Las administraciones públicas tienen deuda con el 39% de las entidades sociales de Cataluña, es decir, cuatro de cada diez acumulan retrasos en los pagos acordados a cambio de la prestación de servicios o actividades. Esta situación provoca tensiones en la tesorería. Es uno de los datos que recoge El Anuario de la Ocupación del Tercer Sector Social de Cataluña 2025 que elabora la Confederación, la patronal de estas organizaciones sin ánimo de lucro, que se ha presentado este miércoles en Barcelona.

Ya ha comenzado la recogida de firmas de una de las primeras iniciativas legislativas populares (ILP) en el ámbito de los servicios sociales en Cataluña: una propuesta que busca blindar la atención a las personas con discapacidad mediante un modelo sin ánimo de lucro.

Hay gente que crea problemas y hay gente que los soluciona. La felicidad individual y la convivencia social se construyen día a día, gesto a gesto. Los problemas están ahí, claro. La vida es entropía, tendemos al caos. Los solucionadores suelen ser discretos, laborables, amables. Quienes se recrean en los problemas –¿problemistas?– pueden ser muy llamativos y ruidosos, y con apariencia de justicieros. ¡Fuera inmigrantes! ¡Fuera políticos! ¡El catalán se muere! Y venga a gritar.

A Verónica López la echaron del piso en el que vivía con dos hijos a cargo —uno de ellos menor de once años— y, aunque ingresa un sueldo, le resultó imposible volver a tener otro techo digno por los precios prohibitivos del mercado. Durante unos meses se quedó en la calle, mientras los dos hijos permanecían con la abuela temporalmente. La situación duró hasta que los servicios sociales de Badalona le comentaron la posibilidad de añadirse a Vesta, un proyecto piloto puesto en marcha en el 2021 por la suma de entidades del tercer sector, ayuntamientos del Besòs, la Generalitat y la Diputación de Barcelona que buscaba, precisamente, evitar que madres solas, con una biografía de violencias machistas detrás.

La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes por la mañana que el Govern pone manos a la obra para hacer una "transformación integral" de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) Martínez Bravo lo ha dicho después de una reunión con entidades del tercer sector social y colegios propuestas" que llevan años reclamando las entidades y pondrá en marcha dos grupos de trabajo con expertos: uno tendrá el encargo de cómo mejorar la prevención con las familias, para detectar situaciones de riesgo para reducir las retiradas de tutela, mientras que el otro grupo se centrará en las condiciones de los centros. La consellera ha dicho que el actual es un "momento de catarsis" para todo el 12 años tutelada que fue explotada sexualmente debe ser una "ventana de oportunidad" para abordar, ahora sí, una nueva estrategia y planificación de todo el sistema, según explican en el ARA fuentes presentes en el encuentro. -BK_SLT_LNA~ mejor, pero no han dado detalles del calendario ni de cuáles serán los cambios. caso de la menor y las carencias que expertos y menores subrayan, la consellera ha admitido en una breve comparecencia a los medios de comunicación que los problemas de la DGAIA son evidentes: "Hay dificultades de gestión, falta de recursos y protocolos que a veces no funcionan", ha dicho, y ha añadido que el organismo debe adaptarse a la "complejidad social" ya los nuevos retos.

Consternación en el tercer sector: el activista catalán por los derechos humanos Enric Morist (Igualada 1965) murió de forma repentina este viernes, según ha podido saber el ARA, por un ataque al corazón. Morist llevaba apenas seis meses escogido nuevo presidente de la Mesa del Tercer Sector –que agrupa a 37 federaciones y 3.000 entidades que luchan contra la pobreza–, pero llevaba muchos más vinculado, ya que desde el 2013 ejercía como vicepresidente. Además, también era una personalidad conocida por su labor previa en la Mesa, como coordinador de la Cruz Roja de Cataluña. El activista tenía 59 años, estaba casado y tenía tres hijos, uno de ellos adoptado en Bosnia.

El ataque brutal que tiene en marcha la nueva administración Trump y sus aliados de la tecnooligarquía contra todo lo que suena a público es tan exagerado que puede parecernos simplemente estrambótico, y como tal pasar a formar parte de lo que vamos comentando con los compañeros de trabajo y los amigos y amigas cuando tenemos un rato. Pero la cosa es mucho más seria, ya que cuando se ataca el gasto público, los servidores públicos, los impuestos y todos los llamados chiringuitos institucionales, detrás de él hay políticas y servicios públicos esenciales para gran parte de la población. Por otra parte, no es sólo una excentricidad más de la nueva era trumpiana, sino que en Europa (y en Cataluña) hay muchos partidarios de aplicar la misma lógica a un sector público al que acusan de derrochar recursos, de preocuparse sólo de los que se aprovechan del sistema y de haber crecido de forma desmedida.

Esta semana se celebra la Semana Contra la Soledad No Deseada, que tiene el objetivo de poner el foco en este fenómeno creciente, aunque vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Un año más, la Obra Social de San Juan de Dios pone en marcha una campaña que pretende “provocar la reflexión” sobre cómo romper las dinámicas que llevan a este aislamiento social que sufre el 20% de la población. Extrapolando este porcentaje, afecta a 1,6 millones de catalanes de todas las edades, procedencias, nivel económico y social. “Apelamos a las personas individuales, que pueden ser, a la vez, parte del problema, como víctimas o como facilitadoras de la soledad de otros, y parte la solución, así como a las organizaciones y las empresas, que tienen obligación de favorecer las relaciones interpersonales”, explica el director de la entidad social, Juanjo Ortega.

