El fraude debe combatirse siempre y en todas partes. Sin excepciones. Venga de arriba o de abajo. Estamos demasiado malacostumbrados al "hecha la ley, hecha la trampa", una plaga que viene de lejos. En todos los casos, los fraudes generan y amplifican la sensación de desconfianza y de impunidad, de forma que esparcen la desafección ciudadana hacia las instituciones. La reacción disgustada suele ir por ahí: "Si hay quien se dedica a saltarse las normas para beneficiarse del dinero de todos, ¿por qué yo debo cumplir? ¿Por qué debo pagar mis impuestos? Al final seré la única persona que cumplirá con sus obligaciones y no se saltará las normas". La picaresca se contagia fácilmente.

No es necesario ser experto en neurolingüística para captar el poder de la palabra. La que sugiere, demanda o implora cada situación. La palabra justa. El artefacto ideológico. Lo que nos hace saltar, de un soplo, de la conducta celebrada en la rechazada.

Hace unos 25 años que, alarmados por la aparición de grupos de niños durmiendo por las calles de Barcelona en situación de desamparo, la Fundació Jaume Bofill (que en ese momento dirigía Jordi Sànchez Picanyol) convocó a un grupo de expertos en la masía de Can Bordoi para tratar de comprender el fenómeno de los menores que migraban solos de Marruecos a Europa. La primera publicación que surgió de aquellos trabajos la firmaba el constitucionalista Eliseo Aja, dejando bien claro que el derecho superior de la infancia está por encima de la ley de extranjería y que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de amparar a cualquier menor sin tener en cuenta el país de origen.

"La única diferencia es que a mí no me dejaron venir por la vía legal". Youssef Hosni apura un corte mientras reacciona a la historia de una amiga catalana que se plantea "emigrar a Europa" atraída por los sueldos más altos que se pagan en el norte de los Pirineos. Siendo un adolescente, Hosni también salió de casa, pero en cambio tuvo que jugarse la vida cruzando las aguas del estrecho de Gibraltar en una barquita para salvar los 14,4 kilómetros que separan las costas africanas y las europeas. “No te dejan más opciones y te empujan incluso a la muerte, la gente no es suficientemente consciente”, insiste en una cafetería del centro de Barcelona. La suya es la historia de uno de los 15.000 menores migrantes sin adultos que estaban registrados a finales del año pasado en el registro estatal. El colectivo se ha convertido, sin quererlo, en una pieza de las formaciones políticas y gobiernos, que ignoran la obligación de protegerlos.

La decisión del PP de aceptar el reparto de 347 menores migrantes que deben llegar de Canarias es un gesto de responsabilidad institucional que, además, lanza un mensaje contundente a la extrema derecha de Vox, que ha amenazado con romper todos los pactos que mantiene con los populares y este jueves decidirá si efectivamente lo hace. Evidentemente, hay mucho que discutir sobre política migratoria, pero por encima de todo debe haber la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, y lo que no puede ser es que el partido mayoritario de la derecha en España compre el relato falso de Vox según el cual todos los inmigrantes menores son potenciales delincuentes que deben ser devueltos de inmediato a sus países. Lo ideal sería ahora que los partidos fueran capaces de llegar a un acuerdo en el que se tuviera en cuenta la situación de cada territorio, lejos de dogmatismos y prejuicios.

Desde la pandemia la ruta migratoria entre África occidental y Canarias ha sido un continuo de cayucos y pateras con miles de personas a bordo que han acabado por desbordar los recursos asistenciales del archipiélago. Los centros están desbordados y estas personas son atendidas en carpas o instalaciones que no cumplen con los mínimos de higiene. También los menores de edad que llegan solos y se agolpan en escuelas o cuarteles reconvertidos a toda prisa para acogerlos, y que a menudo presentan graves deficiencias de limpieza, según denuncian las organizaciones humanitarias. La situación es igualmente muy delicada en Ceuta y Melilla, donde, sin embargo, los flujos de personas son mucho menores.

Los gobiernos canario y español han pactado una reforma urgente de la ley de extranjería para distribuir los menores inmigrantes no acompañados llegados tanto al archipiélago como a Ceuta y Melilla. El objetivo es aliviar los centros de acogida de estos tres territorios, que actualmente están sobresaturados, y repartir a estas criaturas por el resto de comunidades en función de sus poblaciones y sus PIB. A diferencia de ahora, la distribución estará incluida en una ley y se activará cuando los territorios declaren estar en “emergencia migratoria”, lo que significará que los centros de acogida estén por encima del 150% de su capacidad; una situación que, en estos momentos, ya se cumple en los tres puntos de la frontera sur.

Más de 5.500 menores de edad llegados solos a Canarias esperan en centros de acogida, mientras el gobierno español ultima la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, con la intención de acelerar la distribución de estas criaturas en el resto de comunidades. Básicamente, esto querrá decir que el ejecutivo podrá obligar a los gobiernos autonómicos a aceptar la cuota de criaturas que le correspondan en un reparto “proporcional”. Si el año pasado ya acabó con un récord de llegadas al archipiélago canario, estos tres meses y medio de 2024 han continuado con la misma tónica y las llegadas se han multiplicado casi por cinco (490% más), según los datos del ministerio del Interior.

Por enésima vez España ha denegado a un adolescente inmigrante protección al no dar por válida su documentación oficial que le acredita como menor de edad, pese a la multitud de jurisprudencia que fija que, frente a un pasaporte oficial o una duda de falsedad, siempre prevalece el trato especial de menor. Por último, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha intervenido a favor de este chico gambiano de 14 años, que llegó solo en verano a las islas Canarias y ahora se encuentra en la calle.

En una calle del polígono al lado del puerto de Ceuta, Ridan, de 16 años, nos para y nos enseña su móvil con la pantalla agrietada y, con gestos, nos hace entender que no tiene batería. “Mama”, nos dice, señalando el teléfono. Le dejamos el nuestro para que llame a casa, después de cuatro días deambulando perdido por las calles de Ceuta sin saber qué hacer ni dónde ir, y durmiendo en el rompeolas de la playa. Su padre responde al momento, y la conversación apenas dura cinco minutos. “Papa, me enteré de que la frontera estaba abierta y me he marchado a Ceuta. Tú y mamá no tenéis trabajo y somos muchos hermanos y no podíamos hacer nada para salir de esta crisis que afecta a tanta gente. Ahora intentaré subir a la Península. Si hubiera querido robar o delinquir me habría quedado en Tetuán. Me voy para conseguir los papeles y ayudar a toda la familia”, les dice. El padre le responde que se cuide, que sea un hombre y que no se mezcle con “malas compañías”. La madre no se pone al teléfono, solo se la oye llorar.

La vía de la regularización de los menores que llegan solos a España no ha sido nunca fácil, pero los retrasos para conseguir la documentación y el endurecimiento de la ley de extranjería empujan todavía más a la marginalidad a los que cumplen 18 años. El Tribunal Supremo modificó los tres reglamentos que hacen referencia a los menores tutelados y les exige unos criterios durísimos para renovar el permiso de residencia. En este callejón sin salida se encuentran 1.490 menores migrantes tutelados por la Generalitat, a través de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), y 4.000 jóvenes más de entre 18 y 23 años que sigue atendiendo en centros de protección o bien ofreciéndoles recursos formativos.