Del bono social a las ayudas al coche eléctrico: ¿qué cae con el escudo social?

MadridNueva derrota del gobierno español en el Congreso. La cámara baja ha aprobado la revalorización de las pensiones un 2,7% este 2026 (sólo Vox ha votado en contra), pero ha tumbado, por segunda vez, el decreto del escudo social y el decreto que ha impulsado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que preveía que el gobierno español pudiera limitar los precios de bienes. Ambas medidas se han tumbado por los votos en contra de PP, Vox y Junts. "Tengan claro que la gente tomará nota [de su decisión] y tiene memoria", ha dicho Bustinduy.

A la espera de lo que decida hacer el gobierno español, estas son las medidas que por ahora se han quedado por el camino.

Control de los precios

Se tumba el mecanismo para poder "limitar precios de servicios o productos" en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda. La medida la aprobó hace pocas semanas el gobierno español y nace después de lo vivido con la dana en la Comunidad Valenciana y con el accidente ferroviario en Adamuz y las incidencias en el conjunto de la red de trenes.

La reforma preveía incorporar un tope máximo de precios en situaciones de emergencia con carácter extraordinario. Se consideraba una situación de emergencia cuando la declara Protección Civil, aunque también podía determinarla el consejo de ministros.

Vivienda

Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la prohibición de ejecutar los desahucios de algunas familias vulnerables en caso de impago del alquiler, rescisión del contrato o, en algunas ocasiones, estar en situación de empleo. Afecta a aquellas familias que pueden acreditar vulnerabilidad y no tienen una alternativa habitacional. En algunos casos (pequeños propietarios) se incluye la compensación al arrendador.

Exclusión de la suspensión automática del desahucio en aquellos propietarios que tienen un piso en alquiler. Tienen que intervenir los servicios sociales para buscar una alternativa habitacional.

Bonificaciones fiscales a través de deducciones en el IRPF por la rehabilitación de inmuebles en los que se mejore la eficiencia energética. Los incentivos fiscales iban desde un 20% a un 60% en función de las obras de mejora. En el caso de Cataluña, entre los años 2021 y 2024 se han beneficiado 34.383 viviendas. En algunos casos la medida se prorrogaba todo en 2026, pero algunas deducciones se extendían en 2027.

Recibo de la luz

Prórroga durante todo 2026 de los descuentos del bono social eléctrico y térmico para familias vulnerables.

Garantía del suministro de servicios básicos (agua, luz y gas) a consumidores vulnerables, a los que se prohíbe que se les corte el suministro.

Flexibilización de los requisitos para ser considerado operador de hidrocarburos de confianza.

Laboral

Prórroga de la prohibición de aplicar despidos en caso de que la empresa haya recibido ayudas públicas.

Prórroga de los sombrillos de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos del IRPF y el IVA, así como al régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca.

Incentivos fiscales para la compra de un coche eléctrico y la instalación de puntos de carga a través de deducciones en el IRPF que pueden alcanzar el 15% del importe total.

Catástrofes naturales

Prórroga de las ayudas directas y para la reconstrucción para personas y empresas afectadas por la dana en el País Valencià. También la exención en el IRPF y el impuesto de sociedades de las ayudas públicas que se han concedido a los afectados por la dana.

Exención en el IRPF de las indemnizaciones que se han recibido por los daños personales derivados de los incendios forestales. Una medida pensada sobre todo para quienes sufrieron los grandes fuegos del verano del 2025 que arrasaron al Estado.

Empresa y financiación

Prórroga del criterio que permite que las pérdidas que sufrieron las empresas en los años 2020 y 2021, los peores años de la pandemia de la Covid-19, sigan sin computar para evitar la disolución.

Actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.