Judicialización
Política 31/08/2022

La ONU concluye que España "violó" los derechos políticos de Junqueras, Romeva, Rull y Turull

El Comité de Derechos Humanos de la organización dictamina que no fue adecuado suspenderlos como diputados antes de la condena

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Los presos políticos saliente de la prisión de Almeces el junio de 2021

BarcelonaVictoria de los líderes independentistas catalanes en la ONU. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado hoy que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Govern y del Parlament de Catalunya" al suspenderlos de sus funciones públicas antes de que fueran condenados el 2019 después del referéndum del 1-O. La sentencia da la razón a una denuncia presentada el 2018 por el exvicepresidente Oriol Junqueras y los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, que alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los cuatro obtuvieron el acta de diputados después de las elecciones del 21-D, convocadas a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En julio del 2018, el juez que llevaba la causa del Procés, Pablo Llarena, los suspendió como diputados por estar procesados por rebelión, a pesar de que todavía no había empezado el juicio. 

Lo hizo aplicando el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que prevé la suspensión de cargos públicos cuando sea firme una interlocutoria de procesamiento y estén en prisión provisional por delitos vinculados "a bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes". Llarena se acogió a este último concepto –estaban procesados por rebelión– a pesar de que había dudas de que el concepto "rebelde" se pudiera aplicar en estos casos concretos, y todavía menos cuando ni siquiera acabaron siendo condenados por rebelión. La resolución de la ONU constituye una reparación moral para los presos políticos, a pesar de que no comportará ninguna otra sanción al estado español. "El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir en el futuro", señala la resolución, en la que se da seis meses para que informe de qué medidas se han tomado hasta ahora.

El comité también aprovecha para negar el carácter violento de la actuación de los presos políticos. "Varias organizaciones y entidades nacionales e internacionales han puesto de manifiesto el carácter pacífico de las acciones que llevaron a cabo los demandantes y otros responsables políticos y sociales de Catalunya", sostiene el dictamen, que concluye: "Una aplicación del derecho interno que, de manera automática, dé lugar a la suspensión de los cargos electos por presuntos delitos basados en acciones públicas y pacíficas con anterioridad a la existencia de una condena impide un análisis individualizado de proporcionalidad de la medida y, por lo tanto, no se puede considerar que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad". La suspensión fue "arbitraria" y no se siguió un procedimiento "imparcial", concluye el comité, que considera que no se tendría que haber aplicado ninguna acción contra ellos hasta la condena.

La ministra Sánchez, partidaria de "atender la resolución"

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha mostrado partidaria de "atender la resolución". Ha dicho que el ejecutivo "entiende que las resoluciones judiciales se ajustan a la ley" y que está "dispuesta a mejorar la legislación para que sea equiparable a los estándares de las legislaciones más avanzadas en esta materia", si bien no lo ha concretado de qué manera. Por su parte, la vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado que el ejecutivo ha emprendido "el camino correcto" al apostar por el "diálogo" en relación con el conflicto catalán.

La respuesta a la resolución está en manos de lo que el gobierno español considere, puesto que los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "casi judicial", no son vinculantes. Pero sí que se considera que los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre los cuales hay España) los tienen que tener en cuenta. La decisión adoptada este miércoles afecta únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el Procés. La denuncia se presentó el 18 de diciembre del 2018, coincidiendo con una visita a Ginebra del expresident del Govern Carles Puigdemont -que hoy ha celebrado el dictamen-, y la decisión final se publica, curiosamente, el día en que el actual jefe del ejecutivo, Pere Aragonès, visita el Parlamento cantonal.

Los afectados y el movimiento independentista también se han mostrado satisfechos con la resolución de la ONU. Turull lo ha tildado de "victoria política y moral", y Rull ha señalado que, "ante esta estrujada, en un estado de derecho homologable habría consecuencias fulminantes". La estrategia de los dos, como también la del resto de condenados por el Supremo, pasa ahora por llevar la condena por sedición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y confían que decisiones como la de la ONU refuercen su caso. Precisamente desde el 2017 conviven la vía del TEDH con la de la ONU para intentar acumular resoluciones favorables de los dos estamentos. Este es, de hecho, la segunda vez que la ONU se pronuncia en defensa de los presos políticos, después de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU hiciera pública el 2019 una resolución en que instaba al Estado a liberar a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras y reclamaba que se los indemnizara.

¿Puede afectar al caso Borràs?

La secretaria del Parlament Aurora Madaula (JxCat) ha aprovechado la noticia para recordar que el jueves se reunirá la mesa con "el único punto" a tratar de la reconsideración de la suspensión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs: "Teniendo en cuenta los argumentos previos, y ahora con esta sentencia, ERC y la CUP tienen la oportunidad de revertir la injusticia. No hay excusas". Borràs fue suspendida a finales de julio en aplicación del reglamento del Parlament, que establece que cualquier diputado será suspendido en el momento en que se le abra juicio oral por un delito vinculado a la corrupción. La presidenta no ha sido todavía condenada, pero ha entrado en fase de enjuiciamiento y, a pesar de las diferencias entre los casos, su entorno denuncia que se le está vulnerando la presunción de inocencia. Fuentes próximas a la defensa de los presos políticos de Junts dicen que la resolución de la ONU puede ser "un aviso para navegantes" para remarcar que los derechos de los representantes públicos se tienen que proteger especialmente. En cambio, ERC, CUP, PSC y comuns no creen que sean equiparables, según fuentes parlamentarias consultadas.

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