Lunes por la mañana, cuando arrancaba el juicio por el caso Kitchen, los periodistas que estaban delante de la audiencia nacional acosaban a algunos de los imputados. El único que se les puso bien fue el comisario José Manuel Villarejo, que, con la gorra y las gafas de sol que le caracterizan, tenía ganas de hacer hervir la olla mediática. El personaje se encarga de tensar el ambiente porque siempre se mueve mejor en contextos crispados. En medio del enjambre de micrófonos, la periodista de Mañaneros 360 le hizo una pregunta y especificó que era para el programa de Javier Ruiz de Televisión Española. El nombre del presentador provocó una reacción inmediata del comisario: “¡Ah! ¡Don Javierito!”, exclamó con sarcasmo. “Dígale a Don Javierito que a mí no me contrató el PP, como él dice. Esto es mentira. Además, Javierito, con lo buenos amigos que hemos sido en el pasado... ¡Parece mentira!” Javier Ruiz, alarmado, interrumpió la conexión y, aunque Villarejo no lo podía oír, quiso aclarar la metedura de pata: “¡No! ¡No! ¡No! ¡No, comisario! No vamos a tener un diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo... ¡Ni nos conocemos! ¡Nunca en la vida! ¡Usted es amigo de otros presentadores! ¡Se está equivocando usted! Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través del teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. ¡No nos hemos visto en la vida!”Villarejo, como si le hubieran avisado de la respuesta, insistió: “Si dice que no nos conocemos... ¡Qué mala memoria tiene Javierito, eh! ¡Estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferreras a la misma hora!” Dio a entender que, en el pasado, Ruiz se habría molestado por la proximidad del comisario con Antonio García Ferreras de La Sexta, y él, que entonces tenía el programa en Cuatro, también quería sus exclusivas. Javier Ruiz, intranquilo, volvió a desmentirlo. “¡Absolutamente falso! ¡Miente, Villarejo! ¡Jamás hemos tenido esta conversación! ¡Es un embustero!” Insistió en que todo el mundo sabía para qué periodista trabajaba: “Somos conscientes de a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla, por muy burda que fuera”.La palabra de uno contra la del otro y el misterio para la audiencia. Villarejo es capaz de dinamitar cualquier contexto. Era imposible aclarar quién decía la verdad, pero vale la pena analizar la estrategia del comisario. Se desvió del periodismo para pasar a la confrontación personal. Como no tenía el control de la situación informativa, pasó a dominar el marco televisivo. Provocó al periodista desautorizándolo públicamente. Villarejo es consciente de que insinuar complicidades es hacer perder credibilidad al periodista. El mismo comisario incorporó el nombre de Ferreras en la discusión porque así podía poner toda la estructura mediática bajo sospecha. Puso en evidencia las cloacas del periodismo para sobrevivir él.

