En un estado, el español, con un déficit cercano al 3% del PIB y una deuda que rompe recuerdos, es relevante conocer que las pérdidas en impuestos derivadas de la elusión fiscal fueron de casi 30.000 millones de euros entre 2016 y 2021. Y sí, este periodo incluye cuando estábamos comprando mascarillas y miles de personas se acogían a ERTOs. Así pues, conocemos el importe total de las elusiones, pero no la identidad de las multinacionales responsables. ¿Por qué no lo sabemos? Por la presión política de estas mismas empresas, la connivencia de algunos políticos y el asentimiento de otros.

La brecha fiscal o tax gap en 2018 fue de 511 millones de euros, es decir, un 14,5%, según un estudio encargado por la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Este concepto hace referencia a la diferencia entre la cuota impositiva que los contribuyentes tendrían que haber pagado por un impuesto y la que realmente pagaron. El estudio se centra en los cuatro grandes impuestos que gestiona la ATC: patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que suponen el 91% de toda la recaudación de la ATC. El estudio lo ha hecho la ATC en colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona siguiendo la metodología de la agencia fiscal de Estados Unidos.

Las dinámicas de la economía digital, caracterizadas por la provisión de servicios deslocalizadamente, plantean retos importantes más allá de la presencia física de la empresa en cuestión en un territorio determinado. Su ubicuidad deshace fronteras, también en términos de fiscalidad. Esto ha reavivado los debates internacionales alrededor de esta cuestión con el punto de mira en las grandes tecnológicas.