Tras más de dos años de conflicto, la sala de lo social del Tribunal de instancia de Girona ha dado la razón a los 18 investigadores María Zambrano en su disputa con la Universidad de Girona. Según la sentencia, que ya es firme, no está justificado que la UdG utilizara el dinero de la convocatoria de este programa estatal de captación de talento –ya cancelado–, que debían destinarse al sueldo de los científicos, a pagar la llamada cuota patronal, es decir las cotizaciones a la Seguridad Social. La justicia obliga ahora a la universidad a devolver las cantidades retenidas de forma irregular.

Cada inicio de curso académico es un buen momento para renovar compromisos y mirar hacia delante con ambición. Este año, más que nunca, es una oportunidad para reivindicar lo que hace del sistema universitario público catalán un motor esencial de progreso: su heterogeneidad.

El gobierno español quiere poner freno a la proliferación de universidades privadas que ha habido en España en los últimos años y que está a punto de provocar que haya más que públicas (50 a 46). Esta proliferación no sería un problema si no hubiera la sospecha de que detrás de muchas de ellas no hay suficiente solidez académica ni estructura suficiente, pero que aún así las autoridades autonómicas correspondientes les dan luz verde porque no deja de ser una entrada de actividad económica y de prestigio para el territorio en cuestión. De hecho, un tercio de las nuevas universidades aprobadas no ha tenido un informe positivo del ministerio de Universidades, pero este trámite no es vinculante. El gobierno autonómico tiene la última palabra.

El próximo curso, el departamento de Investigación y Universidades hará efectiva la rebaja de los precios públicos de las matrículas de los grados y másteres habilitantes –los que habilitan para una profesión, como por ejemplo la advocación o la arquitectura– al precio más bajo vigente: 17,69 euros por crédito cada curso, además de los másters oficiales. consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, durante una conferencia en el Fórum Europa Tribuna

Pocos días antes de terminar el año, la situación en las universidades catalanas de los cerca de 300 investigadores internacionales y senior –atraídos por el ya cancelado programa estatal de captación de talento María Zambrano– es desesperada. sus contratos en los diferentes centros donde actualmente trabajan y la inmensa mayoría sigue sin plan B. Si no llega una prórroga urgente de sus contratos que ofrezca una solución definitiva a la su situación, tal y como reclaman, acabarán en paro. alrededor de tres años atraídos por un programa de ayudas para la atracción de talento internacional lanzado por el entonces ministerio de Universidades, con Manuel Castells en líder.

El informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre la evolución y las características del sistema universitario estatal muestra cómo los centros privados, además de crecer cada año, captan cada vez a más alumnado. En concreto, desde el año 2010 las universidades privadas han ganado 125.000 alumnos mientras que las públicas perdían 220.000. Es curioso que el año con mayor afluencia de alumnos en la universidad pública fue el curso 2011-12, hace más de una década. Es verdad que la gran mayoría de estudiantes universitarios todavía se matriculan en la pública, un 80%, pero este porcentaje era del 88% en 2010.

Esta frase del añorado Ovidi Montllor nos recuerda que hay hechos concretos que tienen alargadas consecuencias, que van mucho más allá del momento concreto en que suceden. Uno de estos hechos es la firma del convenio para el programa María Goyri, que el gobierno central del Estado, la Generalitat de Catalunya y las universidades públicas firmaron el 17 de octubre y que implicará la creación de un total de 1.168 nuevas plazas de profesorado lector para las universidades públicas catalanas.

Hace dos cursos, el 66% de los profesores de las universidades públicas catalanas tenían un contrato temporal, mientras que en el resto del Estado la media de temporalidad en el sector universitario no superaba el 16%. Cataluña es la segunda comunidad con más profesores universitarios temporales del Estado, sólo por detrás de Baleares. Poner fin a esa persistente anomalía se había convertido en un clamor universitario. No sólo para los afectados de la precariedad laboral, sino por lo que suponía de degradación de la docencia. Los falsos profesores asociados se habían convertido en una enquistada realidad vergonzosa.

Un grupo de jóvenes extranjeros esperan en la puerta de la basílica de Santa María del Mar. Podrían parecer turistas, pero son estudiantes de intercambio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en una de las visitas culturales para conocer el país en el que viven este curso. Hoy tocan unas pinceladas del "typical catalán gothic style" como previa de Sant Jordi. Dels setenta estudiantes, hay como la austríaca Marilena, que estudia un máster de historia del mundo y habla un buen catalán. "Siempre me ha gustado el Barça y por esto en 2015 hice un voluntariado en Menorca. Aprendí catalán charlándolo en el trabajo", dice. Y también las hay como Sabrina, de Roma, que estudia políticas y habla bien el castellano, que practicó en Houston: "Sabía que existía el catalán, pero no creía que se hablara tanto, creía que era como el irlandés". Jin, una doctoranda china que lleva cuatro años viviendo en Barcelona y le habla bastante, dice que "el catalán te permite vivir mejor aquí": "Conoces cómo es la vida de la gente normal".

El futuro del sistema universitario catalán es incierto y no muy optimista. Su prestigio –avalado por los rankings por su alta productividad en la investigación y los buenos resultados de la actividad académica– contrasta drásticamente con problemas importantes que requieren correcciones profundas: una dotación presupuestaria baja (a pesar de que los precios públicos se sitúan entre los más altos de España), una oferta docente excesiva, una reducida tasa de escolarización universitaria y una plantilla precaria y envejecida. Así lo detalla el informe El sistema universitario catalán: datos y singularidades. Qué se tiene que preservar, que se tiene que corregir, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario. "El sistema tiene calidad, tiene prestigio, pero con las condiciones en que actúa no puede mantenerse durante mucho tiempo. La decadencia podría ser muy rápida", ha señalado el catedrático emérito de la UPC y coautor del informe, Albert Corominas.

El primer curso de ingeniería de la energía en la UPC que cursa Melanie Nayeli vale 1.660 euros este curso, pero el próximo septiembre costará 1.107, 553 euros menos. La rebaja de las tasas universitarias, anunciada por el Govern este martes, establece que a partir del curso 2022-2023 todos los grados y los másteres habilitantes (los necesarios para ejercer determinadas profesiones, como la de profesor de secundaria), costarán, como máximo, 18,46 euros el crédito. Se trata de una larga petición de los sindicatos de estudiantes, que han conseguido blindar por ley las tasas universitarias impulsando con éxito una iniciativa legislativa popular. El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) celebra la medida –"un paso importante"–, pero avisa que "el problema del acceso a la universidad no desaparece" solo bajando el precio de los créditos.

Isidre Fainé, presidente de la Fundació La Caixa; Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex; Isak Andic, creador de Mango, y Joan Font, propietario de Bon Preu, son algunos de los directivos de las cien empresas más importantes que operan en Catalunya. Pero ¿cuál fue el camino en cuanto a formación que cogieron para llegar adonde están ahora? El ARA ha hecho una selección de una veintena de estos directivos y ha buscado cuál fue la primera diplomatura o licenciatura (el equivalente al actual grado) que cursaron y dónde estudiaron. De los 22 seleccionados, 15 (68%) optaron por universidades públicas, cuatro por privadas y los tres restantes no tienen estudios universitarios.