Tras el 1-O, y con la marcha de una parte de los dirigentes independentistas en el exilio y el encarcelamiento de la otra, la disputa política se trasladó a los tribunales. Desde entonces, y con un punto quizá de ingenuidad, el movimiento independentista depositó muchas esperanzas en la justicia europea. Y es cierto que se consiguieron victorias importantes, como la negativa de la justicia alemana a entregar Carles Puigdemont a España para que fuera juzgado por rebelión (sí por malversación, que es la causa que tiene pendiente ahora), o la obligación en el Parlamento Europeo de aceptar la condición de eurodiputados del mismo Puigdemont y Toni Com ( se presentó a las elecciones a pesar de estar en prisión). Pero lo cierto es que también ha habido derrotas y, además, las victorias no han servido para cambiar la realidad ni lastatu quo.

Nuevo pronunciamiento desde el poder judicial en contra de la amnistía. En las críticas de las asociaciones de jueces y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se suma ahora la del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa del 1-O por la que acabaron condenados los presos políticos y que aún permanece abierta para el expresidente Carles Puigdemont y la resto de exiliados. "De la misma forma que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por los mismo comportamiento", ha dicho en una clara alusión a la norma para el olvido judicial del Proceso.

La elección de Oriol Junqueras como eurodiputado el 26 de mayo de 2019 se produjo en pleno juicio del Procés y el Tribunal Supremo le impidió recoger el acta. Cuando acabaron las sesiones, Manuel Marchena preguntó el 1 de julio en Luxemburgo si tenía que liberar al presidente de ERC –estaba encarcelado– en caso de que disfrutara de inmunidad como miembro electo del Parlamento Europeo. El 14 de octubre del mismo año dictó sentencia condenatoria por sedición y el 19 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que, efectivamente, Junqueras tenía que haber salido de la prisión. Ahora, tres magistrados del Tribunal Constitucional consideran que Marchena tendría que haber paralizado el procedimiento contra el exvicepresidente del Govern y esperar a que el TJUE resolviera sus dudas antes de dictar sentencia.

Solo seis días después de que el TSJC condenara a seis meses de inhabilitación y 1.080 euros de multa por un delito de desobediencia al secretario tercero de la mesa del Parlament y ex concejal de la CUP en Lleida, Pau Juvillà, por no haber descolgado unos lazos amarillos de su despacho municipal en las elecciones locales del 2019, este lunes la formación anticapitalista ha anunciado que su compañera de filas Eulàlia Reguant también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por el mismo delito. El Tribunal Supremo ha notificado a la ex concejala de Barcelona que abre juicio oral contra ella por haberse negado a responder a las preguntas de Vox en el juicio del 1-O. La Fiscalía le pide seis meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia grave.