesar del crecimiento, la ciudad todavía no ha resuelto un aspecto importante para la convivencia con las mascotas en plazas y calles: definir dónde pueden y dónde no pueden pasear sin ir atadas. Un tema que se arrastra desde 2014, cuando el consistorio aprobó la modificación de la ordenanza de protección y tenencia de animales que incluía como una de las novedades las multas a todas las personas que pasearan por la calle con los perros desatados. En aquel momento ya se acordó que la medida, que tenía que implicar multas de como mínimo 100 euros, no podría ser de cumplimiento inmediato porque la ciudad de entonces no estaba preparada: había que garantizar que había espacios suficientes para el recreo de los perros antes de prohibirlos ir desatados.

Barcelona vive inmersa en la renovación integral de las vías de la L5 del metro entre las estaciones de La Sagrera y Horta. Unos trabajos con una afectación más que considerable para los usuarios porque afectan a la línea que concentra más de una cuarta parte del total de pasajeros del metro. Para minimizarla, se hacen aprovechando los periodos de menos demanda: ya hubo un primer corte coincidiendo con Semana Santa y ahora se encara el más largo, entre los meses de julio y agosto. La afectación empezará el 1 de julio, cuando ya no habrá servicio entre las estaciones de La Sagrera y Vilapicina. Este corte se alargará durante todo el mes y, a partir de agosto, incluirá también la estación de Horta. El enlace entre La Sagrera y el Carmel no se retomará hasta el 31 de agosto.

En la etapa final de su primer mandato, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo dos pasos relacionados con la Guardia Urbana: el primero, firmar el decreto que tenía que suponer la reconversión de la unidad de apoyo policial (USP), la de los antidisturbios, en la nueva unidad de refuerzo de emergencias y proximidad (UREP), y el segundo, poner en marcha un comité de ética propio del cuerpo. Un órgano de carácter consultivo que se constituyó en febrero del 2019 y que hizo una única reunión de presentación el abril de aquel año, cuando el área de Seguridad todavía dependía del comisionado Amadeu Recasens. Desde entonces no se ha convocado nunca más. Tampoco ante actuaciones que han generado polémica, como el caso del agente que, en noviembre del 2020, va disparar contra Marjan, un hombre sin hogar, en el paseo de Sant Joan. Fuentes del Ayuntamiento detallan que actuaciones como esta sí que se han llevado a la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI), que es quien tiene las competencias para analizar casos concretos, pero que en estos tres años nadie ha requerido un encuentro de los que tenían que ser los asesores en materia de ética policial, tampoco el mismo comité.

El anuncio viene de 2014: Barcelona multará a los propietarios de perros que vayan sin correa fuera de los espacios habilitados. El problema era, entonces, que estos espacios eran escasos, pequeños y poco adaptados a las necesidades de los animales. Por eso, la modificación de la ordenanza de protección y tenencia de animales que incluía estas nuevas sanciones entró en vigor ligada a una moratoria: hasta que no hubiera bastantes espacios habilitados no habría multas por llevar mascotas sin atar. Ahora la ciudad ya tiene 113 áreas de recreo para perros, 41 de ellas de más de 400 metros cuadrados, pero todavía no ha desplegado las conocidas como zonas de uso compartido (ZUC), que son aquellos espacios donde, en unas determinadas franjas horarias, los perros podrán pasear sin correa y sin la limitación de ninguna valla, sean parques, calles o plazas. Se tiene que definir una en cada barrio –un total de 73–, pero la asignatura se arrastra desde el mandato pasado, cuando ya hubo tensiones entre el gobierno municipal y las entidades que representan a los propietarios de perros por alguna de las propuestas, que los animalistas consideraban poco verdes o demasiado pequeñas. Ahora la tutela política del proyecto ha cambiado de manos y ha correspondido a la socialista Laia Bonet, que heredó la lista y que hoy ha explicado en comisión que algunos de estos espacios propuestos, que no se han hecho públicos, ahora están ocupados por usos escolares extraordinarios debido a las nuevas necesidades de la pandemia.