Trabajar en la red de embajadas y consulados españoles dista del idilio con que se asocia la diplomacia. Es lo que denuncia tanto el personal que trabaja para el Estado en el exterior como los representantes de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero y son usuarios de esta red. Todos ellos hace tiempo que batallan por una mejora de recursos ante el "colapso" que aseguran que viven en los servicios consulares. "Hay cabreo" con el ministerio, explican fuentes diplomáticas a el ARA, que denuncian la indiferencia por parte del gobierno español, a pesar de que desde el ministerio de Exteriores aseguren en este diario que están trabajando para redimensionar el servicio. El mismo ministro José Manuel Albares lo ha reivindicado este lunes en declaraciones a RAC1, si bien ha admitido las "necesidades" del servicio exterior después de años de "desatención".

El consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch (Barcelona, ​​1962), visita el ARA pocos días antes de viajar a Bruselas con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y cuando se cumplen seis meses de la toma de posesión del ejecutivo socialista.

La batalla que el Tribunal de Cuentas ha abanderado contra la acción exterior de la Generalitat extiende una amenaza sobre el departamento que lidera la consellera Victòria Alsina, que este miércoles ya ha comprobado de primera mano cómo las trabas no le llegarán solo desde Madrid. Ciutadans ha usado la excusa la acción exterior para evitar la tramitación de los presupuestos presentando una petición de reconsideración que la mesa del Parlament ha resuelto de manera tajante: por unanimidad, todos los miembros de la mesa (de Junts, ERC, CUP y PSC) han rechazado los argumentos del partido naranja. El movimiento, sin embargo, avanza lo que probablemente se vivirá de a aquí un mes si el Govern consigue los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos: Cs, Vox y el PP no descartan recurrir al Consell de Garanties Estatutàries. Quizás por este motivo la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, ha iniciado su intervención en comisión parlamentaria reivindicando que "ante la represión del Tribunal de Cuentas, la Generalitat consolida la Acción Exterior", y se ha comprometido a la creación de nuevas delegaciones durante la legislatura.

Un año y medio después de que el ARA destapara el caso sobre el acoso sexual en Exteriores por parte de Carles Garcias, el jefe de gabinete del entonces conseller, Alfred Bosch, el Govern ha cerrado definitivamente el expediente. Según fuentes gubernamentales consultadas por este diario, el instructor ha concluido que Bosch cometió una "infracción grave" y "sancionable" al no activar el protocolo previsto por la Generalitat para la prevención del acoso sexual, pero no le impone ninguna sanción efectiva porque ya dimitió del cargo.

El Tribunal de Cuentas ha empezado a comunicar las millonarias fianzas a los líderes políticos y altos ejecutivos que fueron responsables de la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Hace dos semanas, por Sant Jordi, el tribunal ya citó a los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont; al ex vicepresidente Oriol Junqueras; al ex conseller Raül Romeva, y a una treintena de cargos y excargos más del Govern por presuntas irregularidades. Los motivos: conferencias, viajes y gastos en las delegaciones de Catalunya en otros países que el juez considera que pueden haber sobrepasado las competencias de la Generalitat. Sobre todo, la lupa se fija en el Diplocat, que ya cogió protagonismo en el juicio del Procés. Precisamente, el ex secretario general del Diplocat ha sido el primero de los implicados en conocer la fianza a la que se enfrenta: Albert Royo comunicó ayer que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros. Royo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, ha pedido ayuda a la Caixa de Solidaridad.