La población ajustada ha sido, históricamente, uno de los elementos más polémicos en la negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica de régimen común, que es el que riega de recursos a las comunidades autónomas. Y lo sigue siendo en la discusión que el ministerio de Hacienda, ERC y el PSC tienen abierta para cerrar una propuesta de modelo que contente a todas las partes y dé respuesta al acuerdo entre republicanos y socialistas de un sistema singular para Catalunya, así como al acuerdo de la última Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

El pasado martes, el INE hizo públicas las primeras estimaciones sobre las cifras macroeconómicas de las comunidades autónomas correspondientes al año 2024. El ARA del día siguiente dedicaba a ello dos piezas: el editorial (del que he tomado el título de este artículo) y otra dentro de las páginas de Economía. En el primero, muy acertadamente, se destacaba que el crecimiento del PIB —que mide el tamaño de la economía— no es tan importante como el del PIB per cápita —que divide el PIB entre la población y mide, por lo tanto, la prosperidad material. En lenguaje llano: el PIB es cuánto producimos entre todos; el PIB per cápita, a cuánto tocamos. Obviamente, lo importante es el segundo.

En julio las comunidades autónomas solían verse las caras con el ministerio de Hacienda. Siempre ha sido habitual que este mes se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el cónclave que reúne al ministerio con los consejeros autonómicos del rango. En la reunión, Hacienda comunicaba los recursos con los que contarían las comunidades autónomas de régimen común al año siguiente para elaborar sus presupuestos: las llamadas entregas a cuenta o anticipos. Asimismo, también se informaba de la liquidez.

El gobierno español confía en empezar a repartir a los menores migrantes solicitantes de asilo que ahora están en Canarias entre las comunidades autónomas a finales de agosto. Ésta es la intención del ministerio de Juventud e Infancia pese al boicot de los territorios donde gobierna el PP, que este miércoles no han asistido a la conferencia sectorial de infancia donde debía encauzar el reparto. Salvo la ciudad autónoma de Ceuta, ningún gobierno popular se ha presentado en la conferencia de este miércoles en Madrid. Las comunidades que sí han participado en el encuentro han sido Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarán con recursos récord para elaborar los presupuestos del año 2026. El consejo de ministros de este martes ha actualizado las entregas a cuenta o anticipos para ambas administraciones, tal y como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista a RNE el lunes por la mañana Alegría, en rueda de prensa este martes.

El principio de la ordinalidad consiste en que las contribuciones de las comunidades autónomas (CA) por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, mantengan el mismo orden que en la escala de lo que reciben. De estas escalas debe excluirse País Vasco y Navarra, que tienen legislaciones fiscales especiales.

Los impuestos propios sólo supusieron un 2,2% de los ingresos de las comunidades autónomas del régimen común en 2022, lo que los convierte en una "escasa" fuente de financiación para las autonomías. En concreto, ese ejercicio ingresaron 2,6 millones de euros por estos tributos. Una cifra que queda lejos de los 118 millones de euros provenientes de los impuestos cedidos por parte del Estado a las comunidades autónomas. Así se desprende del último informe sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024 elaborado y publicado por el Consejo General de Economistas (CGE) este martes.

El vigente modelo de financiación autonómica (MFA) entró en vigor en el 2009. Tenía que durar cinco años y ya llevará quince. Se negoció esencialmente en 2008, cuando los efectos de la crisis financiera en España no habían alcanzado los niveles de profundidad a los que llegarían después. Se vislumbraba una crisis intensa pero breve, porque no se pensaba que la economía española sufriera el deshinchamiento de una burbuja inmobiliaria y menos aún una crisis financiera, que se pensaba que era un problema de otros países, pero no de España. En este contexto, se dio por hecho que las comunidades autónomas (CCAA) con un fuerte impulso económico derivado del crecimiento del turismo masivo, de la euforia de la construcción y de la llegada de oleadas de inmigrantes ya disfrutaban de ingresos tributarios muy importantes. Eran muchos los impuestos y tasas que subían, pero la principal, en importes recaudados, era la llamada ITP-AJD: impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Las transmisiones patrimoniales derivan, principalmente, de las compraventas de viviendas de segunda mano, que gozaban de un brillo indiscutible y eran parte integral de los ingresos de las CCAA, muy especialmente de las que tenían capacidad de atracción de turismo masivo.

El 21 de diciembre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès pactaron una ley española de plurilingüismo, en aplicación del programa de Esquerra para las últimas elecciones. A diferencia de la reforma del régimen lingüístico de la Unión Europea, una ley española de plurilingüismo depende sólo de la voluntad del legislador español, y dado que en la actual coyuntura política tal voluntad se puede dar por hecha es oportuno que hablemos de esta ley con cierta inmediatez.

