El “quien pueda, que haga” bien entendido empieza por uno mismo, y de acuerdo con esta evidencia, el expresidente de España José María Aznar se ha materializado en Ceuta, adonde no volvía desde el año 2004, con el único propósito de intensificar la crispación y desgastar un poco más a Pedro Sánchez y su gobierno: no en vano, el mismo Aznar ha señalado varias veces al actual gobierno de España como el causante de una crisis institucional sin precedentes, ante la cual todos los medios son lícitos. Es curioso, por otra parte, que él también haya acabado haciendo como otros líderes de la derecha extrema y de la extrema derecha (no es un juego de palabras, o no solo) españolas: imitar a sus propios agitadores. Así, Aznar va a Ceuta a dar espectáculo, como un Vito Quiles o un Alvise Pérez de la vida. Esta táctica de hacerse presente en lugares sensibles para ejercer allí provocaciones burdas se convirtió en una herramienta política habitual de los Ciudadanos de Albert Rivera e Inés Arrimadas, y forma parte del legado tóxico que aquella formación de ultraderecha (no era otra cosa) dejó dentro de la política catalana y española.Hablando de legados, de alguna manera tiene sentido que Aznar vaya a Ceuta, ni que sea para cerrar un círculo que allí abrió hace veinticuatro años con la campaña por la soberanía del islote de Perejil. Aquel episodio fue tildado en su momento de grotesco por muchas voces, porque sin duda lo era. Pero se trataba del mismo tipo de grotesco que hoy comemos a cucharadas: el del patriotismo constitucional a la española, una manera elegante de llamar al ultranacionalismo de toda la vida, hoy convertido en espacio político que comparten / se disputan PP y Vox, así como una vasta colección de entidades civiles que levantan la bandera (constitucional o no) y también el brazo y la cara al sol con energías renovadas. El pionero de este retorno de la derecha española más rancia fue Aznar, primero desde el gobierno y después desde la FAES, un artefacto a medio camino entre el lobby y el think tank que ha ido construyendo el discurso y la doctrina del nacionalismo español más duro a lo largo del último cuarto de siglo. Una parte del PSOE también gravita allí (comenzando por otro expresidente, Felipe González; es curioso que las investigaciones sobre actividades y patrimonio de expresidentes españoles hayan comenzado por Zapatero y no por Aznar o González, ni tampoco Rajoy), y el mensaje principal es claro: cuando se trata de España (que para toda esta gente significa un sistema de enriquecimiento personal), no hay bromas. Cuando Aznar empezó a reivindicar el españolismo sin complejos, a poner banderas por todas partes y a ir a guerras de broma como la de Perejil o de verdad como la de Irak no podía imaginar que vendría una ola de extrema derecha en todo Occidente que daría mil caballos de fuerza a sus ideas. Pero la ola ha venido, y él y su entorno se han subido con entusiasmo. Aznar va a Ceuta a proclamar el orgullo de los herederos de los que ganaron la Guerra Civil, y a dejar claro que están dispuestos a volver a ganarla (y dar la culpa a los vencidos).

El gobierno español y las comunidades autónomas han acordado dar luz verde a 25 millones de euros extraordinarios para reforzar los recursos de Ceuta para la acogida de los menores migrantes no acompañados. Lo han votado por unanimidad los consejeros de Infancia y Juventud en la conferencia sectorial que se ha celebrado este jueves. Pero no han asistido las comunidades en las que Vox tiene estas competencias tras los acuerdos con el PP; es decir, Aragón, Castilla y León, y Extremadura. De hecho, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha explicado que no solo se han ausentado de la reunión, sino que también han transmitido por escrito que estaban en contra de la partida presupuestaria extra.

Si ha habido una cuestión que ha centrado la comparecencia del gobierno español de este jueves sobre la crisis de Ceuta ha sido el rol de Marruecos. Después del choque dentro del ejecutivo por la información que transmitió el CNI, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, con el objetivo de dar cuenta de la gestión, en el marco de sus competencias, de la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio en la ciudad autónoma. ¿Qué pasó? Según Bolaños, la entrada masiva de hasta "70.000 inmigrantes" se produjo a raíz de la "tergiversación" de una sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente en caso de entrar nadando –donde hasta ese momento no había barrera física–, ya que consideraba que en estos casos se debía abrir un proceso administrativo y una evaluación individualizada antes de un retorno inmediato. Y, en este punto, ha añadido un punto relevante ante las críticas de la oposición al papel de Marruecos en la crisis: "No hay ninguna evidencia de que Marruecos haya impulsado la entrada masiva de migrantes".

