Una de las películas emblema de Navidad es, de siempre, Qué bonito es vivir, la tierna historia de un hombre, George Bailey, que regenta una especie de caja de ahorros que tiene una cooperativa para construir viviendas para gente humilde y que es asediado por el rico del pueblo, el señor Potter, cuyo sueño es que la ciudad lleve su nombre, Pottersville, que todo sea suyo y que los pobres vivan en la indigencia. El filme de Frank Capra representa unos valores, en el marco del capitalismo humano, similares a los del Cuento de Navidad de Dickens. La responsabilidad social, la humildad, la empatía con los desfavorecidos. Pottersville, que resuena cada vez más en el presente, es, en cambio, la gran metáfora del capitalismo salvaje y la inhumanidad.

La promesa de Salvador Isla de haber construido 50.000 viviendas en Cataluña en 2030, junto con la recuperación del Pla de Barris del tripartito, genera expectativas y preguntas. Obviamente, tendrá que revalidarse como presidente un mandato más para conseguirlo. Las políticas de vivienda no se improvisan y requieren al menos una década.

Sarah Kumnig es experta en políticas de vivienda y profesora de la Universidad de Economía y Empresa de Viena. La capital de Austria es la ciudad con el mayor parque de vivienda pública de Europa. El precio del alquiler de estos pisos públicos se sitúa en torno a 8 euros el metro cuadrado. Es la mitad de lo que debe pagarse en Barcelona, donde se superan los 16 euros por metro cuadrado.

Ha sido cuestión de días: de desconocida en primera página. Empezó a asomarse la semana pasada, tímidamente, en este análisis hasta que esta mañana ha aterrizado en nuestra portada y en la de todos los diarios.

Lo mejor del oficio de escribir es que te obliga a leer más. Tengo la suerte de que la arquitecta Marta Cervelló, autora de libros y publicaciones relevantes y mano derecha de Josep Lluís Mateo durante muchos años, me ha dejado un librito maravilloso que compró en Londres y que me ha permitido conocer una historia que utilizaré para plantear un dilema arquitectónico importante.

A principios de marzo, la prensa se hacía eco de la crítica al gobierno de la Generalitat, por parte de Foment del Treball y de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), por los acuerdos suscritos en materia de vivienda. Dichos acuerdos eran relativos al registro e impuestos a los grandes tenedores, a la ampliación del derecho de tanteo y retracto, y otros, y la crítica afeaba la limitación al libre mercado y decía que quería proteger las expectativas del negocio inmobiliario. Sin embargo, no eran habituales el tono de enfado ni la argumentación empleada, ya que estas asociaciones se atrevieron a recomendar al Gobierno, tildándolo de ignorante, que no escuchara las propuestas de ERC y los Comuns, para finalmente reclamar que se atendiera la voz de los "verdaderos profesionales del sector".

Existe un amplio consenso político y social en el sentido de que la crisis de la vivienda es una prioridad. Estamos en un momento de urgencia residencial. El incremento de población –en veinte años hemos pasado de 6 a 8 millones de habitantes– y el sector turístico y servicios han tensionado al máximo el mercado de la vivienda. Los precios están disparados, tanto de compra como de alquiler. En especial, para los jóvenes resulta muy difícil emanciparse. La media de edad en la que se marchan de casa está en los 30 años, muy por encima de la europea. El problema de la vivienda es muy grave en Barcelona y toda su área metropolitana, pero en realidad afecta ya al conjunto de Catalunya, con muchas ciudades pequeñas o medianas con coyunturas también complicadas. Basta con ver el caso de El Vendrell que explicamos hoy, ciudad que ha doblado a la población en dos décadas y que ya empieza a generar gentrificación en sus vecinos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido construir 50.000 viviendas públicas en Catalunya antes de 2030. Pero detrás de las grandes cifras surgen algunas preguntas. Una de ellas es si la administración tiene la capacidad de gestionar todo ese parque público. El ARA ha visitado durante los últimos cuatro meses una cuarentena de promociones del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), que suman más de 2.800 pisos. Una muestra que aflora algunos de los problemas de esta oferta pública: pisos y aparcamientos vacíos; quebraderos de cabeza con la construcción y el mantenimiento de los edificios, y dificultades para gestionar los conflictos habituales del día a día de los vecinos.

Este fin de semana, en el dossier, nos fijamos en el reto de gestionar la vivienda pública. El ARA ha visitado una cuarentena de promociones del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) que suman unos 2.800 pisos. La selección supone una pequeña muestra del conjunto del parque público municipal.

La Agencia Catalana de la Vivienda ha dado este miércoles un dato que ilustra la crisis de la vivienda en Cataluña. Entre 2021 y 2022 la administración sólo cubrió un 4% de las solicitudes de acceso a su parque de viviendas. En este período, el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial contó con una media de 85.600 inscritos, mientras que se asignaron una media anual de 3.450 viviendas. Son los datos más recientes disponibles, según el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

En Cataluña, el 94% del territorio es suelo no urbanizable, lo que es un activo desde el punto de vista ambiental, y también un indicador de que el suelo edificable es escaso y, por tanto, caro. El artículo 47 de la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que "las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo que los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho".

Cuentan Nicholas Dagen y Matthew Gordon que, entre 1930 y 1970, la ciudad de Nueva York encontró "espacio y recursos" para construir "cientos de miles de viviendas por debajo de precio de mercado, de formas y tamaños muy diferentes, así como para varios poderes adquisitivos". Hoy, medio millón de neoyorquinos viven en viviendas públicas, y un millón más viven en apartamentos asequibles promovidos por el sector privado gracias a subsidios estatales, federales o locales.