Hace unos días el rey Juan Carlos, el emérito, fue aplaudido y vitoreado por el público de una plaza de toros, que le pedía, entre muestras de entusiasmo, que volviera. Que volviera a España, se entiende, pero también que volviera al lugar de poder y preeminencia que, según estas personas, le corresponde. Juan Carlos I, conviene recordarlo, es un jefe de estado no electo que a lo largo de cuarenta años de reinado defraudó miles de millones a la Hacienda del mismo estado sobre el cual reinaba, y que utilizó, también, las instituciones y los poderes del Estado (y, naturalmente, el erario público) para sus intereses particulares, que iban desde las aventuras eróticas hasta los negocios con los jeques petroleros que finalmente lo han acabado acogiendo bajo los auspicios de una dictadura. Pero todavía son muchos los partidarios de Juan Carlos convencidos de que el monarca vive en un exilio forzoso, víctima del entendimiento traidor de su hijo Felipe con los enemigos de la patria, etc.Esto viene a cuento porque, en España, la corrupción está tan fuertemente arraigada dentro de la arquitectura misma del Estado que forma parte indisoluble de él. Del rey para abajo, literalmente: la magistratura, el ejército, los cuerpos policiales. Por supuesto, también los gobiernos electos, ya sean centrales, autonómicos o municipales. Y los partidos políticos, naturalmente. No se debería olvidar nunca la selva frondosa de los corruptores, dentro de la cual hay desde empresas constructoras, energéticas y tecnológicas hasta medios de comunicación, pasando, cómo no, por la banca.Ahora el PP y el PSOE afrontan, en paralelo, juicios por casos de corrupción: la corrosiva trama Kitchen, por lo que respecta a los populares, y el casposo caso de las mascarillas, o caso Koldo, o Ábalos o Cerdán (se dice de todas estas maneras), por lo que respecta a los socialistas. La coincidencia de estos dos procesos judiciales se puede considerar el inicio de la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Así pues, veremos y oiremos a los dirigentes, y a los periodistas y medios afines, intercambiando insultos y reproches en el tono infantil y envenenado que hace tiempo que ha cogido la política española, en un espectáculo que solo se puede soportar los días de mejor humor.Ahora bien, no deberíamos equivocarnos. Incluso en la corrupción hay clases, y en el estado español quien manda en esta cuestión es y será siempre el Partido Popular. Las corruptelas de los socialistas y de otros partidos pueden llegar a formar lodazales de mucha consideración, pero ningún otro partido que no sea el PP, ni siquiera el PSOE, se puede permitir el lujo de organizar policías patrióticas o de reventar bancos en Andorra solo para destruir enemigos políticos, tanto externos como internos. Esto es por un motivo: como en la película Amanece, que no es poco, los otros partidos son contingentes, mientras que el PP es necesario. Necesario para la continuidad de la patria, tal como la entienden las instituciones y empresas antes mencionadas. Necesario para mantener equilibrado el poder en España, tal como entienden el poder, por ejemplo, todos estos que aplaudían a Juan Carlos en la plaza de toros.

El comienzo del juicio por el caso Kitchen ha provocado que los programas afines a la derecha busquen estrategias narrativas y visuales para minimizar el impacto sobre el PP. La filigrana más ingeniosa fue la de Antena 3 Noticias. A la hora de abrir el informativo optaron por un relato de dispersión: anunciar el calendario judicial de la primavera. Primero hacían referencia al caso Kitchen, pero a continuación recordaban todos los casos que afectan al partido socialista: el de las mascarillas, que se empezará a juzgar este martes; el del hermano de Pedro Sánchez, que se iniciará el 28 de mayo, y añadían también los casos de la financiación del PSOE, de Leire Díez y de Santos Cerdán que todavía no tienen fecha de juicio. Hacían evidente, así, la descompensación de la balanza entre el PP y el PSOE. Proyectaban el calendario en la pantalla del informativo, y entre los rostros imputados destacaba, en rojo, el logotipo del PSOE. El del PP no salía por ninguna parte. Sandra Golpe anunciaba: “Intenso calendario judicial que va a reactivar el choque entre PP y PSOE”. Más tarde insistía: “¡Esta primavera judicial viene intensísima!”A la hora de centrarse en el caso Kitchen se hacía evidente una estrategia visual que ya se había repetido a lo largo de la mañana. Para explicar el caso utilizaban imágenes de archivo que se centraban, sobre todo, en Luis Bárcenas y, un poco menos, en José Manuel Villarejo. En Espejo Público y en El programa de Ana Rosa —con Quintana de vacaciones—, hicieron lo mismo. Las imágenes de Bárcenas se repetían en bucle en diferentes contextos: saliendo de la prisión, declarando en un juicio, sentado en el banquillo de los acusados, entrando en los juzgados o caminando por la calle con su hijo o su abogado. Por lo tanto, Bárcenas no parecía la acusación popular sino el imputado principal. En segundo término, la figura de Villarejo era la más utilizada. De una manera más fugaz y esporádica se mostraba a Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, pero en la mayoría de los casos eran planos más generales que no personalizaban tanto la implicación. En Espejo público, el rostro que ocupaba la pantalla grande detrás de la mesa de Susanna Griso era el de Bárcenas. En Informativos Telecinco, los planteamientos gráficos de la pantalla continuaban señalando a Bárcenas como culpable. "La cocina del PP contra Bárcenas", titulaban con letras enormes. Y debajo ponían una imagen del tesorero y otra de Mariano Rajoy. Pero con una singularidad: sobre la fotografía de Bárcenas ponían un rótulo en mayúsculas: CONDENADO. La explicación de los hechos era correcta y rigurosa, pero toda la construcción visual continuaba señalando al tesorero. Un escándalo estructural que afecta al aparato de un partido y a las cloacas del Estado pasa a tener una narrativa visual que desvía la atención y que lo centra todo visualmente en dos figuras: Bárcenas y Villarejo. La elección no es inocente. Esta personificación no se corresponde con la magnitud de los hechos que se están juzgando y sirve para reducir el impacto reputacional de la cúpula del gobierno de Rajoy.

