"Ni he mentido ni he ocultado información". Así ha salido del paso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado le han preguntado por qué en su última comparecencia afirmó que no conocía al empresario Víctor de Aldama aunque ahora admite que se reunió allí en noviembre de 2020. reunido con él. Después de que Aldama dijera que había estado en la sede de la Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, la expresidenta isleña relató que repasó la agenda con su equipo y que "solo" le cuadra que Aldama acompañara como asesor al directivo de Air Europa Pepe Hidalgo en el Consolat de Mar en una ocasión.

Hasta que la historia diga lo contrario, a Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo les une –aparte de la amistad– el resentimiento por la moción de censura. Rajoy porque la que le hizo Sánchez le expulsó de la Moncloa y Feijóo porque no tiene mayoría suficiente para devolver la jugada al actual presidente español. Ambos han compartido un rato durante la presentación del libro Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy Brey. Presidente del Gobierno 2011-2018, en la sala Ernest Lluch del Congreso.

Francina Armengol, a quien el PP implica en la trama de corrupción que presuntamente lideraba Koldo García, comparecerá en la comisión de investigación sobre los contratos durante la pandemia que se ha constituido en el Congreso. Será la segunda vez que la persona que ocupe la presidencia de la institución será llamada a declarar en un grupo de trabajo de estas características. En febrero del 2019 lo hizo la entonces presidenta, Ana Pastor, por el accidente ferroviario de Santiago de Compostela del 24 de julio del 2013, época en la que la dirigente del PP era ministra de Fomento.

En política, en los negocios o en la vida de cada día, la mentira se utiliza por razones de conveniencia, interés o pereza. Por conveniencia, porque contar la verdad puede ser incómodo. Por interés, porque dejar que circule la mentira favorece los intereses de quien lo hace. Por pereza, porque combatir una creencia que se ha difundido entre la ciudadanía requiere un esfuerzo.

Hace días que el PP apunta y dispara la artillería del caso Koldo contra Francina Armengol, al que se considera caza mayor no sólo por la relevancia de su cargo (el presidente o presidenta del Congreso es la tercera autoridad de España, después del rey y del presidente del gobierno), sino también porque, en el número 13 de la calle Génova, donde se encuentra la sede del PP pagada en B, se considera a Armengol un ejemplar especialmente representativo de eso que ellos llaman el sanchismo. Puede parecerlo ahora, pero la realidad no es ésta, o no lo ha sido siempre.

Para entender el caso Koldo debe hacerse el esfuerzo de situarse en el peor momento de la pandemia (marzo-abril de 2020) y en la situación dramática de desabastecimiento de mascarillas que existían. Era tan grave la falta de material que las autoridades no recomendaron (ni mucho menos hacer obligatorio) el uso de mascarillas hasta el 19 de mayo de 2020, dos meses después de decretar el estado de alarma y cuando creyeron que ya estaba garantizado su abastecimiento. En aquellos meses de locura en que las administraciones movilizaron a miles de millones para comprar material sanitario en China y se hicieron contratos por la vía de emergencia para ir más rápido, las empresas se encontraron con quien tenía un contacto en administración de alguna manera contaba con una ventaja competitiva.

