El Tribunal de Cuentas reclama 2,8 millones a Mas y Mas-Colell y 1,9 millones a Junqueras y Puigdemont

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes a unos cuarenta ex cargos del Govern las fianzas que les reclama por los gastos en política exterior y del Diplocat de 2011 a 2017. Se trata de un informe de un total de 504 páginas, conocido como acta de liquidación provisional, que da por cerrada la instrucción e impone una fianza de más de 5,4 millones de euros para abordar el procedimiento, ya que más adelante está previsto que se celebre un juicio para decidir cuál será la cifra de la multa por responsabilidad contable.

Las cifras son millonarias y afectan sobre todo a los gobiernos de Artur Mas y también al de Carles Puigdemont. En el caso del último president de la Generalitat, se le reclama una fianza solidaria de 1,9 millones de euros, tal y como ha adelantado El País y ha confirmado el ARA. También al ex vicepresidente Oriol Junqueras, mientras que a Mas y al ex conseller Andreu Mas-Colell (que aparece en el informe con dos nombres) se les reclaman más de 2,8 millones de euros.

El Govern ya ha avanzado que avalará a todas las personas que actualmente forman parte del ejecutivo. Y es que la responsabilidad es solidaria: es decir, entre Mas y Mas-Colell se repartirán el pago de los 2,8 millones de euros, a la espera de que el Tribunal de Cuentas dé a conocer el acta definitiva de liquidación.

Entre este martes y miércoles los abogados que representan a todos los perseguidos por el Tribunal de Cuentas tienen tiempo de presentar alegaciones. El tribunal -que no es como tal un tribunal porque no está dentro del Consejo General del Poder Judicial- ha dado solo tres horas a los representantes legales para leer las 504 páginas de informe y luego 10 minutos a cada uno de ellos, independientemente de las personas a las que representen, para presentar las alegaciones, lo que para el abogado y afectado Francesc Homs es "escandaloso" e "ilustra perfectamente" el papel de esta instancia politizada -controlada por el PP, que bloquea su renovación.

A su vez, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dicho a la entrada del Tribunal de Cuentas que toda la causa es una "tomadura de pelo" y por eso alegarán "falta de solvencia técnica en el informe" y que está invadiendo las competencias de exteriores de la Generalitat recogidas en el Estatut.