Poner fin a "la cultura del subsidio" o "de la dependencia" y "premiar la cultura del esfuerzo" es una de las propuestas de Junts en su plan para rehacer a la clase media, que considera que está en vías de desaparición. La formación propuso el pleno monográfico que ha comenzado este martes, donde ha planteado dar la vuelta de arriba abajo al modelo de subsidios vigente, reformulando y limitando de manera significativa la renta garantizada de ciudadanía, que aprobó en julio del 2017 el ejecutivo que encabezaban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. De rebote, esto también significa una enmienda al modelo del ingreso mínimo vital español.

Lo peor que puede ocurrir con una ayuda pública es que no llegue a quien debe llegar y que, en los que sí les llega, no tenga los resultados deseados. La última evaluación de el Airef sobre el ingreso mínimo vital (IMV) se publica con esa doble advertencia: la prestación no llega a quien más la necesita y, cuando lo hace, puede generar efectos no deseados. Sólo reciben el IMV la mitad de las familias que podrían tenerlo, y reduce la probabilidad de trabajar de quienes lo reciben. Sin embargo, no es un fracaso inevitable, sino una oportunidad de repensar el diseño –y la función– de la política del IMV. Si queremos que sea una herramienta útil contra la pobreza, es necesario redefinirla con más inteligencia y confianza en la ciudadanía.

Haber cobrado el ingreso mínimo vital (IMV) y tiempo después recibir una carta de la Seguridad Social en la que se exige el retorno de una parte de la prestación cobrada ha sido un hecho que han vivido numerosas familias con un poder adquisitivo bajo y con riesgo de pobreza desde que se desplegó esta ayuda en el 2020, en plena pandemia de la Covid-19. Sin embargo, se trata de una situación que puede tener los días contados.

Esta semana se ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2023, una radiografía de cómo vive la ciudadanía y cómo llega a fin de mes. Y no es sólo un ejercicio informativo, de saber cómo mejora o empeora nuestro bienestar, sino una de las herramientas más útiles que tenemos para diseñar mejores políticas. Si los instrumentos públicos que definimos no se adaptan a las necesidades reales de la ciudadanía, poco podrán realizar para mejorar su calidad de vida.

Mujer, de 46 años y nacionalidad española. Éste es el retrato robot del grueso de los titulares que actualmente perciben el ingreso mínimo vital (IMV) en Cataluña. En total, este mes de febrero la Seguridad Social ha abonado 53.726 prestaciones a hogares (titulares) del Principado que han beneficiado a 172.534 personas, según datos publicados este jueves por el ministerio de la Seguridad Social, que por primera vez aportan información actual y no información acumulada de la prestación desde su puesta en marcha en 2020. Del conjunto de titulares de las prestaciones, 28.610 son mujeres (53%), de nacionalidad española (34.639 prestaciones) y de media tienen 46 años (el grueso de las prestaciones por titulares recae en la franja de edad de entre 36 y 45 años). En promedio, los hogares catalanes que en febrero han recibido esta prestación percibieron 458 euros.

En 2023 se terminó con dos malas noticias sobre el estado de nuestra infancia y juventud. Por un lado, UNICEF nos avisaba de los altos niveles de pobreza infantil. Somos líderes de la UE, con más de uno de cada cuatro niños y niñas que viven en situación de pobreza y no tienen acceso a las comodidades más básicas. Por otra parte, los datos conocidos a finales de diciembre sobre la última Encuesta en la juventud de Cataluña señalan que la tasa de emancipación de nuestros jóvenes no deja de caer. Sea cual sea su trayectoria personal, quieran o puedan trabajar o estudiar, o vengan de familias más o menos acomodadas, el común denominador de las personas jóvenes en Cataluña es que viven en casa sus padres. Este retraso en la emancipación afecta no sólo a su proyecto vital como adultos y decisiones tan relevantes como la maternidad, sino también a su salud mental.

Imagina que tus ingresos mensuales son de 710 euros y pagas 280 por un piso de alquiler. Puede parecer difícil, no sólo haber encontrado un alquiler tan asequible, sino llegar a fin de mes con poco más de 400 euros. Con esto tienes que cubrir el agua, la calefacción, la comida, la factura del móvil y, si te llega, alguna actividad de ocio para olvidar lo complicada que tienes la vida. Pero, por difícil que te lo parezca, un 7% de la población de Catalunya vive así o peor; es decir, por debajo del umbral de ingresos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Y, de ellos, casi la mitad sufren de sobrecarga financiera de la vivienda, destinando más de un 30% de sus ingresos al alquiler o hipoteca.

