Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda más longevo de la historia –ocupó el cargo con José María Aznar de presidente del 2000 al 2004 y con Mariano Rajoy del 2011 al 2018), está imputado junto a 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, su supuesta relación con altos cargos con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.

Que los ciudadanos más ricos no pagan demasiados impuestos es una conclusión a la que se llega echando un simple vistazo a la mayoría de estudios sobre fiscalidad en Catalunya, en España y en el mundo. Sin embargo, parece que la situación empieza a virar y que los gobiernos de todo el planeta dejan atrás las ideas de décadas pasadas que bajar la tributación era positivo, para centrarse en corregir unas desigualdades que en los últimos años han ido a más.

Pimec, la patronal catalana que representa a las pequeñas y medianas empresas (pymes), ha pedido un recorte del impuesto de sociedades para estas empresas aprovechando que el Congreso de los Diputados debe reformarlo próximamente, según un comunicado de la organización empresarial.

¿Pagan suficientes impuestos los ricos? ¿Y las familias más pobres? ¿Y las empresas? ¿Hay que cambiar el modelo fiscal en España? Estas preguntas recurrentes son algunas de las que intentan responder a los técnicos del ministerio de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado con un nuevo libro provocativamente titulado Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing).

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la reforma del impuesto de sociedades implementada por el gobierno del PP en 2016, cuando el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro, al considerar que un tributo que afecta al deber de contribuir a los gastos públicos no se podía modificar en aspectos esenciales mediante un real decreto.

Las grandes multinacionales del planeta ya deben pagar más impuestos, al menos en la Unión Europea: el 1 de enero era la fecha límite marcada por Bruselas para que los 27 estados miembros adaptaran su legislación al acuerdo internacional que sitúa en el 15% el mínimo que deben pagar las corporaciones de alcance global en impuesto de sociedades. Sin embargo, España no ha cumplido el plazo marcado por la UE y todavía no ha modificado la ley, aunque el ministerio de Hacienda ha publicado un primer borrador de la norma.

La conocida empresa de comercio electrónico Amazon no pagó durante 2020 ningún euro de impuesto sobre sociedades en ocho países europeos, entre los cuales España, donde facturó en total más de 44.000 millones de euros. ¿Cómo lo hizo? Pues tributando solo en Luxemburgo, donde está radicada la empresa matriz de las filiales europeas. Esta es una práctica legal pero claramente injusta, puesto que priva a los estados donde se produce una buena parte de la actividad económica de obtener recursos vía impuestos. Y, al contrario, este dinero se concentra en países con tributación baja, como por ejemplo Luxemburgo, que practican este dumping fiscal. Esto es lo que pretende evitar el acuerdo de 136 países que representan el 90% del PIB mundial para aplicar un mínimo de impuesto sobre sociedades del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros.

Analistas y políticos hablan de una inercia de cara a abordar a nivel mundial el debate sobre las prácticas fiscales de las grandes multinacionales, sobre todo después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, y de la necesidad de impulsar unas economías muy tocadas por el coronavirus. Pero Bruselas no se atreve a dar el primer paso y continúa esperando a que se desencalle la cuestión en el seno de la OCDE, donde la expectativa de un acuerdo político de mínimos está fijada para este verano. La Comisión Europea está al quite, pero no será hasta el 2023 que presentará su propuesta particular para armonizar el cálculo del impuesto sobre sociedades a nivel europeo. Antes, convertirá el acuerdo de mínimos de la OCDE en directiva europea para que se aplique sin fisuras en toda la Unión.