A las puertas de la manifestación por la vivienda de este sábado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona cerraron una batería de acuerdos para acelerar, entre otras medidas, la ampliación del parque público de pisos. La Generalitat aportará 120 millones de euros para la construcción de vivienda pública en la capital catalana. En los últimos tiempos, las instituciones se están empezando a poner las pilas ante una crisis de la vivienda que amenaza con romper la cohesión social. Pero partimos de una situación tan precaria que el horizonte de posibles soluciones parece muy lejano. Mientras, el malestar ciudadano, con los jóvenes como el colectivo más afectado, está empezando a desbordarse.

La vivienda asequible, además de dibujarla, debe construirse, lo que tiene un impacto centenario. En la Europa de las guerras, la vivienda pública se construyó sobre todo allá donde habían caído las bombas. También en Barcelona, ​​a través del Plan General de 1953, se concretaban planes de reforma interior para reconstruir zonas destruidas por la Guerra Civil. Visto en perspectiva, hace sólo cincuenta años que las leyes del suelo y de ordenación urbana regulan la participación de la colectividad en las plusvalías generadas por el urbanismo, por lo que es difícil encontrar parcelas en el interior de las ciudades consolidadas (barrios viejos y ensanches) para la construcción de vivienda pública. Éste era fundamentalmente el propósito de la obligación del 30%, que ahora parece que se flexibilizará.

La vivienda como preocupación colectiva es una materia nueva, porque históricamente se pensaba que correspondía al individuo proveerse de su propio cobijo. Esto deja de ser así desde que el urbanismo se convierte en una función pública, consecuencia lógica de la explosión de las ciudades a causa de las revoluciones industriales. Desde entonces, el urbanismo ha procurado reservar terrenos para la producción de vivienda asequible, pero esta no se ha ido produciendo al ritmo que preveían los planes, principalmente por falta de iniciativa privada (es una actividad poco lucrativa y, por tanto, no es un negocio) y de iniciativa pública (la rentabilidad de la inversión es a largo plazo y nunca se ha sabido lucir políticamente). El mercado de la vivienda es uno de los mercados más imperfectos, y Catalunya lo sufrió con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Desde entonces, se calcula que ha habido cerca de 340.000 personas desalojadas en 140.000 lanzamientos. La Administración tuvo que hacer frente a estos dramas personales sin un parque público adecuado, y, digámoslo claro: por un fallo económico que provocó el sector bancario.

En estos últimos veranos, la Fundación Pere Tarrés y entidades vinculadas organizamos actividades de ocio educativo para 35.000 niños y niñas. En éstas, unos 6.000 niños participan becados. Según un estudio del verano de 2023, un 38% viven en una situación de pobreza extrema o grave. Para todos ellos, los días antes de irse de colonias son una locura, hay que preparar el bolso o mochila, cuesta dormir, todo es ilusión. Durante la actividad la alegría es permanente, las expectativas para el día siguiente en el casal de verano mantienen el estado de tensión. Van a la playa, van a una piscina con toboganes, al anochecer o al último día habrá una velada, se levantarán pronto para hacer una buena excursión desde la casa de colonias... Pero, como en todo, llega la conciencia de que aquella situación excepcional se termina. Y empieza a vivirse un momento que para los niños más vulnerables puede ser difícil.

Hace pocos días, la editorial del ARA se titulaba “Contra el problema de los alquileres, parque de vivienda pública” y afirmaba, entre otras cosas, que “la solución más efectiva sería que existiera un gran parque de vivienda pública que fuera capaz de acondicionar los precios del mercado. Esto es lo que ocurre en ciudades como Viena y su área metropolitana, donde hace más de un siglo que la vivienda está en buena parte gestionada por la administración”.

Hay un famoso cartel del Servicio de Propaganda de la Generalidad republicana durante la Guerra Civil con el lema en catalán "Feu tancs!" ("Haced tanques!"). Lo dibujó Martí Bas. Debajo, remachaba: "Son los vehículos de la victoria". La industria de guerra, por cierto pilotada por el entonces consejero Josep Tarradellas, hombre fuerte del gobierno Companys, movilizó a muchas fábricas requisadas. A la emergencia de la guerra se respondió con una acción pública contundente, con implicación privada forzada (y polémica, claro está). En cualquier caso, se actuó con decisión. Ya entonces Tarradellas demostró ser un político de raza con espíritu de servicio y pragmático. ¡Cómo se echa de menos esta tipología de político!

No habrá nieve artificial subvencionada. La Generalitat no renovará la línea de ayudas que desde 2020 otorga a las tres estaciones de esquí privadas que hay en Catalunya para compensarlas por las pérdidas ocasionadas por el paro de la pandemia de cóvido. Una vez superada esta urgencia y que la situación comercial de las pistas se ha normalizado, la partida de 1,2 millones de euros destinada a la mejora de las instalaciones, como la producción de nieve con cañones o las inversiones por reducir el impacto medioambiental, se desviará a la compra de una noventa de viviendas en el Alt Pirineu-Aran.

"Las ocupaciones de las viviendas no son un problema". Lo admiten desde los ayuntamientos de El Vendrell y de Castelldefels, que han hecho de la urgencia de los desalojos una de las grandes prioridades del mandato que apenas arranca. Lo cierto es que los datos que aportan los Mossos d'Esquadra confirman que las ocupaciones "delincuenciales", las que afectan a una residencia habitual y el Código Penal califica de violación de domicilio, son testimoniales. La historia de una familia que se va un rato de casa y cuando vuelve ya tiene dentro unos ocupas es “una falsa leyenda”, en palabras del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Según la estadística policial, de las 6.863 ocupaciones que se denunciaron en Catalunya el pasado año, el 98% tuvieron lugar en pisos vacíos. Esto significa que sólo en 159 casos, el 2,3% del total, se ocuparon domicilios habitados, independientemente de si se trata de viviendas de primera o segunda residencia.