Trece universitarios se juegan ocho años y medio de prisión por una protesta
La Fiscalía los acusa de quemar un contenedor, tirar pintura y romper los cristales de un banco
BarcelonaUna manifestación de estudiantes recorrió el 2 de marzo de 2017 el centro de Barcelona. Pedía que se aplicara la rebaja del 30% de las tasas universitarias aprobada en una moción en el Parlament. Trece de los estudiantes que participaron en ella, vinculados al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), se sentarán este jueves y viernes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona porque la Fiscalía les pide ocho años y medio de prisión por disturbios en esa protesta. En cambio, la defensa quiere su absolución y dice que no se ha concretado la implicación de los acusados.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados, “actuando de mutuo acuerdo”, cogieron un contenedor en la calle Pelai y uno –al que identifica– encendió una bengala y se lo tiró. Antes los otros ya habían “rociado" el contenedor "con materiales que favorecían la combustión”, y se incendió hasta que quedó calcinado. La Fiscalía también identifica a otra acusada por tirar globos de pintura en la Plaça Catalunya contra la fachada de un edificio y agentes de los Mossos. En el mismo escrito asegura que los acusados, de nuevo “actuando de mutuo acuerdo”, rompieron con martillos y otros objetos los cristales de un banco en la Via Laietana y un cajero automático, en una acción en la que identifica a otro de los trece. También recoge que tiraron huevos y pintura e hicieron pintadas en la fachada de la entidad.
El abogado de algunos acusados, Xavier Monge, de Alerta Solidària, cuestiona que la Fiscalía haga un escrito “único” contra todos los acusados, para los que pide una pena idéntica, porque “no se los atribuye lo mismo”. La petición para cada uno es de cuatro años de prisión por un delito de desórdenes públicos, cuatro años y medio por daños a bienes de uso público –el contenedor– y 11.400 euros de multa por daños. Para acabar, además, pide que entre todos paguen 648 euros de indemnización por el contenedor quemado a la empresa FCC y 4.806 euros al Banco Sabadell por los desperfectos en la oficina.
Un juicio “por las ideas”
En declaraciones al ARA, Xesco, uno de los acusados, ve el juicio “una injusticia” por unos hechos en los que niegan su participación. Considera que los juzgan “por las ideas”, por reclamar la rebaja de las tasas universitarias y por formar parte del “movimiento estudiantil”, porque todos estaban vinculados al SEPC.
