El Tribunal de Cuentas empieza a comunicar las millonarias fianzas por la acción exterior de la Generalitat

Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, tendrá que sufragar 4,5 millones de euros

ARA
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Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en una reunión de Gobierno  a la Generalitat

BarcelonaEl Tribunal de Cuentas ha empezado a comunicar las millonarias fianzas a los líderes políticos y altos ejecutivos que fueron responsables de la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Hace dos semanas, por Sant Jordi, el tribunal ya citó a los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont; al ex vicepresidente Oriol Junqueras; al ex conseller Raül Romeva, y a una treintena de cargos y excargos más del Govern por presuntas irregularidades. Los motivos: conferencias, viajes y gastos en las delegaciones de Catalunya en otros países que el juez considera que pueden haber sobrepasado las competencias de la Generalitat. Sobre todo, la lupa se fija en el Diplocat, que ya cogió protagonismo en el juicio del Procés. Precisamente, el ex secretario general del Diplocat ha sido el primero de los implicados en conocer la fianza a la que se enfrenta: Albert Royo comunicó ayer que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros. Royo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, ha pedido ayuda a la Caixa de Solidaridad.

Todavía no se conocen las cantidades que tendrán que sufragar Puigdemont, Junqueras y Romeva, pero sí saben que están citados el 29 de junio a las nueve y media de la mañana en Madrid, y la citación se puede alargar al día 30 si es necesario. En sus casos, la causa abierta contra la acción exterior se juntará con la del referéndum del 1-O, por la que piden unos 4 millones de euros a los ex consellers. Las fianzas no se han devuelto y, a pesar de que la mayor parte se ha sufragado gracias a la Caixa de Solidaridad, muchos tienen bienes embargados. Si ahora se les hace pagar 15 millones más y no pueden llegar, el Tribunal podría embargar todos sus bienes presentes y futuros. Además, la Fiscalía tiene abierta una investigación para aclarar si en la acción exterior del Govern se pueden haber cometido delitos penales.

Entre los citados el 29 de junio también están los ex consellers Francesc Homs, Neus Munté y Andreu Mas-Colell. De hecho, Homs y Munté, junto con Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, ya tuvieron que asumir el pago de casi 5 millones de euros por el coste de la consulta del 9-N. Entre los altos cargos implicados en la causa de exteriores se suman los ex secretarios Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertran, Albert Carreras, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria; las interventoras generales de la Generalitat Maria Vidal y Rosa Vidal; los interventores delegados Jordi Sierra, Javier Acín y Francesc Cubel; Albert Royo, y también los delegados al exterior del Govern en Alemania, el Reino Unido, Francia, Suiza, Polonia, los Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y Bélgica.

416,8 millones de euros

El departamento de Exteriores fue uno de los más inspeccionados por la Moncloa mientras el 155 estaba en vigor. Esto sirvió para recopilar facturas que dieron lugar en marzo de 2019 a un informe de más de 500 páginas en el que se repasaban 416,8 millones de euros gastados por Exteriores. La tesis del tribunal es que una parte de los recursos destinados a la promoción de la Generalitat en el extranjero de los últimos años se pueden vincular al impulso de la causa independentista y, por lo tanto, se puede atribuir una responsabilidad contable a los exmiembros del ejecutivo porque no la consideran legal. Entre los gastos detallados por parte del Tribunal de Cuentas y que el órgano considera irregulares hay, por ejemplo, 479.633 euros gastados en un total de 45 viajes al extranjero de cargos públicos. Unos viajes que, según el informe, sirvieron para "promocionar el Procés" y, por lo tanto, los convierte, a parecer del tribunal, en irregulares.

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