En la persecución del PP por aprovechar el caso Koldo, es decir, el caso Ábalos, es decir, el mal momento de Pedro Sánchez, que ni ha aprobado la amnistía ni ha aprobado los presupuestos, todavía, ha aparecido una prenda de caza mayor, que es la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Se le ha puesto bajo sospecha porque el Govern Balear del que ella era presidenta compró mascarillas a Koldo que resultó que protegían pero menos de lo que el Govern Balear había pagado. Y cuando se dieron cuenta, Armengol ordenó devolver el material entero y reclamar que les devolviera el dinero. El PP ha pedido la dimisión de Armengol por haber comprado mascarillas en la trama de Koldo, por la que hay 20 personas detenidas.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes en rueda de prensa en la cámara baja para defenderse de las acusaciones contra ella por el caso Koldo y lo hizo en dos direcciones: en primer lugar, defendiendo la legalidad de todas las actuaciones del Govern Balear, y, en segundo lugar, para atacar al PP. "El PP se ha saltado todas las fronteras y todas las líneas rojas posibles [...] En política no todo vale y no todos los políticos somos iguales", ha afirmado con contundencia Armengol en el inicio de su intervención, y ha dejado claro que no permitirá que "ensucien" su nombre ni que vinculen la gestión del gobierno que lideró "con nada que se parezca con la corrupción". La dirigente socialista afirmó que, en el contexto de pandemia y de escasez de material sanitario, su ejecutivo buscó material sanitario bajo las piedras, pero defendió el proceso de contratación que se hizo.

En su cacería contra Pedro Sánchez a raíz del caso Koldo, el PP ha puesto ahora en su punto de mira a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por una compra de mascarillas que hizo el sistema balear de salud a una presunta empresa de la trama. Efectivamente el Govern Balear hizo un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión para comprar material sanitario. Una parte de este material, en concreto las mascarillas FFP2, resultó ser de una calidad inferior a la que se correspondía por el precio pagado, pero el Govern Balear esperó a realizar la reclamación. El motivo que dan las autoridades que entonces gestionaron la pandemia es que, siendo de calidad inferior, prefirieron tener ese material en stock hasta que estuvieran seguros de que no lo necesitarían. Y sólo se hizo la reclamación al final del mandato para que les devolvieran parte del dinero.

El caso Koldo se está envolviendo cada día más y el PP intenta sacar jugo poniendo contra las cuerdas el gobierno español. Así, los 'populares' han redoblado la presión sobre los socialistas con el punto de mira en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la pata balear del caso. Reprochan que el gobierno del territorio insular comprara una partida de mascarillas "defectuosas" a través del ex asesor de José Luis Ábalos Koldo García abonando 3,7 millones de euros. Y, sobre todo, que pagara sabiendo que eran "inservibles" para el uso sanitario, algo que Armengol niega. Por eso, este lunes los de Alberto Núñez Feijóo han registrado en la cámara un escrito en el que piden la dimisión de Armengol, tal y como ya había anunciado este domingo el portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado.

Pedro Sánchez propondrá a Alberto Núñez Feijóo una reunión antes de que acabe el año para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la financiación autonómica y la eliminación del término "disminuido" del artículo 49 de la Constitución. Así lo ha explicado en una conversación informal con periodistas tras el acto de conmemoración del 45 aniversario de la Carta magna, marcado por la alta tensión política que se vive a raíz de la amnistía y la negociación con el independentismo en Suiza, el bloqueo al órgano de gobierno de los jueces y la ruptura entre Podemos y Sumar.

Había mucha expectación por escuchar las palabras del rey Felipe VI hoy en la sesión solemne de apertura de la XV legislatura después de haber aparecido con semejante serio en las fotografías con Pedro Sánchez durante la toma de posesión. El monarca ha llegado a las puertas del Congreso, donde le esperaba Sánchez, con el mismo semblante serio, pero su discurso ha sido conciliador. En primer lugar, ha felicitado a Pedro Sánchez por su elección como presidente del gobierno (y éste ha asintido con la cabeza), desvaneciendo cualquier duda sobre la legitimidad del nuevo ejecutivo, y después ha hecho una defensa encendida de la Transición y la Constitución con el objetivo de dejar a las nuevas generaciones "una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos".

