La Airef calcula que 400.000 hogares con derecho al ingreso mínimo vital no lo llegan a pedir

MADRIDHay 400.000 hogares en todo España que tendrían derecho a recibir el ingreso mínimo vital (IMV) pero que no lo solicitan. Es lo que en inglés se denomina non-take-up. Detrás está la compleja tramitación de este tipo de prestaciones, la falta de información alrededor de la ayuda, el miedo a no recibirla porque ya se está cobrando alguna otra prestación, como por ejemplo el paro, o incluso el estigma, entre otros motivos. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su primer análisis sobre el IMV desde que se puso en funcionamiento justo con el estallido de la pandemia, en junio del 2020.

La cifra es preocupante porque estos hogares suponen el 57% de los posibles beneficiarios (700.000 hogares en todo España). Es por eso que la Airef ha pedido mejorar la eficacia y la eficiencia de la prestación, simplificar el proceso, profundizar en las causas del non-take-up o fomentar la publicidad institucional de la prestación, así como mejorar la coordinación entre el ingreso mínimo y las rentas que dan las comunidades autónomas –Catalunya está modificando su renta garantizada para hacer compatibles las dos prestaciones–. El organismo que dirige Cristina Herrero, sin embargo, también ha reconocido los cambios que ha llevado a cabo el ministerio de la Seguridad Social para mejorar, precisamente, el acceso a la prestación. Un ejemplo es que el cálculo del IMV ya no disminuye según si una persona recibe o no una prestación a la dependencia.

Con todo, la Airef reconoce que el ingreso mínimo vital es una herramienta "potente" para reducir la pobreza y calcula que si estuviera del todo desplegada podría cubrir el 60% de las personas en riesgo de pobreza en España. Con datos del 31 de diciembre del 2021, la Airef calcula que el IMV ha llegado a 284.000 hogares españoles (el 40% de los hogares que se calcula que tienen derecho a esta prestación) y se ha ejecutado el 56% del presupuesto que se destinó. Herrero, som embargo, no ha querido entrar a valorar si esto se traduce en un fracaso.

Detrás estas cifras, sin embargo, también están las denegaciones. La Airef ha destacado que, desde que se puso en marcha la medida hasta el 31 de diciembre, el gobierno español recibió un total de 1,5 millones de solicitudes, el 73% de las cuales se han denegado o bien porque no cumplían con los criterios de unidad de convivencia o empadronamiento, o bien porque los ingresos de la familia pasaban de la renta mínima fijada para recibir la prestación.