El gobierno español aprueba limitar los precios en situaciones de emergencia

MadridCoincidiendo con la crisis en el sector ferroviario, en el que los precios del transporte alternativo como el avión se pusieron en el punto de mira, el gobierno español ha aprobado un real decreto ley que permitirá al ejecutivo "topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda", según ha explicado el ministerio de Consum.

La norma, que necesitará el aval del Congreso, contempla "incorporar un límite máximo de precios en situaciones de emergencia con carácter extraordinario". Se considerará situación de emergencia cuando sea declarada por parte de protección civil o así lo determine el consejo de ministros, según informó el ministerio de Consumo a través de un comunicado. También será el consejo de ministros quien limite la vigencia del tope sobre los precios. Además, los consumidores tendrán que estar informados sobre los precios máximos y mínimos anteriores a la emergencia y podrán exigir la devolución automática de aquellos importes que se hayan disparado fuera del tope.

Pulso en las llamadas 'spam'

Otra medida que afecta a los consumidores y que se ha aprobado en el consejo de ministros de este martes afecta a las llamadas spam. El gobierno español da un paso más para endurecer estas llamadas provenientes de las compañeras eléctricas. El consejo de ministros de este martes ha aprobado un real decreto que prohíbe, a todos los efectos, las llamadas telefónicas para hacer publicidad o vender algún producto si un hogar no lo ha pedido previamente o no son ellas —los consumidores— las que llaman a la compañía para solicitar información. La prohibición supone una modificación del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica -el cambio no necesita el aval del Congreso- a través de la cual se "refuerza y ​​complementa" la actual legislación de telecomunicaciones y atención a la clientela, recientemente aprobada en el Congreso, que ya persigue este tipo de llamadas.

"Con el nuevo decreto se prohíben de forma general las llamadas comerciales para la comercialización de energía eléctrica si no exista una petición expresa e inequívoca por parte del consumidor", indicó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en rueda de prensa este martes. La ministra también ha explicado que los productos eléctricos que se comercialicen tendrán que informarse detalladamente al consumidor antes de que éste decida si se adhieran. El decreto también acota las penalizaciones vinculadas a la permanencia del consumidor; se crea una figura específica de protección del consumidor eléctrico y se prohíbe el corte del suministro eléctrico a los consumidores electrodependientes, entre otras medidas.

"La regulación eléctrica será la más garantista y la que mayor protección ofrezca al consumidor, complementando las demás legislaciones", indicaron desde el ministerio de Transición Ecológica. Hace tiempo que el gobierno español busca limitar estas llamadas comerciales y el pasado mes de diciembre el Congreso aprobó la ley de servicios de atención a la clientela a través de la cual ya se persiguen este tipo de llamadas.

Una de las novedades de este martes es que el incumplimiento del decreto por parte de algunas comercializadoras de electricidad —las que tienen mayor cuota de mercado— podrá abocar a una multa vinculada al régimen sancionador de la Ley del sector eléctrico de 2013. En este sentido, la sanción puede ir desde los 60 de los 60 euros. El incumplimiento de una medida de protección al consumidor puede constituir una grave infracción. La encargada de resolver este tipo de situaciones, y por tanto incoar una multa, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).