El Gobierno condiciona la creación de un millar de plazas nuevas en residencias en los presupuestos

BarcelonaReducir las listas de espera para acceder a una residencia y aumentar los recursos contra la pobreza infantil y el riesgo de desamparo. Estos son los principales ejes defendidos este miércoles por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, en la presentación del proyecto de presupuestos para su departamento. La partida destinada a Derechos Sociales crece un 28% respecto a 2023 hasta los 4.248 millones de euros, y según la consellera, tiene como objetivo reforzar el estado del bienestar. En este sentido, si se aprobaran los números, el Govern prevé la creación de un millar de nuevas plazas en residencias –eminentemente para personas mayores, pero también para personas con discapacidad– para ese mismo año.

"Nos convertimos en el tercer departamento del Govern con mayor crecimiento", ha afirmado Martínez Bravo en el Parlament, que ha detallado que el grueso de las partidas de la conselleria (60%) se destinarían al área relacionada con dependencia y discapacidad y las prestaciones de este ámbito, que supondrían un total de 2.587 millones de euros. De hecho, se proponen 1.322 millones de euros para financiar plazas ya existentes residenciales y para la creación de un millar más; una cifra que se sumará a las 2.740 plazas desde 2024, y que supondrá que a finales de año se alcance el 62% del objetivo de la Generalitat de tener 6.000 plazas en 2028. Además, se construirán 15 residencias públicas, nueve de las cuales ya están en curso; tres centros para personas con discapacidad (ya previstos) y un nuevo centro de día para personas mayores.

En el mismo capítulo, Derechos Sociales prevé destinar 446 millones para prestaciones económicas por dependencia y 1,23 millones para el despliegue de la nueva Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria. También se reforzará la partida del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) con 165,8 millones de euros (20,3 millones más) para mejorar el precio por hora de estos profesionales, que pasará de 21 a 24 euros. Además, habrá otros 5 millones de euros para entes locales que necesiten desplegar equipamientos en el territorio, y 25 millones de euros adicionales para financiar la contratación de más valoradores de la Generalitat que acorten la espera para acceder a estos recursos.

496 M€ para cubrir prestaciones

En el ámbito "lucha contra la pobreza, inclusión social y acción cívica", el Govern prevé 967 millones de euros. La mitad (496 millones de euros) se destinarían a cubrir prestaciones económicas y sociales, principalmente la renta garantizada de ciudadanía (RGC), y 3,5 millones a asumir la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), si bien el ejecutivo prevé movilizar otros 300 millones con su gestión, que ahora depende del Estado. También se incorporarán 115 profesionales para tramitaciones y se reformará la RGC para hacerla compatible con el IMV. "Se ha demostrado que tener una buena red ágil para sufragar aumentos puntuales en el coste de vida es una herramienta fundamental que no podemos dejar pasar", ha dicho la consellera.

La lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, a la que el ejecutivo quiere destinar 880 millones de euros, también incluiría una partida de 20 millones más para la financiación de nuevos programas que faciliten el acceso a prestaciones en barrios con un nivel socioeconómico bajo. En paralelo, se han previsto 130 millones de euros para 984 entidades en la convocatoria habitual de subvenciones. Por otra parte, se ha previsto una inversión de 30 millones para combatir el sinhogarismo que debería destinarse a la red de equipamientos y las plazas de emergencia para 5.000 personas hasta 2029.

300 profesionales por infancia

En tercer lugar, el apoyo a las familias, la prevención y la protección a la infancia y las políticas de juventud recibirían 542 millones de euros. En concreto, quieren destinarse 111 millones de euros al refuerzo de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y 10 millones a la incorporación de 300 profesionales, así como más manos para los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA) y los centros abiertos. "El objetivo es reducir el riesgo de desamparo hasta un 31%", detalló Martínez Bravo.

Por último, el ejecutivo contempla 150 millones de euros para materializar la equiparación salarial, que beneficiario un total de 100.000 trabajadores concertados del sector social.