La ley de amnistía comienza por fin a andar con el registro oficial de este lunes en el Congreso de Diputados. Después de que Francina Armengol anunciara el debate de investidura de Pedro Sánchez para este miércoles y jueves, estaba prevista una presentación conjunta de los grupos que la apoyarán, pero las dudas de ERC sobre si los encausados por terrorismo quedan amparados por la norma –varias fuentes jurídicas consultadas por el ARA creen que sí– han propiciado que solo el PSOE acabara estampando su firma. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no ha querido entrar en estas desavenencias y en una comparecencia en la cámara baja se ha limitado a celebrar que esta norma es "imprescindible" para que "la convivencia en España sea mejor". Los cálculos del PSOE es que afectará a 309 independentistas y 73 policías.

Fernando Galindo Elola-Olaso (Madrid, 1983) no está acostumbrado a aparecer en los periódicos porque, como miembro del cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 2010, tradicionalmente ha tenido cargos técnicos aprobados por unanimidad. Ahora, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha designado nuevo secretario general y letrado mayor de la cámara baja, y una de sus primeras tareas será emitir criterio jurídico sobre la proposición de ley de amnistía. La derecha ya ha iniciado una campaña contra el nombramiento porque en los últimos años sí ha ostentado cargos de carácter más político: a mediados de 2021 fue nombrado director general de Cooperación Autonómica y Local y, en 2023, subsecretario de Política Territorial en el ministerio que lidera la socialista Isabel Rodríguez.

El entorno de Francina Armengol decía este jueves que no tenía clara la fecha para la investidura de Pedro Sánchez. A nadie se le escapa que la presidenta del Congreso espera instrucciones para convocar el pleno, una vez que el presidente español se asegure de que contará con los votos necesarios para revalidar el cargo. Confirmados los de EH Bildu y Esquerra, el principal despejador son los de Junts, con el permiso del PNV, habituado a escenificar una cierta incertidumbre. Armengol, sin embargo, no prevé fijar el pleno este viernes, aunque entraba en las previsiones iniciales de los socialistas: el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, continúa en la capital europea para tratar de desatascar la situación con Carles Puigdemont.

La jura de la Constitución de la princesa Leonor (a quien sólo podemos desear, por el bien general y por su particular, que no llegue a reinar para que deje de existir la monarquía) llevó una controversia suplementaria a cuenta del discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Concretamente, por los poetas que citó: el vasco Felipe Juaristi, la gallega Xohana Torres y el valenciano Vicent Andrés Estellés.

Después de que el rey designara este martes Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno español, la presidenta del Congreso ha anunciado que el debate de investidura será los días 26 y 27 de septiembre. Por tanto, la primera votación en la que Feijóo necesitaría mayoría absoluta para ser investido sería el miércoles 27 y, la segunda, el viernes 29. Estas fechas hacen que, en caso de que hubiera una repetición electoral, ésta fuera el 14 de enero. Si el debate se convocaba antes, existía riesgo de que un nuevo llamamiento a las urnas cayera durante las vacaciones de Navidad. La única fecha posible para evitarlo era que el debate fuera la próxima semana para que las hipotéticas nuevas elecciones fueran el 17 de diciembre.

Unas nuevas elecciones no serían en Navidad si tuvieran que repetirse. La decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de fijar el debate de investidura para el 26 y 27 de septiembre ha alejado del 25 de diciembre a unos eventuales nuevos comicios. Sin embargo, si fracasa la investidura los ciudadanos deberían volver a ir a las urnas el domingo 14 de enero y eso significa que la Noche de Reyes se estaría en plena campaña porque empezaría justo la madrugada del 4 al 5 de enero.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha reclamado este lunes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que incorpore la denominación catalán-valenciano en la propuesta de permitir los idiomas oficiales en el Parlamento español con un objetivo declarado: acabar con "batallas que no aportan nada", como la polémica por el nombre de la lengua que ha hecho resurgir al gobierno valenciano del PP y Vox. "Valenciano es nuestra forma de visualizar nuestra lengua; creemos que la denominación catalán-valenciano es la correcta", ha dicho Puig tras reunirse con la dirección socialista en las Corts valencianas. De hecho, ha avanzado que Armengol está "alineada" con su posición en cuanto al nombre de la lengua.