El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombraba el martes al fiscal Emilio Sánchez Ulled (Lleida, 1966), que se encuentra en servicios especiales en la Unión Europea, para ocupar la plaza recién creada de fiscal de sala de delitos contra la administración pública. Fue un nombramiento polémico porque los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales se abstuvieron por mostrar su rechazo por la posible invasión de competencias con la Fiscalía Anticorrupción.

“Al final del día fui a saludar a la gente que había colaborado con la jornada. Y entonces me encontré con ese personaje allí. Se levantó, me hizo un saludo a distancia, nos acercamos y salió el producto de una emoción contenida”. Era un abrazo y se convirtió en símbolo de lo que había representado esa jornada. "No estaba planificada, fue espontánea", insiste quien era presidente de la Generalitat durante la consulta (finalmente proceso participativo) del 9-N, Artur Mas. El ARA le ha reunido diez años después con el otro protagonista de la imagen, el entonces diputado de la CUP David Fernández. Durante esta década no han dejado de abrazarse, explican ambos desde el auditorio del Institut Goethe de Barcelona, ​​que ha cedido sus instalaciones para la conversación.

El presidente de Catalunya, Artur Mas, se ha abrazado esta noche al término de la jornada del 9-N con el diputado de la CUP David Fernández, ambos claramente emocionados. Artur Mas se ha encontrado con Fernández en una visita al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), donde el diputado de la CUP hacía de voluntario.

Tal Hanan, un empresario israelí que trabaja para servicios de inteligencia y organismos de seguridad gubernamentales internacionales, se atribuye el ciberataque a la Generalitat durante la consulta del 9-N de 2014, el más grande recibido nunca por la institución, y que condujo al colapso a varias webs del Govern. Así lo ha acreditado una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, en la cual participa El País junto con más de una veintena de medios, como The Washington Post, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar una indemnización de 4.200 euros en concepto de "daño moral" a cada uno de los jueces catalanes que denunciaron en Estrasburgo –después de que el caso se archivara en el Estado– la filtración al diario La Razón de datos personales –la foto del DNI– de los 33 magistrados catalanes que habían firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en febrero del 2014, unos meses antes de la consulta del 9-N. El diario publicó un amplio artículo con los nombres y las fotos del DNI de los magistrados.

Este 2022 ya se cumplirán cinco años del referéndum del 1 de Octubre y ocho de la consulta del 9 de noviembre, pero sus efectos judiciales no han llegado ni mucho menos a su final. No solo por las causas todavía abiertas en España contra el independentismo –decenas de cargos del Govern todavía están pendientes de juicio por el 1-O y justo se ha cerrado el caso del 9-N en el Tribunal de Cuentas–, tampoco por la batalla judicial del ex president Carles Puigdemont y ex consellers en el exilio –esta primavera se esperan novedades sobre su caso en Luxemburgo–; sino porque el camino de las causas del soberanismo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de empezar. De hecho, ninguna de las demandas ha sido por ahora formalmente admitida a trámite y, por lo tanto, comunicada al gobierno español para que haga las alegaciones pertinentes, que es uno de los pasos previos para estudiar a fondo el caso. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha incluido el recurso que el ex conseller Francesc Homs presentó contra la condena de inhabilitación por el 9-N en el mismo expediente que engloba los recursos contra el Estado de los líderes independentistas condenados por el 1-O. Tal como ha avanzado El Nacional y ha confirmado el ARA, el alto tribunal ha englobado todos los requerimientos, pues, en una misma causa.

La causa judicial contra la consulta del 9-N avanza hacia las instancias europeas. El ex conseller Francesc Homs ha anunciado este martes desde Bruselas que ha presentado el primero de los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es el que está vinculado a su condena por desobediencia, que también lo inhabilitó durante un año y un mes. Homs lo ha anunciado aprovechando el aniversario de la celebración de esta consulta y desde la sede del Parlamento Europeo, acompañado del ex president y ahora eurodiputado Carles Puigdemont.

