La extrema derecha vive un momento de crecimiento en todos los niveles. En política es evidente, con formaciones como Vox o Aliança Catalana como ejemplos en Cataluña y el Estado. Las encuestas apuntan a que los jóvenes son su principal nicho de mercado y las estrategias comunicativas a menudo se dirigen a captar a personas de esta franja de edad. Ahora también en la universidad, con sindicatos como Estudiants pel Canvi (EPC), que ha pasado de uno a cinco representantes en el claustro de la Universidad de Barcelona.

El primer curso de ingeniería de la energía en la UPC que cursa Melanie Nayeli vale 1.660 euros este curso, pero el próximo septiembre costará 1.107, 553 euros menos. La rebaja de las tasas universitarias, anunciada por el Govern este martes, establece que a partir del curso 2022-2023 todos los grados y los másteres habilitantes (los necesarios para ejercer determinadas profesiones, como la de profesor de secundaria), costarán, como máximo, 18,46 euros el crédito. Se trata de una larga petición de los sindicatos de estudiantes, que han conseguido blindar por ley las tasas universitarias impulsando con éxito una iniciativa legislativa popular. El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) celebra la medida –"un paso importante"–, pero avisa que "el problema del acceso a la universidad no desaparece" solo bajando el precio de los créditos.

Quien haya participado en más de una manifestación seguro que ha visto cómo, detrás del cordón de los antidisturbios, un policía grababa la protesta con una cámara de vídeo a menudo encajada en un monópode (un trípode de un solo pie), para poderla levantar por encima de las cabezas de sus compañeros. Es obvio que todas estas imágenes se pueden usar después para intentar identificar a manifestantes que se puedan pasar de vueltas o lleguen a la violencia, si es el caso. Pero lo que no lo es tanto es que se almacenen, queden en un archivo policial y después se puedan volver a consultar y utilizar para identificar a activistas a quienes atribuyan algún delito. Esto es el que ha quedado claro esta mañana, durante el juicio contra 13 estudiantes para quienes la Fiscalía reclama ocho años y medio de prisión y 11.500 euros de multa por una protesta de marzo de 2017 para reclamar la rebaja de las tasas universitarias en la que se quemó un contenedor, se rompieron los cristales de un banco y se lanzó pintura a policías y a una tienda.