El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este jueves reducir las admisiones de refugiados a tan sólo 7.500 al año, el número más bajo desde que el programa entró en marcha en 1980. Además, ha fijado como prioridad una nacionalidad en concreto: este estatus de refugiados lo tendrán "primordialmente" las sud-críticas estados de "surafricanos blancos" ilegal" en sus países de origen, según un documento publicado este jueves por la noche por la Casa Blanca. El anterior presidente, Joe Biden, ya limitó el número de refugiados, pero la cifra límite fue 125.000, y en su anterior mandato Trump también fijó un umbral máximo de 15.000, con lo que estos 7.500 son el tope más bajo hasta ahora.

Han pasado cinco meses desde que el Tribunal Supremo dio 10 días al gobierno español para que se hiciera cargo de un millar de menores inmigrantes no acompañados que son acogidos en las islas Canarias y que solicitaron el asilo o tenían intención de hacerlo. Pero la respuesta del ejecutivo central no ha llegado hasta ahora. Tras una reunión entre el gobierno central y el autonómico celebrada este martes, se ha acordado que el traslado de estos menores a la Península comience la próxima semana, indican fuentes del encuentro.

Pocas semanas antes de que entre en vigor la modificación del reglamento de extranjería, el departamento de Derechos Sociales ha suprimido el Programa de Mentoría Social para personas refugiadas y demandantes de asilo que funcionaba desde 2017. El paro, en principio, es de carácter temporal y la dirección general de Migraciones y Refugios la justifica por la necesidad de tomar la Uso de personas con necesidades de protección internacional". Sin embargo, entre el sector ha sorprendido la decisión. Por un lado, porque había un compromiso verbal para que continuara. Por otro, porque llega en vísperas del 20 de mayo, cuando el gobierno español endurecerá los requisitos para las personas que estén esperando una resolución a la demanda de asilo.

Ablaye Diop toca madera para que la próxima semana le den el resguardo que le acredita como demandante de asilo y que así el reloj empiece a correr para buscar un trabajo. Hace apenas un año entraba por la puerta de un hotel de Reus, junto con unos sesenta jóvenes como él, que semanas atrás habían llegado a Canarias desde las costas africanas. Hechos los primeros trámites de identificación, entraron en el programa humanitario de protección internacional del ministerio de Inclusión y, autorizados por el de Interior, fueron trasladados en avión a la Península para iniciar los llamados itinerarios personales, cuyo objetivo es formar y dar herramientas a estas personas para una vida autónoma.

Por primera vez en 50 años Suecia ha dejado de ser un país que recibe mayor inmigración de la que emite. Lejos quedan los días en los que el primer ministro de Suecia en 2015, el socialdemócrata Stefan Löfven, hacía un llamamiento para que el país "haga un esfuerzo" para acoger a los refugiados que huían, en ese momento, de conflictos como la guerra de Siria . Nueve años después, el país nórdico saca pecho de haber dejado de ser un sitio de acogida para los extranjeros, sean solicitantes de asilo o inmigrantes venidos desde fuera de Europa. Así lo expresaba la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, en una rueda de prensa en la que el gobierno reveló que preveía para el año 2024 que el número de personas que saldrán de Suecia superará el número de personas que se establecen en el país escandinavo: lo que se llama una emigración limpia.

"Si ya vienen con los nervios y la incertidumbre de lo que va a pasar, huyendo de una situación de peligro para su vida, y cuando llegan se encuentran esa situación de condiciones que no reúnen una mínima dignidad, pues es muy duro. Sobre todo cuando son familias con niños pequeños". Éste es el relato de Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Muñoz y el equipo de abogados de la organización están dando asesoramiento a los demandantes de asilo que se agolpan en las salas de espera del aeropuerto de Barajas de Madrid. Las organizaciones que les atienden llevan semanas alertando de la saturación de estos espacios.

A Clémentine Ngono no le gusta hablar de lo que vivió, pero para ella es más importante que algo así no vuelva a ocurrir. "Si puedo ayudar con mi testimonio, entonces voy a hablar". Ella nunca quiso ir a Europa. Sin embargo, las repetidas experiencias de violencia y de agresiones vividas durante su juventud le obligaron. Tenía 23 años. Primero huyó de su país de origen, Camerún, y después de Turquía. El 15 de septiembre del 2021 a primera hora de la madrugada, Ngono subió a una lancha neumática gris, junto a su marido, su hijo de seis meses y otras 33 personas. Sabían que iba a ser un viaje peligroso. Sabían que las autoridades griegas podrían volverles atrás. Sin embargo, lo intentaron.