Tras conocerse que las pensiones contributivas subirán un 3,8% el próximo año, la flamante ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz (PSOE), adelantó este martes que el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas se incrementarán en un 6,9%. Asimismo, también explicó que la pensión más baja de todas, la de viudedad con cargas familiares, se incrementará un 14% en 2024 y, finalmente, situó el incremento de las pensiones mínimas entre un 5% y un 7 %, según ha detallado en una entrevista en la agencia Efe.

El ingreso mínimo vital (IMV) está llegando a los más vulnerables, pero es una prestación que se ha "estancado". Así lo concluye la Autoridad Fiscal (Airef) en su segunda opinión sobre la prestación publicada este miércoles. El organismo independiente que dirige Cristina Herrero señala que el número de beneficiarios del IMV se mantiene en 284.000 hogares, es decir, en el 35% de los hogares que podrían recibirlo (800.000 es el objetivo que se marcó el ministerio de la Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá). Además, la Airef vuelve a detectar que hay un gran número de familias que tendrían derecho a la prestación, pero que no la solicitan (es lo que en inglés se denomina non-take-up): 470.000 familias (58%). Este conjunto, pues, dibuja un escenario muy similar al de hace un año, cuando la Airef presentó la primera opinión sobre esta prestación aprobada en plena pandemia de coronavirus, en junio de 2020.

La semana que viene la Seguridad Social pondrá en marcha un plan “de intensificación” para reclamar la devolución de los pagos indebidos del ingreso mínimo vital (IMV). "Cobros indebidos", dicen, como si el error fuera de las personas beneficiarias y no del diseño de la misma ayuda y provocado por una carencia de coordinación entre la administración estatal y las autonómicas. El plan para recuperar el dinero durará cuatro meses y consiste en un sistema de incentivos para los funcionarios –de poco más de 10 € por cada resolución emitida fuera de su jornada laboral.

El último verano pandémico está siendo, también, el primer verano inflacionista. Con la invasión en Ucrania iniciábamos el preámbulo de una nueva crisis económica, sin haber salido al 100% todavía de la anterior. Sufrimos importantes aumentos de los precios de la energía –entre 2 y 6 veces más altos que hace dos años– y otras materias primas como los cereales. Y esto en un país como el nuestro, donde más de un tercio de las familias declaran que no pueden asumir gastos imprevistos con los recursos de que disponen. El otoño se prevé oscuro, y en momentos de incertidumbre es cuando los mecanismos de ayuda del estado tienen que estar en marcha para poder llegar a quien más lo necesita. 

Hay 400.000 hogares en todo España que tendrían derecho a recibir el ingreso mínimo vital (IMV) pero que no lo solicitan. Es lo que en inglés se denomina non-take-up. Detrás está la compleja tramitación de este tipo de prestaciones, la falta de información alrededor de la ayuda, el miedo a no recibirla porque ya se está cobrando alguna otra prestación, como por ejemplo el paro, o incluso el estigma, entre otros motivos. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su primer análisis sobre el IMV desde que se puso en funcionamiento justo con el estallido de la pandemia, en junio del 2020.

Un paso más para conseguir que la renta garantizada de ciudadanía (RGC) pueda ser compatible con el ingreso mínimo vital (IMV). La proposición de ley de los comunes para modificar esta prestación y hacerla más flexible ha superado el debate en el Parlamento, y ahora continuará la tramitación. PSC-Unidos, ERC, Junts y la CUP-NCG también han apoyado al nuevo texto. De hecho, los dos socios del Govern han retirado la enmienda a la totalidad que habían interpuesto, de forma que no ha hecho falta ninguna votación en el pleno de este miércoles. El objetivo de la proposición de los comunes es "resolver vacíos" legales de la norma para facilitar la complementariedad de la RGC con el IMV estatal, "maximizar las posibilidades de llegar a colectivos no atendidos hasta ahora por la renta garantizada", sobre todo para aquellas familias que tienen hijos a cargo, y la creación de una nueva prestación complementaria para cubrir las necesidades básicas de acceso a la vivienda.

Solo el 28% de las personas que viven en situación de pobreza en Catalunya reciben la renta garantizada de ciudadanía (RGC) del Govern. La ayuda estatal del ingreso mínimo vital (IMV) apenas cubre el 13% de los catalanes que sufren pobreza severa y no llega ni al 6% si se coge a las personas que están bajo el umbral de ingresos que da derecho a cobrarlo. El colchón social para hacer frente a la emergencia en que se encuentran cada vez más hogares (solo hay que ver los últimos datos de la Fundación Foessa) no está llegando a todo el que lo necesita, y los motivos, según un informe presentado hoy por la Mesa de Entidades del Tercer Sector, son una mezcla de falta de proactividad para dar a conocer las ayudas a los beneficiarios, saturación administrativa, brecha digital en el acceso y embrollo burocrático para acreditar que se cumplen los requisitos.