Una década después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado dos artículos de la ley catalana de 2015 que impide a las compañías cortar suministros básicos como la luz y el gas a consumidores vulnerables. En la justificación, los magistrados señalan que la norma es incompatible con el sistema estatal de protección en caso de impago por necesidad y, por tanto, declara que el Parlament se ha extralimitado y ha invadido competencias. La resolución no supone, hoy por hoy, cortes inmediatos, ya que hay en vigor una moratoria a escala española que impide dejar sin estos servicios básicos hasta el 31 de diciembre.

Solo 48 familias vulnerables tienen instalado un contador social de luz en Cataluña. Dos años y medio después de que se anunciara la medida en el marco de un convenio entre la Generalitat y Endesa para evitar los pinchazos eléctricos y los riesgos que ello conlleva, lo que debía ser una medida contra la pobreza no pasa de datos de un tímido plano piloto. Sobre esta poca implementación ha puesto este lunes el foco la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la presentación en el Parlament de su informe para analizar las políticas públicas contra la pobreza energética. Para la síndica, ya deberían haberse instalado "miles" de contadores por todo el país, teniendo en cuenta que Cataluña está en el top 10 de países europeos con más habitantes empobrecidos y que en una década se ha casi cuadruplicado la población que no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En España la cifra se ha doblado, hasta situarse en el 17% en 2022. "Cataluña está en posición de fragilidad en pobreza energética", ha dejado dicho ante los diputados.

Hace un par de semanas trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había anulado la sanción de medio millón de euros a Gas Natural –ahora Naturgy– por la mujer muerta en Reus a la que le cortó la luz. Pero esta decisión no es una excepción porque las eléctricas han esquivado más de la mitad de las multas por incumplir la ley de pobreza energética, la 24/2015, que obliga a pedir un informe a los servicios sociales antes de dejar sin electricidad, luz o gas a una vivienda por no pagar las facturas. La Agencia Catalana del Consumo ha puesto 162 sanciones a las compañías por saltarse esta ley, pero las empresas han recurrido a la justicia y los jueces han tumbado 89, más de la mitad, según datos a las que ha tenido acceso el ARA.