Salvador Illa promete 50.000 pisos para ligar a ERC y los comunes

BarcelonaDe los dos acuerdos de investidura que firmó Salvador Illa con Esquerra y los comunes por su investidura, el presidente de la Generalitat ha decidido priorizar lo que pactaron en vivienda. De hecho, en los últimos años, a raíz de la emergencia de la vivienda que vive el país, esta cuestión se ha convertido en una de las grandes promesas a las que han recurrido los últimos presidentes, tanto el catalán, Pere Aragonès, como el español, Pedro Sánchez. En su primer debate de política general, Salvador Illa ha prometido construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, lo que supondría una inversión total de 8.300 millones de euros, 4.400 en cuatro años, según ha anunciado en su intervención en el Parlament. La promesa no es nueva, sino que forma parte de los pactos con ERC y los comunes y, de hecho, el propio presidente de la Generalitat lo anunció en su debate de investidura.

Actualmente, según datos del Govern, en Catalunya hay 55.000 pisos de alquiler social. Por tanto, la promesa del Gobierno supondría duplicar este parque público –actualmente la oferta de este tipo de vivienda es del 2%, mientras que la media en la UE es del 9,3%–. La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Acción Climática y Vivienda, Silvia Paneque, ya había anunciado que la inversión total para desplegar este paquete de medidas ascenderá a los 8.300 millones de euros. Los 4.400 millones anunciados hoy por Isla corresponden a la inversión anual de 1.100 millones que el Gobierno prevé realizar esta legislatura, una cifra que, según el ejecutivo, es la "más importante hecha nunca" por una comunidad autónoma en esta materia y que se plasmará ya a los presupuestos de 2025.

Desde Territori no concretan cuántos de los 50.000 pisos prometidos estarán disponibles en 2028, después de esta primera inversión, y que supondrían duplicar en seis años el parque público de vivienda en Catalunya. En cualquier caso, en el 2028 quedaría pendiente movilizar 3.900 millones para llegar hasta la inversión final anunciada por el Gobierno. "Que el anuncio sirva para ser el primer paso de su cumplimiento", afirmó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aunque tachó el discurso de Isla de "decepcionante" y "poco ambicioso". "La música suena bien, hay que ver la letra y la partitura. Qué recursos son de la Generalitat y cuáles a crédito, o dónde se va a construir y movilizar este suelo", ha añadido el portavoz de los comunes, David Cid, en rueda de prensa.

Hace dos años, el Gobierno de Pere Aragonès pactó con los mismos socialistas construir 10.000 pisos nuevos de alquiler social hasta 2026. La promesa formó parte del acuerdo para los presupuestos del 2023, los últimos que aprobó el ejecutivo de ERC y los todavía vigentes en Catalunya. El compromiso no se materializó y un año después volvió a ponerse por escrito en el pacto que el ejecutivo de Aragonès y los socialistas firmaron para los cuentas de este año, que no terminaron viendo la luz por el desacuerdo con los comunes a raíz del Hard Rock. Ahora, el objetivo de Salvador Illa es hasta el 2030, cuando deberían estar disponibles 50.000 viviendas públicas.

Más medidas en vivienda

Aparte de esta inversión, Illa también prevé crear una reserva pública de suelo para poner a disposición solares públicos para la construcción de vivienda pública de alquiler. La primera convocatoria se realizará en febrero del 2025. El objetivo del ejecutivo catalán es ampliar la reserva de suelo disponible, pero también mejorar la "rapidez en la ejecución" además de la "colaboración público-privada". Por ello, también se ha comprometido a reducir en un 50% la entrega de viviendas y que se pueda realizar en 50 meses y no 100 como hasta ahora, además de ofrecer la Generalitat para alquilar o comprar las promociones privadas de obra nueva destinadas a vivienda pública en zonas con alta demanda. Por tanto, para los pisos que se empiecen a promover en los próximos meses, la entrega no se produciría hasta finalizada la legislatura.

Illa también ha anunciado más ayudas como la creación de un fondo público de emancipación dotado de 500 millones de euros durante cinco años para financiar el 20% de los gastos de compra de 12.000 viviendas para jóvenes menores de 35 años, además de una reserva de 500 millones de euros anuales para ayudar a las familias a pagar el alquiler y adquirir 1.700 viviendas de segunda mano para evitar desahucios.

Financiación singular

Illa ha intentado guiñar un ojo a sus dos socios de investidura, Esquerra y los comunes, con la cuestión de vivienda, pero también ha aprovechado su primer discurso como presidente en un debate de política general para volver a comprometerse con el financiación singular pactada con los republicanos, pese a las críticas de los presidentes autonómicos del PP e, incluso, de algunos varones del PSOE. "Esto ocurrirá. Habrá una nueva financiación para Catalunya en los términos acordados con Esquerra, y en el calendario acordado", ha afirmado.

El presidente ha defendido que todas las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el PP, están de acuerdo en que es necesario modificar el sistema de financiación y ha asegurado que el Gobierno ya trabaja desde la "discreción". No ha hecho ninguna referencia a las palabras de su homólogo castellano-manchego, Emiliano García-Page, contra esta reforma de financiación, pero sí ha pedido cerrar filas y ha instado a Junts a sumarse al resto de partidos catalanes que reclaman avanzar hacia un nuevo modelo para que Catalunya recaude todos los impuestos: "Pedimos a todo el mundo que quiera y que pueda ayudar a hacer pedagogía y actuar con rigor".

En rueda de prensa, la portavoz Mònica Sales (Juntos) le reprochó hacer "populismo" con la vivienda con medidas que ven "casi imposible de ejecutar" si el presidente no se planta con el PSOE en Madrid. La diputada de la CUP Pilar Castillejo tildó el discurso de Isla de "continuista" y consideró que las propuestas en vivienda son las "mismas recetas de siempre". Desde el PP, Juan Fernández consideró contradictoria la posición de Isla cuando dice que no quiere enfrentar territorios, pero, al mismo tiempo, "ha iniciado una confrontación con las comunidades por la nueva financiación".