Los alcaldes del PP, contra Sánchez: "Nos han quitado 1.300 millones para dedicarlos a defensa"
Barcelona"Sánchez les ha quitado 1.300 millones de euros de su financiación para dedicarlo a defensa". El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha atizado la indignación del mundo local contra el gobierno español aprovechando el aquelarre de alcaldes que los populares han organizado este martes en Barcelona. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de crédito de 1.300 millones de euros destinada a Defensa, sin especificar de dónde saldrían los fondos. El PP señala, como ya han hecho algunos medios, que lo harán de partidas que tendrían que ir destinadas al mundo local.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tildado la maniobra de inaceptable para la gestión diaria: "Es incomprensible que se detraigan 1.300 millones de euros de la financiación local para destinarlo a gastos de Defensa". Las declaraciones subrayan una fractura profunda entre la voluntad de los municipios de atender servicios básicos y una política estatal que prioriza el gasto militar por encima de la solvencia de los consistorios.
Barcelona se ha convertido este martes en el tablero donde el Partido Popular ha jugado sus cartas en el ámbito municipal para fijar una posición común en defensa de un "financiamiento local justo". Con la presencia de alcaldes con peso político propio como el mismo Almeida o Xavier García Albiol, de Badalona, la jornada ha servido para coordinar las reclamaciones de los consistorios ante un gobierno estatal que consideran que "desprecia el municipalismo". El objetivo es marcar un punto de inflexión en la defensa de la autonomía local, exigiendo que los ayuntamientos dejen de ser los "hermanos pobres" de la administración y recuperen el control sobre los recursos para atender las necesidades reales de la calle.
El debate ha culminado en el análisis de "la asfixia financiera de los ayuntamientos", limitada por la imposibilidad legal de endeudarse a pesar de tener cuentas saneadas, medida aprobada, precisamente, en el año 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. La gran reivindicación ha sido el uso de los remanentes de tesorería para inversiones sociales, "como la construcción de vivienda", petición que llevarán el próximo mes a la reunión con el ministerio de Hacienda. Una cita que han reivindicado, no como una concesión política voluntaria del gobierno español, sino como una "victoria judicial", ha afirmado María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha recordado la dureza del proceso: "Hemos tenido que acudir a la Audiencia Nacional para que el gobierno nos convoque".