Mohamed Rahmatinia, su esposa Zeinab, que está embarazada de dos meses y su hijo de 7 años están a punto de ser deportados a Irán por decisión de las autoridades españolas. La familia llegó hace 12 días al aeropuerto de El Prat en un vuelo procedente del país y pidieron asilo político: él asegura que es miembro del Partido Democrático del Kurdistán de Irán, una organización ilegal a ojos del régimen de los ayatolás y que ya había sido condenado a 15 años bajo libertad condicional por su activismo político, también asegura que profesa una fe evangélica. Además dice que ha participado en una veintena de manifestaciones del movimiento Mujer Vida Libertad, que se desató con el asesinato de la joven Mahsa Gina Amini por no llevar el velo puesto de acuerdo con el rigorismo de la República Islámica. Poco antes de la conmemoración del primer aniversario de la muerte de la joven tras una paliza en un centro de la policía de la moral, que se conmemora este sábado, la familia decidió huir, el pasado 5 de septiembre. Las autoridades han incrementado sus controles y el hombre había sido identificado.

Hace diez años que el Movimiento de Objetores de Conciencia de Rusia ayuda a los rusos que, por sus convicciones, no quieren ir a la guerra. Sobre el papel, la Constitución rusa reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero desde el inicio de la invasión de Ucrania su trabajo se ha complicado mucho. El Kremlin ha tildado a la organización de "agente extranjero" y ha bloqueado su página web. Desde el exilio, su presidente, Sasha Belik, explica a ARA que, pese a que sus activistas siguen dentro del país asistiendo a quienes intentan resistir el llamamiento a filas, incluso "hemos visto cómo enviaban al frente a hombres que caminan con muletas". Pese a la flagrante vulneración de sus derechos, los objetores rusos encuentran las puertas de la Unión Europea cerradas, en contra de lo previsto en el derecho internacional. Para ayudarles, una cuarentena de entidades de toda Europa han impulsado una petición a la UE que reclama acogida para los objetores, desertores y soldados rusos que se han rendido a las autoridades ucranianas.

Unos días antes de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decretara la movilización de 300.000 reservistas para combatir en la guerra de Ucrania, hace apenas cinco meses, Nikita supo que se tenía que poner en marcha si no quería convertirse también en carne de cañón del Kremlin. El joven anarquista había estado un mes en prisión en Moscú por haber participado en protestas contra la guerra y temía ser de los primeros en recibir la carta. Con un amigo se marcharon inmediatamente a Georgia, uno de los pocos países que no exige visado a los rusos. “Putin miente, yo he estado en Ucrania muchas veces y conozco a gente de allá. La gente se está muriendo por nada, esta guerra es un crimen sangriento”, explica al ARA desde Barcelona, donde ahora espera que le concedan el estatuto de refugiado.

Cuando el 24 de marzo subió a Mohamed Ben Halima en un avión en Valencia para obligarlo a volver a Argelia, la policía española ya sabía que la vida del activista corría peligro. El hombre, de 32 años, un exoficial que había expuesto la corrupción dentro del ejército y había participado en el movimiento prodemocracia Hirak, se había refugiado en España, pero el ministerio del Interior se afanó a devolverlo por la fuerza a su país. El miércoles por la noche se supo que Ben Halima ha sido condenado a la pena de muerte por un tribunal militar argelino, según han denunciado su familia y el Centro del Cairo por los Derechos Humanos.

Ni en las peores pesadillas, Lisa Kriukova se habría imaginado volver a ver a Valeria como refugiada de una guerra incomprensible. La última vez que las dos amigas se habían encontrado fue en unas felices vacaciones familiares en Catalunya, pero desde que el 24 de febrero las tropas de Putin invadieron Ucrania aquel mundo se explica ya en pasado y ha forzado a más de 1,5 millones de ucranianos –medio millón son criaturas, según Unicef– a huir hacia territorios europeos más seguros, dejando atrás los hombres de la familia, reclutados en el ejército. Se calcula que en Catalunya ya han llegado un millar de personas, la mitad de las cuales están siendo atendidas en plazas de la red pública, mientras que el resto cuentan con la ayuda de particulares –muchos ucranianos residentes–, que se abocan a darles cama y comida. Aunque no hay datos, solo hay que pasearse por los centros de atención para saber que hay una mayoría de mujeres, como Kriukova, que hace que cambien “los perfiles” de los demandantes de asilo respecto a otras crisis, admite la secretaria de Igualdad, Mireia Mata. A pesar de todo, subraya que las ucranianas no se consideran personas especialmente vulnerables, como sí que lo pueden ser otras mujeres que llegan solas.

