España reanuda dos años después la carrera por el impuesto mínimo a las grandes multinacionales

MADRIDUn paso más, aunque no definitivo, para que España aplique a su normativa fiscal el acuerdo global –también llamado Pilar 2– logrado hace más de dos años en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que las grandes multinacionales paguen, como mínimo, un 15% en el impuesto de sociedades.

Este martes el consejo de ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley a través del cual se traspone la directiva europea que recoge ese acuerdo global y que tiene por objetivo garantizar que todas las empresas de cierto tamaño paguen un mínimo por sus beneficios. Ahora la norma da el salto al Congreso de los Diputados, donde los partidos políticos podrán presentar enmiendas, y después tendrá que pasar por el Senado antes de su entrada en vigor.

La ley afectará a las grandes multinacionales, pero también a las empresas españolas que registren una cifra de ingresos consolidados de 750 millones de euros o más. Según las primeras estimaciones del ministerio de Hacienda, se verían afectados a 126 grandes grupos que tienen la matriz en España y 707 multinacionales con sede en el extranjero, pero con filiales en el Estado, tal y como ha detallado la titular de la cartera, María Jesús Montero. Sin embargo, Montero no ha querido entrar en un baile de cifras sobre el impacto en las arcas públicas. En cambio, sí lo ha hecho el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), que estima que podrían recaudar 3.500 millones de euros al año.

El objetivo de este acuerdo global es paliar el impacto de lo que se conoce como la carrera a la baja: la lucha entre países o territorios autónomos por atraer empresas a través de un recorte de las tasas impositivas. Con este nuevo marco fiscal se persigue detener las rebajas impositivas y asegurar que las empresas paguen unos tributos mínimos estén donde estén. "Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, que se base en la idea de que quien más gana, más debe contribuir", ha defendido Montero.

En 2022 el Estado ya aprobó un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades, pero el diseño español se aplica sobre la base imponible. Se trata de una cifra sobre la que se aplican unos ajustes por lo que acaba siendo menor en comparación con los beneficios. El tipo global, en cambio, se basa sobre el llamado resultado contable ajustado, un cálculo mucho más cercano a las ganancias.

¿Cómo se ha adaptado el Estado?

El texto aprobado este martes por el gobierno español es técnicamente complejo. De entrada, hay que tener en cuenta que los países ya tienen su propia legislación respecto al impuesto de sociedades, por lo que la aplicación del acuerdo global se ha pensado desde la complementariedad para evitar una "doble imposición" ". Así, la norma aprobada por el ejecutivo de Pedro Sánchez recoge un "impuesto complementario" que se aplicará en tres supuestos, tal y como detalló Montero.

El primer supuesto afecta a las empresas que están establecidas en España y que forman parte de una multinacional. Si a la hora de pagar por el impuesto de sociedades lo hacen por debajo del techo que se ha fijado, es decir, del 15%, tendrán que pagar la diferencia. Esto puede ocurrir porque, como se ha explicado antes, el impuesto de sociedades del 15% español es sobre la base imponible y no sobre el resultado contable ajustado. Si lo que pagan está por encima del 15%, no se verán afectadas.

El segundo supuesto en el que se puede aplicar el nuevo esquema fiscal tendrá en cuenta las filiales en el exterior. En concreto, el tributo complementario podría activarse si la multinacional con matriz en España recibe ingresos de filiales en el extranjero que están tributando por debajo del 15%. En este caso se tasaría a la matriz a fin de conseguir que el conjunto del conglomerado empresarial llegue a tributar ese mínimo. Si no se llegara a ello, se prevé un tributo complementario que actuaría como "sistema de cierre". Montero ha detallado que se realizará una evaluación sobre cómo se comporta la nueva figura fiscal junto con la figura que ya tiene España.

Amenaza de Bruselas

En mayo, Bruselas lanzó un aviso a España y además a países (Polonia, Letonia, Lituania, Chipre y Portugal) por no haber transpuesto la directiva que recoge este mínimo del 15%. La Comisión Europea amenazó con llevar al Estado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber puesto en marcha la normativa, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2024.