La fiscalía europea investigará los contratos de la trama Koldo con Baleares y Canarias
Armengol contraataca y cuestiona la gestión del PP, que ahora gobierna las Islas
MadridEl caso Koldo se está envolviendo cada día más y el PP intenta sacar jugo poniendo contra las cuerdas el gobierno español. Así, los 'populares' han redoblado la presión sobre los socialistas con el punto de mira en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la pata balear del caso. Reprochan que el gobierno del territorio insular comprara una partida de mascarillas "defectuosas" a través del ex asesor de José Luis Ábalos Koldo García abonando 3,7 millones de euros. Y, sobre todo, que pagara sabiendo que eran "inservibles" para el uso sanitario, algo que Armengol niega. Por eso, este lunes los de Alberto Núñez Feijóo han registrado en la cámara un escrito en el que piden la dimisión de Armengol, tal y como ya había anunciado este domingo el portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado.
La petición de dimisión del PP atribuye a Armengol la condición de "colaboradora necesaria de la estafa", aunque desde el equipo de Armengol niegan cualquier implicación en ningún tipo de estafa. "No puede continuar ni un minuto más", insistió Tellado en declaraciones a los medios, y reiteró lo que dijo este domingo, que Armengol "está haciendo un enorme daño a la institución". Según los populares, el caso Koldo está provocando que el gobierno español esté "en descomposición", como dijo el propio Feijóo. El señalamiento al presidente español, Pedro Sánchez, está claro porque dicen que "todos los implicados" en esta trama son "tremendamente cercanos" a él.
Y en esta línea también ha ido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha añadido a la ofensiva diciendo en un desayuno en el Club Siglo XXI que Sánchez actúa "como en una dictadura" negándose a comparecer en el Senado. Por ello, afirmó que la situación es "inadmisible" y reclamó que Francina Armengol se pliegue. A su juicio, "es una evidencia" de que la presidenta del Congreso "enriqueció una trama corrupta que se ha aprovechado del dolor de los españoles en la pandemia y del patrimonio de los baleares, cuyo dinero se ha lanzado a la basura sin explicaciones". Quien ha sido aún más duro es Vox: en rueda de prensa, su secretario general, Ignacio Garriga, ha pedido la dimisión de Armengol, pero también de Sánchez, e incluso ha reclamado la convocatoria de elecciones.
Paralelamente, el gobierno español intenta que funcione su cortafuegos con Ábalos. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, aseguró en una entrevista en TVE que la petición de dimisión del PP a Francina Armengol está "absolutamente injustificada". Así, ha acusado a los 'populares' de "intentar enfangar", "extender" y "difamar". En el mismo sentido se ha expresado la portavoz del PSC, Èlia Tortolero, que ha cerrado filas con la presidenta de la cámara baja asegurando que su gobierno balear siguió "escrupulosamente" todos los procedimientos cuando detectó que las mascarillas que les va entregar la empresa del caso Koldo eran defectuosas. También ha acusado al actual ejecutivo de Marga Prohens de haber dejado caducar el expediente y ha añadido que son los populares quienes deben dar explicaciones. "No nos consta que el PP haya pedido la dimisión por el señor Matas, por el señor Rato, por Acebes o por aquellos que estropeaban ordenadores en la sede de Génova", ha dicho. Asimismo, el portavoz de los comunes, Joan Mena, afirmó que el PP es "un partido corrupto y mentiroso, que hace de la mentira su herramienta", recordando cómo el gobierno de Aznar retorció los hechos del 11- M para hacer creer que detrás estaba la banda terrorista ETA.
"El espectáculo" de reproches mutuos es el que ha criticado a la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, quien ha manifestado que es necesario salir de la dinámica de señalar quién la ha hecho más grande en materia de corrupción a raíz del caso Koldo y ha insistido en plantear reformas para combatir la corrupción "antes de que se produzca". Así, ha propuesto reformar la figura del indulto para prohibir que se conceda a condenados por corrupción, limitando y restringiendo el aforo de cargos públicos, pero también desplegar un órgano independiente que evite presuntos tramas corruptos.
