La inhabilitación de Juvillà pone a prueba la mesa de Borràs

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a 6 meses de inhabilitación y 1.080 euros de multa por un delito de desobediencia al secretario tercero de la mesa del Parlament y ex concejal de la CUP en Lleida, Pau Juvillà, por no haber descolgado unos lazos amarillos de su despacho municipal la primavera de 2019. Una situación que se parece a la que ya se vivió en el Parlament la pasada legislatura: el TSJC también inhabilitó al president de la Generalitat, Quim Torra, por no descolgar el lazo amarillo del Palau de la Generalitat y, después de un recurso del PP y Cs a la Junta Electoral Central, el presidente del Parlament, Roger Torrent, acabó retirándole el escaño a pesar de que no había todavía una sentencia firme.

En ese momento, Junts y la CUP fueron muy críticos con Esquerra y, de hecho, Torra dio por acabada la legislatura. Pero ¿qué pasará con Juvillà ahora que quien ostenta la presidencia de la cámara es JxCat? La actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha prometido este martes que actuará diferente. Después de expresar todo el apoyo al diputado de la CUP y denunciar la "injusticia" española, en una comparecencia ante el despacho de audiencias en el Parlament ha asegurado que defenderá la "soberanía del Parlamento " y "preservará los derechos" de Juvillà diga lo que diga la JEC hasta que haya sentencia firme.

"No tengo la voluntad ni la potestad" de retirar el escaño a un diputado, ha aseverado la también dirigente de Junts per Catalunya, desmarcándose de lo que hizo Torrent la pasada legislatura. Borràs ha hecho referencia a los mecanismos propios que tiene la cámara para actuar en situaciones así y, por este motivo, este mediodía se ha reunido la mesa de forma extraordinaria para trasladar la situación a la comisión del Estatuto del Diputado –que se encarga de valorar las posibles incompatibilidades de los electos–. Juvillà, que ha comparecido en rueda de prensa, ha hecho un llamamiento a afrontar "de manera colectiva" la resolución judicial y defender los derechos de cualquier diputado que esté en una situación similar –para la CUP si tiene que haber desobediencia se tiene que afrontar de manera conjunta–. Esquerra, a su vez, también ha reclamado "preservar" los derechos de los representantes, pero no se ha mojado sobre qué habría que hacer si llega un requerimiento de la Junta Electoral Central. Ciudadanos y Vox ya han dicho que pedirán a este ente que actúe y retire el escaño a Juvillà, lo cual puede situar al independentismo de nuevo en un callejón sin salida.

Activar la comisión del Estatuto del Diputado es el primer paso que han pactado ERC, JxCat y la CUP para proceder en el caso de Juvillà. Ya hace semanas que conversan sobre cómo reaccionar a una eventual inhabilitación, puesto que próximamente se pueden encontrar en el mismo caso los diputados de ERC Josep M. Jové y Lluís Salvador. El plan pasa por que la comisión se reúna el jueves, emita un dictamen y se ratifique en el pleno del 22 de diciembre consagrando que Juvillà mantendrá su escaño mientras no haya sentencia firme. De hecho, es esto lo que dice el reglamento del Parlament: que los diputados perderán su condición de parlamentario solo si hay una sentencia firme. A diferencia de la LOREG, que es donde se agarra la Junta Electoral Central: "Son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado cuando se haya establecido la pena de inhabilitación". Es decir, a diferencia del reglamento del Parlament, para la LOREG Juvillà se tendría que quedar ya sin escaño porque ha sido condenado por desobediencia.

El hecho de trasladarlo a la comisión del Estatuto del Diputado es una manera de "tomar la iniciativa" –asegura el entorno de la presidenta de la cámara– y de ejercer las "competencias" del Parlament. ¿Con qué objetivo? Según fuentes parlamentarias, ganar tiempo y esperar a ver qué pasa en el momento en que haya una resolución de la Junta Electoral Central. A diferencia del caso de Torra, en el que el Parlament no activó ningún procedimiento, se espera un "choque" entre las dos instituciones, puesto que, por un lado, estaría el dictamen de la comisión del Estatuto del Diputado avalando que mantenga el escaño –esta es la intención de la mayoría independentista– y, por el otro, una eventual resolución de la JEC pidiendo que se le retire el acta, si sigue el mismo criterio que con Torra. Para hacer esto el independentismo se agarra al hecho de que el propio Tribunal Supremo –en la sentencia del contencioso administrativo por el caso del ex president– no le negaba las competencias a la cámara para actuar, simplemente decía que no eran "exclusivas" suyas, avalando la participación también de la JEC si el Parlament no actuaba.

Llegados a este escenario, pues, lo más probable es que la pelota acabe en el tejado del Tribunal Supremo. Será entonces la hora de la verdad del independentismo: Torrent retiró el escaño al president Torra cuando el Supremo rechazó la petición de medidas cautelares para que se parara la decisión de la JEC. Habrá que ver si, llegados aquí, Borràs hace lo mismo.

El contenido de la sentencia

La sentencia del TSJC considera probado que Juvillà incumplió la resolución de la JEC de manera "consciente e intencionada", constatando que "reivindicar el acto de desobediencia como un acto de dignidad y como instrumento de transformación social" –lo reconoció él mismo en el juicio–. El tribunal, que ya inhabilitó a Torra por unos hechos similares, se ha hecho suyos los argumentos de la Fiscalía y considera acreditado que Juvillà no hizo caso de las órdenes de la Junta Electoral. Mostrar lazos amarillos en periodo electoral, resuelve el juez, no se enmarca en la libertad de expresión porque "ni las instituciones públicas ni los miembros de una determinada formación política tienen el derecho a la libertad de expresión cuando usan el espacio público". Aún así, el TSJC impone a Juvillà la pena mínima para este tipo de delito al entender que, a pesar de que la conducta llegó a "comprometer" los intereses públicos implicados en cualquier proceso electoral, la afectación fue "limitada" y "reducida" a una parte "mínima" de la fachada municipal.

Una vez más, los tribunales tensionaran el Parlament.