En los últimos días antes de vacaciones, muchos trabajadores aseguran que necesitan parar porque ya no pueden más. Los efectos de un estilo de vida estresante, exigente y cada vez más virtual se han bautizado como la era del cansancio y los medios alertaron de una pandemia invisible relacionada con la salud mental. ¿Acaso la vida que llevamos nos enferma? "El modelo médico hegemónico no acepta que lo social y cultural produce no sólo malestar, sino también enfermedad. Pero hay profesionales que plantean que la medicina parchea lo que el campo social ha roto", reflexiona Asun Pié Balaguer, profesora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC. "Una situación social puede generar una patología grave. Un ejemplo es el estrés, pero también una úlcera de estómago o una depresión".

En 2023 Cáritas atendió en el conjunto de Cataluña a 250.000 personas. Es una cifra récord –detallada en la memoria que la entidad presentará el 9 de julio– que evidencia que la población que vive en el umbral de la pobreza sigue escalando. "El incremento va in crescendo. La situación social está cada vez más deteriorada", alerta al ARA Francesc Roig, presidente de Càritas Catalunya. Ahora bien, la labor de Cáritas, así como la de las entidades del tercer sector social que luchan contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades, choca con un obstáculo: el retraso en los pagos de las subvenciones públicas de la Generalitat.

Finalmente la asociación 9 Barris Acull, que acompaña y asesora a personas migradas, cierra puertas por la imposibilidad de devolver una deuda de 22.000 euros con el Ayuntamiento de Barcelona que le obliga a presentar concurso de acreedores. La entidad es la mayor de las que trabajan en los barrios de Barcelona y ha empezado ya a rechazar nuevos usuarios para derivarlos a otros servicios de apoyo y tampoco volverá a organizar el Festival de Sopas del Mundo. Después de 23 años de actividad, el próximo viernes ya no abrirán el despacho que tienen en el Espai Via Favència.

El rechazo de los presupuestos del Gobierno de Pere Aragonès por un solo voto en el Parlament de Catalunya aboca a Catalunya a una nueva convocatoria de elecciones. Pero la caída de las cuentas por el arrecife del Hard Rock también deja en el aire proyectos, leyes y compromisos en muchos sectores, que verán cómo las promesas económicas de las últimas semanas volverán a quedar en un cajón.

El último “capricio” que se ha hecho Marisa Aledo son un pantalón de pana blanco. Los había visto hace tiempo, pero tuvo que esperar a la “paga extra” para gastarse los 20 euros que valían. “El bolsillo no da para más”, se justifica esta barcelonesa de 69 años que recibe una prestación no contributiva (PNC) que se perciben cuando o bien no se ha cotizado años suficientes para tener una pensión o se es un adulto con una gran invalidez reconocida. En diciembre del pasado año, unos 65.000 catalanes eran beneficiarios. Son las prestaciones más básicas del sistema de protección, que hasta el incremento del 6,8% a partir de este enero, suponían menos de 500 euros al mes. El incremento dará “aire” después de dos años en los que la inflación lo ha encarecido todo, también los productos básicos.

El futuro de las principales entidades catalanas dedicadas a hacer frente a la violencia sexual peligra. La Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente (AADAS), el único recurso en todo el territorio catalán de atención directa, especializada y gratuita a las personas que han sufrido violencia sexual, está temporalmente parada. Además, a partir del 1 de junio, las trabajadoras se quedarán en el paro. Las circunstancias de PrevenSi, un proyecto pionero en el Estado español especializado en la prevención del abuso sexual infantil, no son muy más esperanzadoras: desde el 15 de mayo, la línea telefónica y el chat atendidos en vivo por una especialista en pedofilia y pederastia están inoperativos. Desde AADAS lo atribuyen a una "falta de apoyo institucional". "Es un tema de dejadez hacia las violencias machistas y las entidades del tercer sector", denuncia la coordinadora de la asociación, Maria Sellés.

Primero la pandemia y ahora la crisis en Ucrania. El tercer sector social en Europa se ve obligado repensarse –y digitalizarse– a marchas forzadas para atender a todo el mundo que lo necesita. Y Alfonso Lara Montero lo ha explicado incluso en el Mobile World Congress (MWC). Es el director de la European Social Network, una red de referencia europea que agrupa a los principales responsables de los servicios sociales en el continente. Ha aterrizado en Barcelona de la mano del m4Social, de la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, y atiende al ARA mientras sobrevuela el gran interrogante de cómo atender a las personas refugiadas de la guerra en Ucrania.

Las entidades sociales dedicadas al cuidado de las personas contratan ahora más que nunca en la última década. Los efectos de la pandemia del coronavirus han hecho que la ocupación en este sector se dispare de nuevo a los niveles de 2011 (antes de la segunda recesión por la crisis del ladrillo), hasta lograr los 100.400 contratos en el tercer sector. Así, el tercer sector social de Catalunya deja atrás, también, la grave bajada que sufrió en 2014, cuando solo registró 86.000 trabajadores en el sector.

El año en el que el Tercer Sector Social se ha configurado como un puntal en la atención de los más vulnerables ha sido a la vez el ejercicio más negativo de los últimos cinco años para las 1.200 empresas que forman parte de él, puesto que casi la mitad pronosticaba cerrar las cuentas con números rojos por la parada forzada de la actividad asistencial durante los meses de confinamiento y el sobrecoste por la compra de material de protección contra el coronavirus. Por primera vez en un lustro, se ha frenado la ocupación en las entidades sin ánimo de lucro que se reúnen bajo las siglas de la Confederación Empresarial del Tercer Sector, y el paro ha crecido en un 10%, según el anuario de la patronal.