La mañana nos ha traído un anuncio: Pere Aragonès pliega de la política. Ha informado que renunciará al sueldo de expresidente y que trabajará en la empresa de su familia, que como es sabido tiene negocios relacionados con el turismo, y empezará a dar clases en la Universidad de Vic.

Las cargas de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil del 1 de octubre del 2017 acabaron con más de 900 personas heridas y unas imágenes de brutalidad policial que dieron la vuelta al mundo. Seis años después de los hechos todavía no se ha registrado ni una sola condena. Los pocos casos que se han juzgado han terminado con absolución y las grandes causas o bien se han archivado o siguen pendientes de juicio. Hay 132 agentes –algunos de ellos mandos a pie de calle durante la jornada del referendo– que siguen procesados e investigados. Una futura ley de amnistía para las causas del Procés como la que se discute ahora podría cambiar su situación. Pero la gran pregunta es si los policías del 1-O deberían formar parte.

Después de más de cuatro años y medio de investigación, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha dejado a un paso de ir a juicio a Roger Español y cuatro policías nacionales por el 1-O. El juez Francesc Miralles procesa a Español porque ve “atentado contra agentes de la autoridad” del hombre a quien los agentes reventaron el ojo con una bala de goma. En cuanto a los cuatro policías, uno es el escopetero de la pelota: según el magistrado, “incumplió las medidas de seguridad” sobre cómo usar el material de antidisturbios. Otro de los procesados es el máximo responsable de la actuación policial, “que fue el primero” que utilizó la porra contra personas sentadas en el suelo. Los dos policías más que quedan a un paso de juicio también usaron la porra “incumpliendo la normativa” sobre su uso.

Un policía dando una patada por detrás a un votante del 1-O en la Escola Infant Jesús de Barcelona, los agentes que golpearon en grupo a un hombre en la Escola Àgora, otro agente tirando de la bufanda a una votante en la Escola Pau Claris hasta casi estrangularla. El que tiró escaleras abajo a otra ciudadana en este mismo centro o el que le pisó la mano a una mujer y la cogió por el cuello en la Escola Víctor Català. Son solo algunos de los 37 nuevos policías a los que las entidades Òmnium, Irídia y la ANC han pedido investigar al juez que lleva la causa por las cargas de la jornada del referéndum en Barcelona, una macrocausa que ya suma 56 policías investigados y que, si se aceptan estas nuevas imputaciones, llegaría a los noventa.

Las imágenes de las cargas de la Guardia Civil el 1-O en Dosrius (Maresme) son de las más recordadas de la jornada. Hacia las dos del mediodía, un pelotón de una veintena de agentes antidisturbios aparecen por el patio de la Escola Castell con todas las protecciones puestas, porra en mano y el casco con la visera bajada. Los de delante llevan el escudo a la altura del pecho, casi reproduciendo la formación tortuga que utilizaban los soldados romanos. Detrás van agentes de la policía judicial, cubiertos con capuchas, y al final, otra línea de antidisturbios. La formación avanza en bloque hacia la entrada de la escuela, donde se encuentran un centenar de personas concentradas de pie. Cuando ven a los agentes, la mayoría levanta las manos, y el alcalde avanza para hablar. Pero la comitiva policial avanza en tromba pasando por encima del alcalde y el resto de personas entre golpes de porra y empujones. Unas horas antes se había producido una escena similar en el centro Cotxeres del núcleo de Canyamars, que acabó con varios ciudadanos lisiados.

El año 2022 tendría que ser el de los juicios contra los agentes que participaron en las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, que acabaron con más de 900 personas heridas y unas imágenes de brutalidad policial que dieron la vuelta al mundo. Cuatro años después, todavía no se ha registrado ni una sola condena para los policías nacionales y guardias civiles que formaron parte del operativo. Las investigaciones que han ido más rápido han acabado con la absolución de los policías o bien se han archivado por falta de pruebas. Pero hay dos causas que están a punto de ir a juicio. En Girona, el juez ha procesado a 27 policías nacionales y un guardia civil por las cargas en la ciudad y en Aiguaviva. En Barcelona, el juez ha prorrogado hasta enero la investigación contra 67 policías por la intervención en diferentes centros y las lesiones a Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.

Novedades en la causa que investiga la actuación policial durante el 1-O en Girona y Aiguaviva. Después de que la semana pasada el juez ordenara procesar a 27 agentes de la Policía Nacional y un guardia civil por haber causado lesiones a votantes, ahora la Fiscalía ha presentado un recurso para intentar impedir que los agentes se sienten en el banquillo de los acusados. En el escrito, al cual ha tenido acceso este diario, piden que se archive la investigación porque consideran que los delitos de lesiones graves han prescrito y propone que se exima a los agentes de un comportamiento delictivo, teniendo en cuenta que cumplían órdenes judiciales.

Es una de las últimas causas que se abrieron por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 y una de las primeras que podría ir a juicio. El juez que investigaba la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en Girona y Aiguaviva durante la jornada del referéndum a raíz de la querella colectiva impulsada por un grupo de abogados ha ordenado procesar a 27 agentes de la policía española y un guardia civil por lesionar a diferentes votantes.

La Audiencia de Barcelona ha abierto la puerta a la posibilidad de que el escopetero que le hizo perder un ojo al activista Roger Español el 1-O con una pelota de goma y el resto de agentes que formaban parte del dispositivo sean condenados por un delito más grave de lesiones intencionadas, con una pena que podría llegar hasta los doce años de prisión. El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional en Barcelona durante el referéndum –una causa en la que hay unos setenta agentes y mandos a pie de calle investigados– había fijado que el caso se tenía que juzgar solo por un delito de lesiones por imprudencia. Los abogados de la entidad Irídia que llevan el caso de Español y la acusación popular de Òmnium Cultural habían recurrido la decisión en el tribunal para que también se pudiera acusar a estos agentes de lesiones dolosas o intencionadas y la Audiencia lo ha aceptado.