El acuerdo para la amnistía, y para la investidura, que cerraron el jueves el PSOE y ERC incluye la condonación de una parte de la deuda de Catalunya con España, que se hace extensiva a todas las comunidades autónomas. En caso de que salga adelante, este acuerdo, ay, beneficia también a las comunidades gobernadas por el PP, que en este momento son 11 (cinco de ellas, gracias a los acuerdos con Vox). Como el PP rechaza frontalmente todo tipo de acuerdos de los socialistas con los independentistas catalanes, sean de ERC o de Junts, ahora estas comunidades se encuentran en el aprieto de tener que renunciar a un acuerdo que las beneficia. Las comunidades del PP no quieren ser beneficiadas por unos acuerdos que son un peligro para la democracia (según Aznar), una humillación (según Feijóo) o que conllevan la abolición del estado de derecho en España (según los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los mismos que llevan seis años incumpliendo el mandato constitucional de la renovación de la cúpula de ese organismo, por motivos estrictamente partidistas). Dicho todavía de otro modo, los presidentes de las comunidades autónomas del PP se encuentran con que deben anteponer el discurso del partido (el relato, si se quiere decir así) a la aplicación de una medida que les beneficia.

La ejecución presupuestaria del gobierno español en Catalunya se volvió a quedar a medio camino en 2021. El año pasado, Catalunya recibió el 35% de la inversión real territorializada que aparecía en los presupuestos del Estado. En total, a Catalunya llegaron 739,8 millones de euros, según datos publicados este lunes por el ministerio de Hacienda. La cifra, pues, dista mucho la inversión estimada que se recogía en las cuentas públicas del Estado, que era de 2.068 millones de euros (según los últimos datos actualizados de Hacienda). Esto se traducía en una inversión per cápita de 270 euros que ahora se ha quedado en una tercera parte. En concreto, el Estado ha invertido hasta 31 de diciembre del 2021 unos 95 euros per cápita.

Las transferencias de parte de los fondos europeos hacia las comunidades autónomas avanzan, pero no al ritmo que los gobiernos autonómicos desearían. Esta es la tesis que ha sobrevolado a lo largo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada este jueves por la tarde y que ha contado con la comparecencia en petición propia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, así como con la presencia de diferentes consejeros autonómicos.

Catalunya ha conseguido mantener la cuarta posición en competitividad económica entre las comunidades españolas durante el año 2020. A escala estatal este índice, que se analiza basándose en diferentes ejes como la innovación o el mercado laboral, ha caído un 2,3% respecto a 2019 debido a la crisis económica provocada por el covid y que registró una caída histórica del producto interior bruto (PIB).

Las cifras de las remesas europeas que tienen que llegar a España se concretan con el paso de los días. Este viernes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que repartirá 10.500 millones de los fondos europeos entre las comunidades autónomas antes de acabar el año, es decir, la mitad de los 19.034 millones totales que el gobierno tiene previsto recibir este 2021, según ha confirmado la Moncloa. De hecho, este fue el compromiso que Sánchez asumió a la conferencia de presidentes de octubre del año pasado con los gobiernos autonómicos y que hoy viernes ha confirmado. A partir de este lunes, el gobierno español empezará a estudiar con las comunidades cómo repartirá este dinero. Un debate que no se presenta fácil porque está muy ligado a los proyectos que impulse cada comunidad y que, por lo tanto, tienen que ir de la mano con los criterios técnicos acordados por los estados miembro a la hora de financiar las iniciativas.

El ministerio de Sanidad ha cedido. Renuncia a imponer medidas obligatorias y finalmente dará libertad a las comunidades para establecer las medidas de relajación del ocio nocturno. Después de que gobiernos autonómicos encabezados por Madrid y Euskadi votaran en contra del plan de desescalada del gobierno, se rebelaran contra las imposiciones –Madrid ha llegado a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional– y anunciaran que pondrían en marcha su propia hoja de ruta, el gobierno español ha aceptado que sus medidas para reabrir las discotecas y celebrar grandes actos multitudinarios sean solo recomendaciones. En cuanto a la restauración, Sanidad finalmente no hará ninguna recomendación y lo deja todo en manos de los gobiernos autonómicos.

La crisis del coronavirus tuvo un impacto desigual en las comunidades autónomas y ahora la recuperación también avanza a ritmos dispares. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado este miércoles sus estimaciones para el PIB del primer trimestre, el primer indicador que muestra las diferencias entre regiones dentro del Estado en cuanto a la reactivación económica del inicio del 2021. Según los datos del organismo, Catalunya fue la tercera comunidad con una caída del PIB más elevada. Concretamente, la economía catalana todavía se contrajo un 5% interanual de enero en marzo. Aún así, este indicador mejoró en un 0,3% el dato del cuarto trimestre del 2020.