Las alcantarillas del Estado se sientan en el banquillo de los acusados: quién es quién en el caso Kitchen

MadridAño 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

• Si quieres investigar la infografía con más detalle, abre la versión en alta resolución en otra pestaña.

La Fiscalía no estará sola. Luis Bárcenas forma parte de la causa como perjudicado y pide 41 años de prisión para todos los acusados –menos para quien fue su chófer, que colaboraba con la guerra sucia– y hay dos acusaciones populares: el PSOE y Podemos, que también duplican la mayoría de las peticiones de prisión de la Fiscalía. El juicio se alargará hasta el 30 de junio. Están previstas 35 sesiones y se ha citado un centenar de testigos. Tres de los grandes nombres que tendrán que dar explicaciones son Mariano Rajoy –expresidente del Gobierno español–, María Dolores de Cospedal –exsecretaria general del PP y que quedó exonerada de la causa– y Soraya Sáenz de Santamaría –exvicepresidenta española.

¿Qué orquestaron los acusados? Después de que Jorge Fernández Díaz diera el primer paso, la operación estuvo coordinada por Francisco Martínez –secretario de Estado de Interior, el número dos del ministerio, y para quien el PSOE ha pedido ahora prisión preventiva–, y planificada por Eugenio Pino –director adjunto operativo de la Policía Nacional y condenado por intentar introducir un pen drive en la causa de los Pujol–. Ellos dos “reportaban toda la información” al ministro. Por debajo, el encargado de ponerla en marcha fue el comisario José Manuel Villarejo, un habitual de estas maniobras, que se alió primero con Marcelino Martín Blas, que era el jefe de Asuntos Internos de la policía española, y después con Enrique García Castaño, que lideraba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).

Una vez concertados para el plan, el primer paso que tuvieron que dar fue encontrar un colaborador cercano a la familia Bárcenas que estuviera dispuesto a traicionarla facilitando información y acceso a documentación a cambio de una remuneración. El escogido fue Sergio Ríos Esgueva, que hacía de chófer de Luis Bárcenas y su mujer –Rosalía Iglesias– y era una persona de su máxima confianza. Los responsables de la operación lo bautizaron como cocinero porque era quien podía “entrar hasta la cocina” –kitchen, en inglés– de la familia. Y de aquí viene el nombre del caso.

Quien consiguió contactar con él fue Andrés Manuel Gómez Gordo, que era inspector jefe de la Policía Nacional y había sido director general cuando Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha. Como recompensa, el conductor de Bárcenas recibiría 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados. 54.000 euros en total. Y tuvo dos contraprestaciones más: le compraron una pistola de 700 euros y le propusieron que se convirtiera en agente de la policía española. Por su parte, Villarejo recibió 3.200 euros por gastos de comidas, transporte y tiques de aparcamiento durante la operación.

Un local con un baúl con doble fondo

¿Qué hicieron los acusados? Primeramente, encargaron “estrictas vigilancias” sobre Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, que corrieron a cargo de una veintena de policías. Además, vigilaron el despacho del abogado de Bárcenas. Y cuando el extresorero del PP entró en prisión en junio de 2013, también controlaron sus movimientos y sus comunicaciones dentro de Soto del Real.

Finalmente, gracias a la información de Sergio Ríos Esgueva, tuvieron conocimiento de un local comercial del barrio de Salamanca de Madrid donde Rosalía Iglesias trabajaba como restauradora de muebles. Había un baúl con doble fondo que Bárcenas había utilizado para guardar documentación que él tenía en Génova y que podía ser incriminatoria para el PP. Por ejemplo, grabaciones de conversaciones con Mariano Rajoy. García Castaño entró allí para confiscar la documentación. El juez instructor, Manuel García-Castellón, dice que encontró lo que buscaba, pero la Fiscalía sostiene que “no consta” que consiguiera su propósito. Hoy por hoy, de la supuesta documentación del interior del baúl no se sabe nada.

También por aquellas fechas, los implicados en la operación consiguieron mensajes de texto, correos electrónicos y contactos que tenía Luis Bárcenas. Querían comprobar si había conversaciones que comprometieran a dirigentes del PP. El conductor de la familia quedó con García Castaño en un restaurante VIPS y le entregó dos móviles y una tableta. Allí hicieron una copia de su contenido a un pendrive que remitieron a Francisco Martínez y a Jorge Fernández Díaz. Durante la instrucción, en marzo de 2019, García Castaño entregó al juzgado una copia de todo lo que habían extraído. De hecho, su colaboración ha hecho que el fiscal pida menos años de prisión para él.

Los acusados no compartieron “en ningún momento” la información que fueron obteniendo con los investigadores del caso Gürtel, ni con la Fiscalía, ni con el juez. “La mantuvieron siempre oculta con la finalidad de impedir que la causa llegara a los dirigentes del PP”, relata la Fiscalía.

Hay tres nombres más que se sentarán en el banquillo de los acusados a pesar de que la Fiscalía pidiera que se archivara la causa contra ellos. José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, inspectores de la policía española, eran personas de confianza de Eugenio Pino. Y José Luis Olivera, comisario jefe de la UDEF, intentó persuadir al responsable de la investigación del caso Gürtel de cambiar de destino y, según la Abogacía del Estado, intentó boicotear los informes de la instrucción.

El cara a cara entre Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz en 2020

Los dos principales acusados son Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Después de mucho tiempo como aliados, acabaron partiendo peras. Prueba de ello es el careo que ambos protagonizaron en noviembre de 2020 durante la instrucción. El ARA ha tenido acceso al vídeo en sede judicial, que pone de manifiesto el crudo enfrentamiento entre ambos.