Prácticamente un mes después, la crisis de Ceuta no solo está lejos de resolverse, sino que ha derivado en un choque interno inédito dentro del ejecutivo entre Margarita Robles, ministra de Defensa y responsable del CNI, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y encargado de la vigilancia fronteriza. La primera defendió el martes el papel del CNI en toda la crisis y afirmó que sí avisaron verbalmente a la Delegación del gobierno español de un aumento de las entradas de inmigrantes, sin precisar la magnitud, eso sí. El segundo en cambio insiste en que nadie les avisó de lo que se les venía encima el 30 de julio –cuando alrededor de 70.000 personas entraron en Ceuta a nado–, y menos aún por escrito. La Delegación del gobierno en Ceuta incluso hizo el martes un comunicado para desmentir a la ministra, y este miércoles el ministro Ángel Víctor Torres, que ostenta el mando único de la crisis, se ha alineado con Marlaska, y ha dejado así a Robles en una posición muy delicada dentro del ejecutivo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha intentado quitar hierro a la crisis interna afirmando que "ambos pueden tener razón", pero el daño ya está hecho.

El gobierno español y el gobierno de Ceuta continúan buscando espacios donde ubicar temporalmente a las personas inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio y que todavía malviven en la calle. La intención es que, una vez estén "acotados" en espacios temporales, se puedan registrar y "retornar" al país de origen de acuerdo con la ley, ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa este miércoles. Torres también ha prometido más recursos para agilizar los trámites y hacer posible los retornos. Hay que tener en cuenta que la ley obliga a hacer expedientes individualizados y estudiar los casos uno a uno.

¿Hubo un aviso del CNI o no, para prever que habría una entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio? Esta es la pregunta que ha propiciado un choque de versiones dentro del gobierno español, sobre todo entre el ministerio de Defensa, de quien dependen los servicios de inteligencia, y el ministerio del Interior, que es el encargado del control de fronteras. La ministra Margarita Robles, que en ningún momento ha dicho que tuvo constancia de una ola migratoria como la que se produjo, sí ha asegurado que el CNI compartió dos avisos con Interior, el gobierno de Ceuta y la Delegación del gobierno español de forma verbal: por un lado, que había un repunte de las entradas nadando; y, por otro, que corría una convocatoria por las redes para entrar a España a través de Ceuta. Una afirmación que ha puesto en entredicho a todo el gobierno español y, sobre todo, al ministerio del Interior, ya que representa que si había avisos podría haber actuado. Por este motivo, la Moncloa se alinea con Fernando Grande-Marlaska: remarca que no hubo ningún informe de los servicios de inteligencia del cual se desprendiera que podía haber una entrada de más de 80.000 inmigrantes a Ceuta.

Melilla es una ciudad española desde el año 1497 y Ceuta lo es de forma definitiva desde 1580, integrada plenamente en la Corona de Castilla en 1640. A pesar de más de cinco siglos de historia y vínculos peninsulares, su estatus administrativo actual es una anomalía territorial en el Estado. Y su foco político se circunscribe básicamente a las crisis migratorias como la que comenzó el 30 de julio. La Constitución de 1978 preveía explícitamente, en la disposición transitoria quinta, la posibilidad de que se constituyeran como comunidades autónomas. Aun así, no fue hasta 1995 que las Cortes Generales aprobaron sus Estatutos de Autonomía, decantándose por una figura inédita: la "ciudad autónoma". Antes funcionaban como municipios de régimen especial integrados en las provincias de Cádiz –en el caso de Ceuta– y Málaga –en el caso de Melilla–, y gozaban del rango de puertos francos con ciertas ventajas fiscales singulares frente al resto de territorios.

El gobierno español ha aprobado este martes dos anteproyectos clave en materia migratoria: por un lado, una nueva ley sobre el derecho de asilo y, por otro, una reforma de la ley de derechos y libertades de los extranjeros. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido después del primer consejo de ministros posterior a las vacaciones de verano, que se ha centrado en la crisis de Ceuta. Marlaska ha expuesto el impulso de estas dos reformas para adaptar la legislación española al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que endurece las políticas migratorias de las fronteras europeas.

