Hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ido tumbando todos los recursos del independentismo que han llegado. Este jueves no ha sido una excepción: Estrasburgo ha concluido que España no violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull cuando les impidió ejercer sus derechos como parlamentarios durante su prisión preventiva, cuando fueron elegidos diputados en las elecciones del Parlamento del 2017. a las elecciones libres ni del derecho a su libertad y, por tanto, avala la limitación de derechos que se produjo a raíz de su privación de libertad dictada por el Tribunal Supremo.

Elhomo smartphone, esta especie en la que nos hemos convertido a base de pasar horas enganchados a las pantallas de los teléfonos móviles, está tan acostumbrado a los inputs rápidos que, a veces, le cuesta percibir la profundidad del paisaje que nos rodea.

Durante el Proceso, el independentismo miraba a la justicia europea como la esperanza blanca ante el revés constante de los tribunales españoles. Ahora bien, a medida que las demandas han ido llegando a Estrasburgo, el tribunal europeo las ha ido tumbando una a una. Tanto es así que, hasta ahora, todas las que ha valorado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han sido descartadas, y esta semana ha inadmitido hasta tres relacionadas con el independentismo. Queda por resolver, sin embargo, la más relevante: está pendiente de que el tribunal se pronuncie sobre los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de Octubre –en el que muchas fuentes sí son optimistas con el veredicto del TEDH– y también contra el veto a Jordi Sánchez y Jordi Turull, cuando estaban en prisión preventiva, para que acudieran al Parlamento por la In2. el expresidente Quim Torra debe resolverse.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Suiza por su inacción contra el cambio climático en una sentencia histórica hecha pública este martes. Es la primera vez que este tribunal condena y responsabiliza a un estado por no haber hecho suficiente en la lucha contra el calentamiento global, y la sentencia, que es vinculante, puede asentar jurisprudencia para los 46 países miembros del Consejo de Europa. El Tribunal de Estrasburgo, en cambio, ha rechazado dos denuncias similares, una contra Francia y otra contra 32 estados europeos, entre ellos España y Portugal.

Pedro Sánchez lleva seis años presidente y, desde hace sólo cinco meses, un fervoroso defensor de la amnistía. Tiempo suficiente para acordar con el independentismo la ley que acabará con los procesos judiciales derivados del 1-O (a cambio de su investidura) y, antes, para eliminar el delito de sedición o conceder los indultos (a cambio de estabilidad parlamentaria). La Moncloa defiende que su estrategia en Catalunya, que el 12-M someterá indirectamente a votación con la candidatura de Salvador Illa, ha sido clave para la "reconciliación" entre los catalanes, pero ésta no es ni mucho menos la versión que ha dado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Las condenas (entre 9 y 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia) no fueron, según los representantes del Estado, ni desproporcionadas ni conculcaron derechos fundamentales de los acusados, ni tampoco representaron una injerencia a la libertad de expresión. De hecho, el escrito presentado el 12 de marzo en Estrasburgo, al que ha tenido acceso el ARA, defiende punto por punto la sentencia dictada por el tribunal que presidió Manuel Marchena.

A diferencia del poder judicial español, la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, ha rechazado este jueves hacer cualquier comentario respecto a la ley de amnistía que acaban de negociar el PSOE, ERC y JxCat, y que se votará el martes de la próxima semana en el Congreso. O'Leary ha advertido de que los jueces no deben valorar una ley que todavía no se ha votado. "Un juez no puede posicionarse sobre el borrador de una ley antes de que se apruebe porque sería interferir en un proceso democrático", ha avisado la presidenta en referencia a la ley de amnistía que se está tramitando y que al 'Estado ha sido criticada desde hace meses por asociaciones de jueces españoles. "Debemos dejar que las autoridades competentes en España sigan con su trabajo", ha añadido.

Pedro Sánchez no le basta con ser presidente español y mira más allá. Este miércoles en Estrasburgo se ha erigido como el líder moral de la izquierda europea, como el único capaz de hacer que media Eurocámara se levante a aplaudirle (no sólo el grupo socialista, sino también eurodiputados verdes y del grupo l 'Izquierda). ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con la misma estrategia que le ha servido a España para retener al gobierno: colindante con la extrema derecha y con los populares europeos que son partidarios de pactar, en especial su líder en Bruselas, el alemán Manfred Weber .

