Juntos votó este martes con el PP y Vox para tumbar la tramitación de la regulación del alquiler de temporada que habían impulsado a los sindicatos de inquilinos del Estado. La decisión ha enfurecido al bloque progresista de la cámara, que se ha abalanzado contra los junteros por impedir el debate de una norma que quiere evitar el fraude a la ley de la vivienda con esta modalidad de alquiler. Pero el enfado también se ha trasladado a la calle en forma de concentración frente a la sede de Junts en Barcelona. Convocados por el Sindicat de Llogateres, medio millar de personas –según las cifras del sindicato– se han manifestado esta tarde en contra del no del partido de Carles Puigdemont. "Van de patriotas pero se venden el país", lamentó la portavoz de la organización, Carme Arcarazo.

No cabe duda de que la inmigración se ha convertido al menos esta semana en el principal debate dentro de JxCat, que el miércoles logró el compromiso del gobierno español de delegar en la Generalitat la gestión "integral" de este fenómeno. Este sábado también ha sido motivo de conversación en el consejo nacional del partido en el que el secretario general, Jordi Turull, ha reivindicado la estrategia que están siguiendo con una frase que seguro traerá polémica: "No actuar contra los delincuentes multirreincidentes que vivan aquí haga 15 días o 8 generaciones es poner en peligro la convivencia y la cohesión". Fuentes del partido explican que Turull se refería al problema de los delincuentes que acumulan numerosos delitos independientemente de si son catalanes de toda la vida o viven desde hace poco en el país. "Desvincula multirreincidencia de inmigración", aseguran desde Junts, rechazando las críticas que en los últimos días les han acusado de xenofobia.

España "violó los derechos políticos" del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull yJordi Turull cuando los suspendió como diputados sin ninguna sentencia en el marco del proceso judicial contra el 1-O. Esto no es ningún eslogan del Once de Septiembre, a pesar de que lo podría parecer porque faltan pocos días; lo ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es una decisión que da la razón a los afectados y desacredita, una vez más, la pretensión del gobierno español de definir el estado como democracia llena. No, violar los derechos políticos de cargos electos no es digno de una democracia.

Cuando me siento cada día ante esta cámara lo que más me preocupa es acertar el sujeto sobre el que tengo que hacer el análisis, acertar en el sentido de no hacerles perder los cuatro o cinco minutos que destinan a seguir estas reflexiones matinales sobre la actualidad en el ARA.