Durante la campaña de las presidenciales del 2024, Donald Trump aseguró sin tener ninguna prueba que los inmigrantes de origen haitiano se estaban comiendo los gatos y los perros de los vecinos de Springfield, en Ohio. Aquello no tenía ninguna base real, y en cualquier país normal habría supuesto la descalificación absoluta del político, pero en Estados Unidos, como sabe todo el mundo, Trump ganó las elecciones por goleada. He pensado en ello estos días, al ver que algunos medios españoles, mayoritariamente de la fatuosfera, han publicado noticias en las que denunciaban que los inmigrantes de Ceuta devoran gatos, palomas, gaviotas y cualquier otro animal que corre por la calle. En una de estas noticias se adjuntaba una fotografía en la que se veía un gato muerto al lado de un contenedor. Por suerte, el servicio de fact-checking de la agencia Efe hizo las comprobaciones pertinentes y dictaminó que la fotografía no era de ahora ni de Ceuta, sino que era del 2025 y de Gran Canaria.

El CNI ha vuelto a entrar en escena respecto a la crisis en Ceuta. El papel de los servicios de inteligencia era una de las claves de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso. Sobre ella y su ministerio ha planeado la incógnita de qué sabía el CNI sobre la entrada de decenas de miles de personas –unas 80.000– los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Y en particular, si los servicios habían advertido de la posibilidad de la crisis migratoria. La pregunta ha desencadenado en un lío entre esta cartera, el ministerio del Interior y la Delegación del gobierno español en Ceuta, ya que todos quieren defender su actuación. Mientras que Robles asegura que el CNI trasladó información a Interior y a la Delegación, estos matizan que en ningún caso se les avisó de una entrada masiva de migrantes.

La crisis de Ceuta se parece cada vez más al dinosaurio del célebre cuento de Augusto Monterroso para el gobierno español. Cada día parece que se levantan con la esperanza de que se haya resuelto como por arte de magia; pero no, el problema todavía está ahí y le obliga a tomar nuevas decisiones. Esta mañana se reunirá por primera vez el Consejo Nacional de Seguridad y entrará en vigor el mando único para gestionar la crisis. El problema es que se trata de dos decisiones que habrían tenido todo el sentido en los primeros días de la crisis, si no el primero, y no casi un mes después.

Casi un mes después de la entrada de decenas de miles de personas inmigrantes en Ceuta (que Pedro Sánchez definió como una "violación de la integridad territorial" del Estado), el gobierno español declarará la "situación de interés para la seguridad nacional" y aceptará constituir un "mando único" que estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se aprobará en el consejo de ministros de este martes, el primero tras el periodo estival.

Su rastro se ha perdido en el Mediterráneo. Y cada vez que se habla de las personas inmigrantes que han intentado cruzar este mar, el balance se hace más siniestro. Y doloroso. Como una herida abierta. Son los cuerpos desaparecidos de la crisis migratoria en Ceuta, que nunca podrán ser identificados o, incluso, localizados. Las estadísticas poco o nada pueden decirnos de ellos, aunque, para hacerse una idea de la magnitud de la tragedia, hay quien ha retenido en la memoria el número de correos electrónicos que entraron el primer día que se puso en marcha la oficina de denuncia de desaparecidos de la Guardia Civil, el pasado 4 de agosto. "160 correos en un día", revelan fuentes policiales a el ARA. Esto no quiere decir que, con el paso de los días, familiares o amigos no pudieran contactar con la persona de la que no sabían nada. Pero, de entrada, no tenían ninguna noticia desde el 30 de julio, cuando, junto con decenas de miles de personas, intentó cruzar nadando la frontera entre Marruecos y Ceuta. Una travesía que, para muchos, ha acabado en naufragio.

