El cambio climático tiene un coste directo para las compañías aseguradoras. Las cifras son claras: en el 2025, las compañías pagaron en España 492 millones de euros por siniestros relacionados directamente con el cambio climático; en concreto, 628.800 siniestros, según los datos facilitados este lunes por la patronal del sector, Unespa. Sin embargo, la cifra se sitúa por debajo de la media de los últimos años, que asciende a unos 800 millones de euros anuales.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha sido nombrado presidente no ejecutivo de VidaCaixa, aseguradora de la que el banco es el propietario. La decisión fue tomada por la comisión ejecutiva de la entidad financiera. Gortázar, que ya ocupó este cargo entre 2014 y 2021, sigue como principal ejecutivo de CaixaBank y sustituye a Jordi Gual en VidaCaixa por vencimiento de mandato.

Las aseguradoras Asisa y DKV siguen analizando las condiciones económicas en los pliegos de cláusulas del nuevo concierto de Muface, pocos días después de que Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, informara que no se presentaría a la nueva licitación, pese al incremento de un 33,5% de las primas anunciado por el gobierno español.

La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que el ejecutivo lanzará antes de que acabe el año una nueva licitación para prestar asistencia sanitaria a los trabajadores públicos adscritos a Muface, la mutualidad de los funcionarios. Según Alegría, el nuevo concurso público incrementará un 33,5% en tres años la prima que la administración pagará a las aseguradoras, superior al 17,11% en dos años ofrecido en la primera puja de este año, que quedó desierta en noviembre.

Un estadounidense es alguien que cuenta. Como nosotros, pero más mucho más. Y una parte importante de su estrés financiero se debe a las facturas que paga por su cobertura sanitaria y la de su familia. Y a menudo vive con el alma en un puño de que el día que caiga enfermo de verdad se enfrente a morirse o arruinarse, porque no esté tan cubierto como se pensaba, o aparezca una letra pequeña interpretada de la manera más ventajosa por la aseguradora o lo condenen a dar vueltas por un laberinto de gestiones y demoras.

Hace unas semanas hablábamos en elAhora Motor de un tipo de estafa llamada smishing en la que los ciberdelincuentes envían mensajes de texto a usuarios simulando ser de una entidad de la que son clientes para obtener información privada o, directamente, conseguir dinero. Pues bien, tratamos hoy otro tipo de estafa igual de sofisticada y que, además, incluye un perjuicio real para el vehículo de la posible víctima.

Cambios importantes en lo que respecta a los seguros de vehículos. El gobierno español ha aprobado un proyecto de ley de seguros de automóvil que afecta a conductores, pero también a víctimas de accidentes de tráfico. La normativa inicia ahora el trámite parlamentario, por lo que el texto actual todavía puede sufrir cambios. En algunos casos la norma implicará contratar de forma obligatoria un seguro de responsabilidad civil para indemnizar a las víctimas de los accidentes.

“No sabemos exactamente cuándo empezó el negocio familiar, pero tenemos algunas pólizas que datan del año 1892”, explica Ferran Jori mientras muestra un documento antiguo, hecho a mano y amarilleado por el tiempo: “Esta póliza es la número 2.503, por tanto, quiere decir que hay muchas más anteriores”. La correduría de seguros Jori Armengol es un negocio que tiene, pues, 125 años de historia como mínimo. “Empezó el padre de mi bisabuelo y después mi bisabuelo; él tuvo dos hijas pero el negocio continuó en manos de uno de los marido de ellas, mi abuelo; después mi padre y ahora mi hermano y yo”, repasa Jori.

Un accidente de tráfico y la aseguradora del coche de alquiler que habían contratado han convertido las vacaciones de una pareja de catalanes en Mallorca en una auténtica pesadilla. El 26 de julio llegaron a la isla para pasar cuatro días, pero el segundo día sufrieron un accidente de tráfico que los dejó a los dos en estado grave y empezó su odisea médica, mental y personal. La aseguradora no les facilita el traslado medicalizado a Catalunya y les dice que si quieren volver a casa lo tienen que hacer como un viajero cualquiera y pagarse ellos los nuevos billetes de avión, pero las condiciones médicas no les permiten trasladarse por ellos mismos y ya hace más de 15 días que están atrapados en Mallorca sin poder volver a casa.

El tiempo se acaba para aquellas empresas que quieran reclamar judicialmente a las aseguradoras que se niegan a cubrir los daños provocados por el primer estado de alarma. La legislación española establece que hay un límite de dos años para hacerlo y, teniendo en cuenta que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo de 2020, quedan poco más de dos meses para que se pueda litigar si la aseguradora no quiere cubrir estos costes, como ha pasado en numerosos casos.