El juicio del caso Kitchen ha arrancado este lunes con un nombre en boca de todos, pero ausente en el banquillo de los acusados: el Partido Popular. La Audiencia Nacional está juzgando la presunta operación que se orquestó en el seno del ministerio del Interior, presuntamente auspiciada por Jorge Fernández Díaz, para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. La Fiscalía pide penas de hasta diecinueve años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha dejado fuera del perímetro de la causa al PP y a María Dolores de Cospedal, que fue secretaria general de los populares de 2008 a 2018. Durante la primera sesión, en el trámite de cuestiones previas, el PSOE –que está personado en el caso como acusación popular– ha querido poner énfasis en la "conexión política" y ha conminado al tribunal a juzgar también al PP como partícipe a título lucrativo –o responsable civil subsidiario– alegando que se benefició de la operación parapolicial, que pretendía ocultar las pruebas del caso Gürtel, que es lo que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los socialistas también han solicitado que se suspenda el juicio para reabrir la investigación sobre Cospedal y su exmarito, Ignacio López del Hierro.

Año 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

1. Mientras aquí nos comemos la mona, en Madrid trabajan. El tercer trimestre del curso comienza con una de esas noticias que traerán cola. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen. El caso volverá a situar al Partido Popular en el epicentro del fango. Y es que este no es, solo, un caso de corrupción. Es mucho más que eso. Se investiga si el partido que mandaba utilizó al Estado para tapar su propia corrupción. Los indicios parecen claros, pero la justicia, en España, siempre puede salir con un cirio roto.

En tu entorno hay arquitectos honrados que renuncian a proyectos especulativos que les darían ingresos generosos, médicas que no cambiarían el CAP del Raval por otro menos intenso, cocineras que nos alimentan honestamente y camareros que conocen el nombre y las manías de todos nosotros, gestoras públicas honestas que transforman el espacio común de la ciudad, editores que buscan libros como tesoros, periodistas capaces de homenajear en el momento de la muerte a los pianistas que nos han dado vida, niños que ayudan en la frutería de sus padres y aprenden de qué va la cosa, gente que sube las persianas muy muy temprano y otros que corren a coger el último metro. También hay promociones de jóvenes que se licencian con el futuro por estrenar y aplauden como si se hundiese la sala cuando su hermano coge en brazos para sentarlo en la silla de ruedas a un licenciado con grave discapacidad a punto de recoger su diploma. Hay familias que lo luchan y profesores que lo hacen posible. También hay empresarios conscientes y científicos que investigan, señoras que limpian y cuidan a nuestros abuelos como si fueran suyos, y todos ellos están calculando cuánto deben pagar a Hacienda.