Queda claro que nuestra sociedad está formada en una medida importante por personas blancas que se sienten, digamos, incómodas conviviendo con personas con otros colores o tonalidades de piel. Buena gente, sin duda, que se espanta cuando sale a la calle y se encuentra con que el barrio, o el pueblo, se les ha “llenado” –es la percepción que tienen– de gente de pigmentación gradualmente oscura. La presencia de estas personas les hace sentir inseguridad, aún más si son pobres. Esto tiene un nombre: se llama xenofobia o racismo, y también aporofobia. Aporófobo no es una palabra que se use con un sentido despectivo, pero racista o xenófobo sí, y por este motivo los racistas se enfadan mucho cuando se les dice que lo son. El hecho de ser muchos, por otra parte, hace que el racismo deje de considerarse anómalo y se convierta en una postura normal, incluso banal. Muchos no saldrían a perseguir inmigrantes ilegales por las calles, pero sí que les molesta que un inmigrante les vaya delante en la sala de espera del médico. O que sus hijos tengan que compartir aulas con los hijos de estos inmigrantes.En consecuencia, se multiplican las opciones políticas basadas en el racismo, la xenofobia y la aporofobia (de la gente llegada de fuera, también de etnias y religiones diferentes, pero con dinero, nunca se quejan). En España empieza un curso absolutamente electoral y el Partido Popular, en boca de Feijóo, ha adoptado el discurso antiinmigración de la extrema derecha más dura: ya pide expulsiones masivas con menores incluidos, una demanda que va directamente contra la ley –española y europea– y que ha descolocado a los barones del PP: así, mientras en Extremadura María Guardiola y su gobierno hablan de “cumplir la legalidad”, en Andalucía el moderado Moreno Bonilla se embarca en abstrusas disquisiciones para justificar su sumisión a los socios de gobierno de Vox. La petición de expulsar menores no es propia de ningún partido de centroderecha liberal, como insisten en presentarse Feijóo y su PP. Muy al contrario, la podría firmar sin problemas la neonazi Alternativa para Alemania, que por cierto está a punto de obtener en las elecciones del land de Sajonia-Anhalt del próximo 6 de septiembre una victoria que significaría un golpe muy duro y una regresión a los peores momentos de su historia tanto para Alemania como para el conjunto de la Unión Europea.Obviamente, lo que pase en España y en Europa influirá en la política catalana, que no entra en año electoral pero sí preelectoral. Junts, con declaraciones de su secretario general, Jordi Turull, se ha desmarcado de la ultraderechista y racista Aliança Catalana con una contundencia que se agradece. En el entorno de Junts, sin embargo, no son pocas las voces partidarias de normalizar AC dentro del sistema político catalán y llegar a acuerdos. Lo justifican apelando a la necesidad de hacer frente a la embestida de Vox y PP, una suma ultraespañolista que hasta ahora decían que era un espantajo pero que ahora les empieza a dar miedo. Olvidan, sin embargo, que AC no suma con el independentismo catalán: suma con PP y con Vox, especialmente con este último.

El enésimo enfrentamiento por Ceuta entre el gobierno español y el PP gira en torno a la situación sanitaria y de las infecciones que se habrían detectado a raíz de la entrada masiva de migrantes de finales de julio. El Colegio de Enfermería de Ceuta había alertado de un incremento de casos de gastroenteritis, sarna y tuberculosis que vincularía a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que se encuentran algunos migrantes. Ahora, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al ejecutivo que estudie el aislamiento de los migrantes afectados, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado la petición alegando que podría ser contraproducente. En cambio, ha instado a Feijóo a reclamar al gobierno ceutí la cesión inmediata de todos los espacios disponibles para alojar a estas personas en condiciones salubres.

Semana de alto voltaje para el gobierno español: con movimiento en la Moncloa, donde se celebrará el primer consejo de ministros tras el paréntesis del verano, pero sobre todo con movimiento en el Congreso. Hasta ocho ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez comparecerán para rendir cuentas por la gestión de la crisis en Ceuta cuando aún planean muchas incógnitas.

Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) se ha convertido en una presencia mediática diaria desde el 30 de julio. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el territorio que preside, es la causa. Vivas ha actuado de altavoz incansable del malestar que ha generado entre la población de la ciudad autónoma y ha puesto cara a la ofensiva política del PP contra la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez. Las comparecencias de este barón popular, uno de los más veteranos del Estado, han ido subiendo de tono a medida que, con el paso de los días, no se ha recuperado la normalidad. Aunque dentro del PP Vivas es uno de los llamados moderados, en esta ocasión se ha convertido en ariete contra el gobierno español por la gestión de la crisis migratoria.

La frontera entre Marruecos y Ceuta ha sufrido la tragedia migratoria más letal de España. Más de tres semanas después no se tiene una cifra definitiva de las personas que entraron nadando; tampoco de las que continúan sobreviviendo en la calle. No se sabe cuántas personas han desaparecido y solo se han identificado seis personas de un total de 82 cuerpos recuperados en aguas españolas. Esta es la cronología:

Hay realidades que quedan ocultas tras las cifras, las fronteras y los discursos perversos sobre seguridad. En Ceuta, este verano, hay una que no podemos dejar en segundo plano: la violencia sexual que pueden sufrir niñas, adolescentes y mujeres migrantes, especialmente cuando llegan solas y sin una red de apoyo.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicado este viernes el "derecho histórico y geográfico" que tiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla. En una entrevista al canal público de Marruecos 2M, ha hecho un llamamiento a comenzar un diálogo con España para abordar su futuro y conseguir su "retorno a la patria". La entrevista se ha producido en el contexto de la entrada en vigor este jueves de una nueva ley de la abogacía en Marruecos, pero la declaración más sonada ha sido sobre las relaciones entre Marruecos y España. Ouahbi ha asegurado que la cuestión de Ceuta y Melilla debe continuar siendo un asunto de diálogo entre ambos países.