El alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, se marcó un objetivo: no renovar las licencias de vivienda de uso turístico (HUT) para que en 2029 ya no quede hacia Barcelona tal y como las conocemos ahora. El sector ahora contrataca y hoy ha presentado un estudio con dos conclusiones: los pisos turísticos tienen un impacto de 1.928 millones de euros y 40.340 empleos; y su existencia no hace crecer el precio del alquiler en la ciudad.

En el corazón del distrito financiero de Sydney es habitual ver rebaños de americanas con cafés para llevar entrando en las sedes de las corporaciones, pero este lunes en la torre uno de las International Towers también se veían uniformes de la Policía Federal Australiana. Los agentes llevaban a cabo un cacheo en la sede de la consultora PwC Australia que tanto la empresa como el cuerpo policial anunciaban que duraría días. Un portavoz de PwC afirmaba que la policía buscaba información sobre empleados que han dejado la compañía y que "habían trabajado con la AFP (Policía Federal Australiana) desde el principio".

El gobierno español lleva meses trabajando a contrarreloj, primero para diseñar el plan de recuperación y el decreto para gestionar los fondos y ahora para poner en marcha un ambicioso plan de 140.000 millones de euros. Es un complejo engranaje en el que España se juega mucho y el ejecutivo no lo ha hecho solo. Con una administración desbordada con el plan, la Moncloa y los diferentes ministerios han contado con ayuda externa para diseñarlo y para contribuir a canalizar las ayudas. Grandes consultoras –como Deloitte, EY, KPMG y PwC, las llamadas Big Four– no solo han ayudado al gobierno de Pedro Sánchez a elaborar el plan, sino que algunas también han firmado contratos para asesorar al ejecutivo a la hora de ejecutar los fondos europeos. Son las mismas consultoras que también asesorarán a muchas empresas para obtener dinero de los fondos para financiar sus proyectos.