¿Catalunya se encamina hacia otro referéndum (unilateral)? La CUP y Òmnium Cultural a través de su presidente, Jordi Cuixart, ya lo han verbalizado sin encontrar, de momento, la recepción adecuada por parte del resto del independentismo. No es la primera ni la segunda vez que este debate capitaliza la discusión y tampoco que se acumulan las críticas contra los promotores. El hecho es que una consulta, unas plebiscitarias y un referéndum después, la discusión vuelve a estar sobre la mesa. ¿Cómo se resolvieron las anteriores?

El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a firmar una sentencia por unanimidad, después de que en los últimos meses los magistrados hubieran discrepado sobre múltiples cuestiones. El aval a la condena del 9-N contra Artur Mas ha vuelto a generar consenso en el tribunal de garantías, que ha desestimado el recurso de amparo del expresident de la Generalitat. Se opone a todas las alegaciones y en un punto de la sentencia le reprocha que invoque la posible vulneración de algunos derechos para justificar su conducta de desacato a las órdenes del TC.

Las causas del Procés, en sentido amplio, no solo han tenido efectos en los investigados o condenados, sino que han impactado de lleno en el funcionamiento de la Generalitat y toda su maquinaria. Con el 155 y los procesos judiciales por el 9-N, el 1-O y las investigaciones con fianzas millonarias en el Tribunal de Cuentas se ha tensionado la administración catalana y el personal funcionario encargado de las áreas jurídicas y de gestión económica va con pies de plomo a la hora de estampar su firma en cualquier decisión. “Se ha producido una especie de psicosis”, relata un buen conocedor de las bambalinas de la Generalitat, mientras que otro cargo constata que aquello que antes era ordinario se ha convertido en “extraordinario” y cuesta mucho más de hacer que años atrás.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del ex president Artur Mas y parte de su último gobierno contra la condena del Tribunal de Cuentas por el 9-N. En noviembre del 2018, el órgano fiscalizador condenó al ex president y a los ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau y seis altos cargos a devolver casi cinco millones de euros gastados por el 9-N. Después de presentar un recurso en el mismo Tribunal de Cuentas -que provocó que la multa subiese hasta los 5,8 millones de euros con intereses-, tuvieron vía libre para ir al Tribunal Supremo, que casi dos años después de que presentaran el recurso de casación ha decidido no admitirlo a trámite, en una resolución a la cual ha tenido acceso el ARA.

Para los principales líderes políticos damnificados por la nueva ofensiva del Tribunal de Cuentas contra el independentismo no es nuevo ni verse inmersos en un procedimiento en este órgano ni tener que afrontar una fianza millonaria. Artur Mas, Francesc Homs, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva son algunos de los dirigentes catalanes que ya han pasado cuentas con el órgano fiscalizador, en todos los casos por haber puesto las urnas. Primero fue el gobierno de Mas el que tuvo que afrontar una multa de 5,8 millones de euros por organizar el 9-N, y después el ejecutivo de Puigdemont tuvo que pagar 4,1 millones al Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O. A pesar de que ya se han saldado las fianzas en todos los casos, solo en el caso del 9-N el procedimiento ya ha salido fuera del Tribunal de Cuentas y ha podido llegar a otras instancias que, aun así, no están precisamente actuando con celeridad.

La Audiencia de Barcelona reabría el lunes el sumario contra una treintena de altos cargos del Govern por la organización del 1-O instruido por el juzgado número 13 de Barcelona. Esta es una de las múltiples causas en las que la Caixa de Solidaritat ha ayudado a sufragar las fianzas desde que se puso en marcha, primero bajo la tutela de la ANC y Òmnium y después como entidad independiente. Las cifras que ha movido en todos estos años son muy elevadas. "Desde el 9-N hasta ahora hemos aportado unos 14 millones de euros", revela su presidente, Pep Cruanyes, que denuncia que "al disidente lo penalizan judicialmente y le imponen una multa para arruinarlo". Lo compara con lo que pasaba durante el franquismo. "Todos los estados represores aplican la pena de prisión y la pena económica. Durante la dictadura se creó el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que confiscaba bienes o imponía multas desorbitadas, y ahora esta función la hace el Tribunal de Cuentas", espeta el ex vicepresidente de la ANC. Un tribunal que no ha dado tregua durante el Procés.