La cara de Natalia Onofriychuk acumula el cansancio de un viaje de cuatro días, el miedo de los bombardeos y la guerra y la angustia por encontrar a su hija adolescente, a quien la invasión rusa de Ucrania enganchó de vacaciones en la ciudad de Barcelona. Onofriychuk aterrizó en la capital catalana ayer jueves después de un periplo desde su Odesa natal. El lunes cogió su coche y condujo de un tirón hasta Moldavia y de allí a Bucarest, donde voluntarios desplegados para la ayuda de los refugiados ucranianos la ayudaron a llegar hasta Turín, donde pudo coger un vuelo hasta Barcelona. Sin conocer nadie en la ciudad, pero gracias a la red solidaria improvisada por la urgencia, ha podido pasar la primera noche en casa de una compatriota, pero lo que quiere ahora es abrazar a su hija, que, como no pudo volver a su país porque se cerró el espacio aéreo, está en un piso con 10 jóvenes más. 

La Audiencia Nacional rechazó este jueves una petición de asilo de una familia ucraniana, pero ha concedido la protección subsidiaria. Se trata de la primera solicitud que se resuelve desde el estallido de la guerra y afecta a cuatro personas que la presentaron en Soria el 20 de diciembre de 2018. En aquel momento no se vivía la situación actual, si bien en la región del Donbás sí que había conflicto con víctimas mortales desde las protestas del Euromaidán y la anexión rusa de Crimea en 2014.

Una cuarentena de pasajeros con pasaporte libanés de origen palestino de un vuelo chárter procedente de El Cairo llegó el pasado lunes al aeropuerto de El Prat en una escala técnica y pidió asilo. A estas alturas, ya solo quedan cuatro en las instalaciones, a la espera de poder hacer la entrevista que inicia los trámites, mientras que a los que se les ha aceptado a trámite ya son atendidos por los servicios de la Cruz Roja.

Las restricciones a la movilidad durante la pandemia del coronavirus dificultaron todavía más las posibilidades de las personas solicitantes de asilo para llegar a territorio europeo. Lo describe el último informe de la Oficina Europea de Apoyo al Refugiado, que constata cómo en 2020 las peticiones de asilo cayeron un 32% en toda Europa si se compara con el año anterior. De manera general, casi 6 de cada 10 de estas solicitudes se denegaron pero, en proporción, las negativas fueron menos que el año anterior. Solo seis países aumentaron el número de peticiones rechazadas y entre estos destaca particularmente España, que, a pesar de recibir un 25% menos de solicitudes, negó un 276% más que en 2019.

En España se aprobó una de cada veinte solicitudes de asilo el año pasado. Es una de las principales conclusiones del informe anual publicado por la Comisión Catalana del Refugiado (CCAR), que recoge que de las más de 88.000 peticiones de protección internacional que el estado español recibió en 2020, solo se resolvieron favorablemente un 5% del total –es decir, unos 6.000 expedientes–, lejos del 33% de la media de los países de la Unión Europea. A la vez, España autorizó la residencia por razones humanitarias de cerca de 41.000 personas, la mayoría de las cuales procedentes de Venezuela.

En el mundo hay más personas desplazadas por la fuerza que nunca: 82,4 millones que han tenido que huir de su casa amenazadas por guerras, conflictos, persecuciones, violaciones de los derechos humanos y conflictividad social. Ya hace nueve años que este dato, recogido en el informe anual de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), no para de aumentar. Pero la pandemia les ha complicado todavía más las cosas: 160 países han cerrado las fronteras, de forma que se ha reducido drásticamente (un 45%) el número de peticiones de asilo registradas en todo el mundo. El excepcional contexto ha dejado desamparadas a muchas familias que necesitaban protección.

Dinamarca ha aprobado la controvertida ley para externalizar la gestión de las solicitudes de asilo a países fuera de la Unión Europea. La decisión ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y la Comisión Europea. Esta ley pretende subcontratar la acogida y la gestión de solicitantes de asilo a través de países de tránsito, entre los cuales Ruanda parece ser la principal opción. De hecho, en el mes de abril se firmó un memorándum entre Dinamarca y Ruanda donde se concretaban las líneas de actuación principales.

El avión que se elevó de Caracas y aterrizó en Madrid, un día de 2007, llevaba a una Vicenta Matos que huía de humillaciones y persecuciones por ser hombre homosexual. A los 61 años responde ahora con la identidad con la que se encuentra cómoda y que le fue negada tanto en Colombia, su país de nacimiento, como en Venezuela, el de adopción. Pero explica que no fue hasta que llegó a Barcelona cuando encontró su primer y único hogar, en una ciudad en la que no ha tenido nunca problemas, excepto algún pequeño incidente resuelto con la condena de los agresores. “En Barcelona he encontrado mi identidad de mujer. Nunca me habría imaginado tener la vida que tengo ahora, tranquila, con un compañero y con amigos”, dice. Matos es asilada, tiene un estatus que no siempre es fácil de conseguir para las personas LGTBI.