El PP acatará el reparto de menores, pero pide que sea "justo"

BarcelonaEl gobierno español prevé activar el artículo 35 de la ley de extranjería, que describe la acogida obligatoria y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas cuando se declara una "contingencia migratoria extraordinaria". Ceuta se encuentra en esta situación y, por tanto, este será el siguiente paso que dará el gobierno español para afrontar la crisis que vive la ciudad desde la llegada masiva de migrantes la semana pasada. Hasta ahora, el PP había dejado en el aire su posición sobre este reparto, pero este miércoles la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha confirmado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido acatarán la ley. Participarán, así, en el reparto de los cerca de 1.100 menores migrantes no acompañados –según los datos hechos públicos por el presidente de Ceuta– llegados a la ciudad autónoma, aunque ha reclamado que el proceso sea "justo" y "planificado". Lo ha dicho en una entrevista a Onda Cero, un día después de que Vox –socio de gobierno de los populares en cuatro comunidades– rechazara abiertamente acoger a estos menores.

Precisamente, hace dos años, el partido de extrema derecha salió de todos los gobiernos autonómicos porque rechazaba el reparto que hizo el gobierno español tras una llegada masiva de migrantes a Canarias. El ejecutivo español había advertido este mismo miércoles al PP que debía "cumplir la ley", porque la alternativa eran los tribunales, ha dicho el vicepresidente primero del gobierno estatal, Carlos Cuerpo, que ha vinculado las reticencias populares a la voluntad de evitar un nuevo choque con Vox en los gobiernos autonómicos compartidos.

A pesar de acatar el reparto, Ezcurra ha defendido que la solución pide aplicar los mecanismos previstos en la ley, como la reagrupación familiar de los menores o su retorno a los servicios sociales de los países de origen, y ha pedido que el Estado asuma "la responsabilidad de sus actos". La dirigente popular también ha recordado que en el anterior reparto el gobierno español excluyó a Cataluña y el País Vasco por motivos políticos, y ha exigido que en esta ocasión el criterio sea equitativo. La vicesecretaria del PP se ha desmarcado, además, del tono del líder de Vox, Santiago Abascal, que en las redes había calificado a los menores migrantes de "ilegales e invasores" a raíz del anuncio de una partida de 25 millones de euros del gobierno español para atenderlos en Ceuta. Ezcurra ha dicho que su partido no comparte ni compartirá este tipo de lenguaje.

En la misma línea de lo que ya apuntó el PP el martes, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que los menores migrantes deberían volver a sus países de origen –"cada nación debe hacerse responsable de su infancia", ha dicho– y ha tildado de "incomprensible" el espectáculo de ver los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores enfrentados públicamente entre ellos en medio de la crisis, en referencia a las acusaciones cruzadas sobre si el CNI advirtió a Interior de la posible llegada masiva de migrantes. Ayuso, además, ha vuelto a apuntar a Pedro Sánchez, a quien ha reprochado que esté "de vacaciones" mientras se vive una "crisis humana" en Ceuta, y ha lamentado que España haya dado la espalda a aliados occidentales como Estados Unidos justo cuando surgen "los problemas auténticos".

El presidente de Ceuta aporta nuevos datos

El anuncio de los populares llega en medio de una crisis migratoria en Ceuta que el ejecutivo local califica "de insostenible". De hecho, el presidente de Ceuta, el también popular Juan Jesús Vivas, ha aportado este miércoles un nuevo dato que agrava el retrato de la crisis: calcula que todavía hay unos 6.000 migrantes irregulares en las calles de la ciudad autónoma desde el pasado jueves, cuando se produjo la entrada masiva desde la frontera con Marruecos. En una entrevista a TVE, Vivas ha denunciado que el Estado aún no dispone de cifras exactas –más allá de las del ministerio del Interior– y ha atribuido esta carencia a una falta notable de medios en la gestión de la crisis.

Vivas ha cargado contra el gobierno español por no haber identificado todavía a las personas presentes en la ciudad ni haber abierto expedientes de expulsión. En cuanto a los menores, ha situado en 1.100 los que ahora se atienden en los centros –frente a los 750 que había antes de la entrada masiva–, una cifra que, según su cálculo, supone un 2.600% por encima de la capacidad de los equipamientos. El presidente ceutí ha puesto en duda, además, la colaboración de Marruecos en el control fronterizo.

Junts vuelve a decir que no

Junts, por el contrario, ha vuelto a rechazar que Cataluña forme parte del reparto de menores. En un comunicado difundido este miércoles, la formación ha reafirmado lo que la líder juntaire en el Congreso, Miriam Nogueras, tuiteaba este martes en X. El grupo recuerda que siguen vigentes los criterios fijados el año pasado en el Real decreto ley 2/2025, que estableció el reparto de los menores llegados a Canarias con una cláusula de exclusión para Cataluña en concepto de compensación histórica. Según Junts, el Principado ya acoge mucho por encima de su capacidad mientras otros territorios evitan sus responsabilidades.

Nogueras ha reclamado una vez más la aprobación urgente de la ley que su partido ha impulsado para traspasar a la Generalitat las competencias en inmigración. La líder del partido en Madrid, además, ha cargado contra el resto de fuerzas catalanas y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su "sumisión e inacción" ante el Estado, y ha afirmado que el veto a Cataluña se debe mantener hasta que la Generalitat tenga plena soberanía sobre flujos migratorios, seguridad, control de fronteras, integración y recursos.

En cambio, desde ERC, su presidente, Oriol Junqueras, ha admitido que "seguramente" Cataluña deberá "continuar" haciendo esfuerzos para acoger menores no acompañados, pero también ha instado "a todos a asumir responsabilidades, empezando por los estados".