La decisión de la defensa de Carles Puigdemont de recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ya hacía prever una dilación en los plazos para resolver la amnistía en el expresidente de la Generalitat. Este jueves el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, lo ha confirmado en un almuerzo con periodistas. "Difícilmente podrán ser resueltos antes de Navidad", ha dicho sobre los recursos de amparo tanto de Puigdemont como de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Conde-Pumpido ha atribuido este "retraso" de "mínimo un mes" en relación con los tiempos previstos inicialmente —en el TC contaban admitirlos a trámite a principios de septiembre y finalmente lo harán en el pleno de la próxima semana— a la decisión de tratar de apartar a los magistrados conservadores José María Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por parte de la misma.

El Tribunal Constitucional busca legitimarse a tres meses de que dicte sentencia sobre la amnistía. Y el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, se ha reivindicado este lunes en un formato no muy habitual: invitado por el Ateneo de Madrid, ha pronunciado un discurso y se ha sometido a preguntas de algunos periodistas para decir que "cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución y el sistema democrático". La idea de Conde-Pumpido es que la sentencia al recurso del PP llegue antes del verano, un plazo "razonable", dijo, dado que la norma entró en vigor en julio de 2024. Así pues, el TC se pronunciaría un año después.

En Madrid se juega una partida por el poder entre dos ejércitos poderosos –el de la derecha y el de la izquierda–, en la que cada uno tiene sus fichas que realizan el trabajo sucio. El bando conservador es mucho más numeroso e incluye los ámbitos judicial, mediático y económico (Ibex-35, CEOE, etc.), pero no tiene un liderazgo tan claro como el de la izquierda, en el que Pedro Sánchez es claramente el estandarte a proteger. Teóricamente, el líder del conglomerado conservador, en tanto que aspirante a la Moncloa, es Alberto Núñez Feijóo, pero tanto Isabel Díaz Ayuso como Santiago Abascal tienen sus propios ejércitos y van por libre.

En plena campaña de desprestigio del PP del Tribunal Constitucional (TC), el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido "respeto político e institucional a las decisiones y la independencia de la institución" y ha aprovechado para recordar que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional". Estas palabras las ha pronunciado en un breve discurso durante el acto de toma de posesión del nuevo magistrado del tribunal, el catalán José María Macías, quien ocupa la vacante que Alfredo Montoya dejó en el 2022 por baja médica.

"Mi amigo Cándido", bromea alguna vez el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en referencia al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido. Es fiel a su ironía y consciente de que en los círculos judiciales son conocidas las tiranteces que mantienen. "Son dos personalidades con un ego impresionante y debían chocar forzosamente", dice una fuente vinculada a la cúpula judicial del Estado. Tras compartir una época en el Supremo, Conde-Pumpido accedió al TC en 2017. Las tensiones en las deliberaciones en el alto tribunal pasaron a una suerte de choque implícito desde instituciones diferentes y que próximamente podría reproducirse a raíz de la ley de amnistía.

En los pasillos judiciales es conocida la enemistad entre Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, y Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Esta semana el segundo ha enviado dos golpes bajos al primero, un doble revés en sólo dos días. El martes el pleno del órgano de garantías anuló la condena del alto tribunal al exdiputado de Unides Podem en el Congreso Alberto Rodríguez y este miércoles ha decidido dar la razón al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y que no se le tenga que repetir el juicio por el caso Bateragune, por el que ya cumplió condena de prisión.

Incluso antes de que el Tribunal Supremo (TS) empezara a juzgar al 1-O, los líderes del Procés apuntaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, fue el primero de los nueve condenados a llevar la sentencia a Estrasburgo, sede del TEDH, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) la ratificó. Cuixart ya avanzaba días antes del juicio que sería en la ciudad francesa y no en la capital del estado español donde se resolvería la cuestión y vaticinaba una condena a la justicia española.

Rara vez la historia judicial ofrece la oportunidad de conocer lo que podría haber ocurrido caso de haberse aprobado un proyecto de sentencia que se obligó a guardar en un cajón y cuyos argumentos ahora se conocen a través de un voto particular. Es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre cinco recursos de amparo solicitados a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a aquellos a los que la Audiencia Nacional había absuelto en los hechos del asedio al Parlament, el 14 y 15 de junio de 2011. 

A la tercera fue la vencida. Pero en este caso contra su propia ponencia. El magistrado Cándido Conde-Pumpido cedió ayer la ponencia en el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los participantes en el asedio al Parlament en 2011. El magistrado Antonio Narváez, de orientación conservadora, será el ponente de una sentencia que se espera durante el mes de julio próximo.