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admitió a trámite los recursos que los 9 expresos políticos interpusieron contra la sentencia del 1 de Octubre. De esta forma, Estrasburgo acepta estudiar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que han alegado todos los exconsejeros del Gobierno -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Joaquim Forn-, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los ex líderes del ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a raíz del Proceso. Todos ellos acusan al Reino de España de no respetar sus derechos: desde el derecho a la libertad de manifestación y reunión a la presunción de inocencia y al juez predeterminado por ley.

El independentismo siempre ha visto su horizonte en Europa, tanto a nivel político como judicial, y la prueba es que algunos de los líderes del Procés se exiliaron fuera del Estado por su desconfianza en la justicia española. Los que en noviembre de 2017 entraron en prisión ya tenían la vista puesta, aunque fuera a largo plazo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El momento ha llegado, una vez el Tribunal Constitucional ha resuelto todos los recursos contra la sentencia por sedición del Tribunal Supremo. Y el recorrido ha dejado brechas.

Este 2022 ya se cumplirán cinco años del referéndum del 1 de Octubre y ocho de la consulta del 9 de noviembre, pero sus efectos judiciales no han llegado ni mucho menos a su final. No solo por las causas todavía abiertas en España contra el independentismo –decenas de cargos del Govern todavía están pendientes de juicio por el 1-O y justo se ha cerrado el caso del 9-N en el Tribunal de Cuentas–, tampoco por la batalla judicial del ex president Carles Puigdemont y ex consellers en el exilio –esta primavera se esperan novedades sobre su caso en Luxemburgo–; sino porque el camino de las causas del soberanismo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de empezar. De hecho, ninguna de las demandas ha sido por ahora formalmente admitida a trámite y, por lo tanto, comunicada al gobierno español para que haga las alegaciones pertinentes, que es uno de los pasos previos para estudiar a fondo el caso. 

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el ex conseller Raül Romeva han vuelto a pisar este martes la sede de la Eurocámara de Estrasburgo, a la que han podido acceder por su condición de ex eurodiputados, puesto que las restricciones del coronavirus impiden la entrada a visitantes. Ha sido por este motivo que ni la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ni las ex conselleres Dolors Bassa y Meritxell Serret han podido acceder al edificio a pesar de haberse desplazado hasta la ciudad francesa. Pero Junqueras no pierde la esperanza de poder volver a pisar esta institución con la condición de eurodiputado que ganó en 2019 después de las elecciones europeas: "No damos nada por perdido, estamos pendientes de un nuevo pronunciamiento judicial".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya tiene dos recursos contra la sentencia del Procés. El primero lo presentó ayer miércoles el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y este jueves lo ha hecho el ex conseller Jordi Turull, que fue el primero en obtener la sentencia del Tribunal Constitucional avalando su condena. El abogado del extitular de Presidencia durante el 1-O; Jordi Pina, ha registrado esta mañana el escrito en Estrasburgo acompañado del ex president Carles Puigdemont -que se ha desplazado gracias a la restitución de su inmunidad como eurodiputado- y el ex conseller y coordinador de las defensas de JxCat, Francesc Homs.

Como ya pasó en el caso de Jordi Turull y Josep Rull, el contenido de los dos votos discrepantes de la mayoría del TC que ha avalado la sentencia del Supremo por sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart acontece el fundamento sobre el cual construir el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Justo es decir, además, que el recurso de Sànchez y Cuixart es el que tiene más posibilidades de prosperar, puesto que se trataba de líderes sociales en el momento de los hechos (y Cuixart todavía lo es), sin ninguna responsabilidad política. Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer van más allá de señalar que las penas son "desproporcionadas" y avisan: "Amenazan con empobrecer nuestra democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desarrollan en el ámbito material de los derechos fundamentales y con alejarnos de la necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de los derechos que posibilitan la normal participación de la ciudadanía en las democracias plenas". O sea, que la sentencia alinea España con regímenes autoritarios (pongan ustedes los nombres de los países, pero podría ser desde Hungría hasta Rusia, pasando por Turquía), y la aleja de las democracias más avanzadas en el seno de la Unión Europea.