Desconocimiento, brecha digital y laberinto burocrático: las barreras a la hora de cobrar ayudas sociales

BarcelonaSolo el 28% de las personas que viven en situación de pobreza en Catalunya reciben la renta garantizada de ciudadanía (RGC) del Govern. La ayuda estatal del ingreso mínimo vital (IMV) apenas cubre el 13% de los catalanes que sufren pobreza severa y no llega ni al 6% si se coge a las personas que están bajo el umbral de ingresos que da derecho a cobrarlo. El colchón social para hacer frente a la emergencia en que se encuentran cada vez más hogares (solo hay que ver los últimos datos de la Fundación Foessa) no está llegando a todo el que lo necesita, y los motivos, según un informe presentado hoy por la Mesa de Entidades del Tercer Sector, son una mezcla de falta de proactividad para dar a conocer las ayudas a los beneficiarios, saturación administrativa, brecha digital en el acceso y embrollo burocrático para acreditar que se cumplen los requisitos.

Las situaciones son variadas pero las barreras para acceder a prestaciones sociales acaban siendo recurrentes, según la diagnosis de la economista Elena Costas, coautora del estudio que analiza los defectos que presentan la RGC, el IMV, la prestación para pagar deudas del alquiler y la ayuda para familias con niños de 0 a 16 años. "Una familia que pide la RGC pero que acaba de llegar a Catalunya de otra comunidad autónoma no tendrá derecho porque no cumple el tiempo mínimo de padrón requerido, otra que se traslade a Barcelona verá que la beca comedor que cobraba en Sabadell no existe en la ciudad, o un solicitante del IMV no sabrá dónde dirigirse a pedirlo o bien se encontrará que si se lo conceden pierde otra prestación, como la que se otorga a familias con hijos menores a cargo", cita solo como ejemplo.

A partir de las situaciones que relatan los usuarios entrevistados para elaborar el informe, las autoras han creado un semáforo sobre si hay o no barreras administrativas y la dificultad que supone superarlas para las personas en precario que tienen que afrontar los trámites. Uno de los principales obstáculos, de entrada, es el desconocimiento que todavía persiste sobre los derechos que tienen los mismos usuarios al pedir las ayudas: seis de cada diez usuarios de Cáritas no conocían la existencia de la RGC el 2020 y más de la mitad tampoco conocían el año pasado el IMV. "Hace falta más proactividad de la administración, usar los datos que ya tiene y el algoritmo, al menos para identificar potenciales beneficiarios", dice la economista Cristina Ferrer. Cita como ejemplo de buenas prácticas lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona con la ayuda a familias con hijos a cargo, que les informa que tienen derecho a pedirlo.

Però la carrera de obstáculos no se acaba en cuanto el usuario conoce la existencia de una ayuda y supera "el estigma" que todavía existe a la hora de pedirla, lamenta Costas. El acceso a la prestación es un primer muro –y bastante alto, a veces– cuando los canales para acceder son limitados: "No todos los colectivos tienen los medios y conocimientos necesarios para relacionarse electrónicamente con la administración", dice Ferrer refiriéndose a la brecha digital que sufren un 32% de los hogares, según Cáritas .

A la hora de probar los requisitos que se tienen que cumplir, el informe hace dos críticas al funcionamiento de las prestaciones vigentes. Una tiene que ver con el exceso de condicionantes, que acaba excluyendo a algunas personas, como pasa en el caso de la RGC con los menores de 30 que no pueden acreditar dos años de vida independiente. "Algun día tendremos que hablar de por qué se excluye a los jóvenes de algunas ayudas", apunta Costas. La segunda crítica en cuanto a los requisitos es que se obliga a los usuarios que quieren la ayuda a aportar datos y documentación que la administración (sea la que hace el trámite o bien otra) ya tiene. "Se carga sobre el usuario tener que acreditar la información sin informarlo de su derecho a no facilitar información que ya tiene la administración", censura una de las autoras del informe.

A partir de la entrada de la solicitud, las barreras tampoco se desvanecen y la comunicación con la administración que está haciendo el trámite es demasiado difícil, según Costas. Las autoras piden que los periodos de enmienda de posibles problemas o información incompleta se alarguen, que se informe proactivamente en los casos de denegación y se entre mucho más a especificar los motivos y, sobre todo, se aligere la burocracia para renovar la ayuda una vez ya se está recibiendo.

A partir de este informe, la presidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector, Francina Alsina, ha exigido a la administración que cumpla las leyes aprobadas y en vigor, y "garantice los derechos básicos de todos los ciudadanos". A pesar de apostar todavía por el diálogo y no por ninguna otra medida de presión (como por ejemplo la judicial), Alsina ha subrayado que lo que ven las entidades sociales día a día tiene que hacer acelerar estas ayudas a las que cada vez tienen que recorrer más hogares.