Pese a los esfuerzos del PP por negar su existencia, las maniobras de las cloacas del Estado durante los gobiernos de Mariano Rajoy acumulan cada vez más evidencias. Uno nuevo audio publicado este miércoles por RAC1, de hecho, implica directamente al expresidente español en la Kitchen, la operación pagada con fondos reservados para robar al extesorero popular Luis Bárcenas información sobre las corruptelas del partido. Se trata de una conversación de septiembre de 2014 entre María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo. "Yo sé que antes le habían encontrado, y más o menos le habían limpiado, a ese todo lo que tenía", dice en un momento la ex secretaria general del PP, supuestamente sobre Bárcenas. Y añade: "A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

El Congreso va más allá que la Audiencia Nacional en las responsabilidades del caso Kitchen. Las conclusiones que la comisión de investigación ha aprobado este miércoles apuntan que el operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas –para robarle información comprometedora para el partido– se dirigió desde la sede de la calle Génova y "con conocimiento" de la secretaria general María Dolores de Cospedal, "que informaba" al entonces presidente, Mariano Rajoy. Los diputados han validado el texto presentado por el PSOE gracias a los votos de Unidas Podemos y EH Bildu. ERC y la CUP se han abstenido y Junts no ha participado en la sesión. Los independentistas catalanes habían redactado con Unidas Podemos unas conclusiones alternativas que se llevarán a pleno.

Pablo Casado anunció la marcha del PP de la sede de Génova con el objetivo de marcar distancias con un pasado manchado de corrupción, pero Mariano Rajoy se resiste a aceptar que el partido que presidió cometió irregularidades acreditadas con sentencias judiciales. En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso, Rajoy ha atribuido la Gürtel y la causa sobre la caja B al extesorero Luis Bárcenas. "El PP ha sido condenado solo como partícipe a título lucrativo, una figura jurídica que exige que el condenado desconozca absolutamente el hecho por el cual ha sido condenado. Aquella fue una operación cometida por una persona y en la que no estaban involucrados la inmensa mayoría de militantes que tiene el PP en todo España", ha asegurado.

La comparecencia de María Dolores de Cospedal en la comisión del Congreso encargada del caso de espionaje Kitchen había despertado muchas expectativas. El 2 de junio se suspendió porque justamente se supo que el juez Manuel García Castellón había decretado su imputación y los diputados pensaron que se acogería a su derecho a no declarar. "Me parece muy fuerte. ¿Por qué me han desconvocado? ¡Qué tontería!", se quejaba desde los pasillos de la cámara baja. La avisaron con tan poca antelación por correo electrónico que se enteró cuando ya había llegado al Congreso. Ese día estaba dispuesta a declarar, según explica, pero este jueves ha preferido acogerse a su derecho a no decir nada sobre el caso porque la Fiscalía, el PSOE y Unidas Podemos –que ejercen la acusación popular– han recurrido el archivo.

El siempre fértil territorio de la derecha española se ha mostrado, estas últimas semanas, especialmente fecundo en situaciones y espectáculos esperpénticos, dignas de la pluma de Valle-Inclán.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha entregado en un escrito al juez el número completo de uno de los dos números de teléfono que asegura que le dieron para contactar con el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy para informarlo del detalle de la trama Kitchen, el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados del gobierno español.

El juez que instruye el caso Kitchen en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha comunicado este miércoles que investiga a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo. El magistrado cita a la exministra de Defensa a declarar el 29 de junio, el día siguiente lo harán López del Hierro y el ex jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, y el 1 de julio será el turno para el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez y de Villarejo. Los dos estaban citados esta mañana, pero el martes se conoció que la citación había quedado suspendida.

¿Cómo puede ser que Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, no esté investigado en el caso Kitchen? Esta es una de las grandes preguntas que planean sobre la causa judicial por la presunta operación de espionaje a Luis Bárcenas para robarle documentación comprometedora para el PP, pagada a cargo de los fondos reservados del Estado. Están investigados sus superiores jerárquicos –el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez– y sus subordinados, como el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el ex jefe de asuntos internos Marcelino Martín Blas, nombrado por decisión suya. Pero él no.