El futuro del sistema universitario catalán es incierto y no muy optimista. Su prestigio –avalado por los rankings por su alta productividad en la investigación y los buenos resultados de la actividad académica– contrasta drásticamente con problemas importantes que requieren correcciones profundas: una dotación presupuestaria baja (a pesar de que los precios públicos se sitúan entre los más altos de España), una oferta docente excesiva, una reducida tasa de escolarización universitaria y una plantilla precaria y envejecida. Así lo detalla el informe El sistema universitario catalán: datos y singularidades. Qué se tiene que preservar, que se tiene que corregir, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario. "El sistema tiene calidad, tiene prestigio, pero con las condiciones en que actúa no puede mantenerse durante mucho tiempo. La decadencia podría ser muy rápida", ha señalado el catedrático emérito de la UPC y coautor del informe, Albert Corominas.

Quien haya participado en más de una manifestación seguro que ha visto cómo, detrás del cordón de los antidisturbios, un policía grababa la protesta con una cámara de vídeo a menudo encajada en un monópode (un trípode de un solo pie), para poderla levantar por encima de las cabezas de sus compañeros. Es obvio que todas estas imágenes se pueden usar después para intentar identificar a manifestantes que se puedan pasar de vueltas o lleguen a la violencia, si es el caso. Pero lo que no lo es tanto es que se almacenen, queden en un archivo policial y después se puedan volver a consultar y utilizar para identificar a activistas a quienes atribuyan algún delito. Esto es el que ha quedado claro esta mañana, durante el juicio contra 13 estudiantes para quienes la Fiscalía reclama ocho años y medio de prisión y 11.500 euros de multa por una protesta de marzo de 2017 para reclamar la rebaja de las tasas universitarias en la que se quemó un contenedor, se rompieron los cristales de un banco y se lanzó pintura a policías y a una tienda.