Guía para entender el caso Koldo (o Ábalos)

MadridEl caso Koldo o Ábalos, depende del nombre con el que se lo quiera bautizar, se ha convertido esta semana en la principal piedra en el zapato de Pedro Sánchez. Desde que estalló el escándalo por las presuntas comisiones ilegales que se habría embolsado Koldo García, exasesor de José Luís Ábalos en el ministerio de Transportes, las repercusiones de la trama se han ido ampliando y cada vez salpican a más personas, al menos políticamente y en forma de sospecha. Ahora bien, entre el alud de informaciones y nombres que van sonando relacionados con el caso cabe distinguir entre los hechos que la Audiencia Nacional ve como posibles delitos, los indicios recogidos por la Guardia Civil y la trifulca entre PP y PSOE.

¿Qué parte está judicializada?

La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se limita, al menos por ahora, a los actos que habrían cometido siete personas. Se trata de Koldo García, persona de máxima confianza del exministro Ábalos, así como dos personas de su entorno personal -su hermano, Joseba García, y su esposa, Patricia Úriz- y cuatro cómplices -Juan Carlos Cueto, que controlaba la empresa adjudicataria de los contratos investigados llamada Soluciones de Gestión; Íñigo Retaeche, máximo accionista de la compañía; Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y socio de la trama, y José Luís Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil destinado al Ministerio de Transportes.

¿Cómo se lucraban ilícitamente? Los investigados utilizaban la empresa Sociedades de Gestión para conseguir contratos de suministro de material sanitario de diversas administraciones públicas aunque la actividad social de la compañía carecía de relación directa con esta función. La manera de conseguirlos era a través de la intermediación e influencia que tenía el exasesor de Ábalos en el ministerio de Transportes en un momento, el inicio de la pandemia, en el que se hacían contratos de emergencia con menos controles. Esta función de logrador de contratos habría supuesto un aumento patrimonial de 1,5 millones para Koldo García, que habría tratado de esconder a través de sus familiares. Gracias a los contratos conseguidos, Cueto se habría embolsado 9,6 millones de euros y Aldama 5,5 millones.

El juez Moreno considera que este entramado puede implicar delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. En 2020, Sociedades de Gestión facturó casi 54 millones de euros con estas adjudicaciones. El auto de la Audiencia Nacional pone bajo la lupa los siguientes contratos: 20 millones de euros con Puertos del Estado, 12,5 millones con ADIF —ambas vinculadas al ministerio de Transportes—, 3,5 millones con una subdirección del ministerio del Interior, cuatro contratos con el gobierno canario -de 2,1 millones, 447.000 euros, 4,8 millones y 5 millones, respectivamente— y un contrato de 3,7 millones con el gobierno balear. El magistrado también apunta a que Sociedades de Gestión habría conseguido parte de un contrato suscrito por la dirección del INGESA, adscrito al Ministerio de Sanidad, a través de un acuerdo marco con una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada con Ferrovial . No especifica cantidades.

Ahora bien, lo que investiga la Audiencia Nacional no es la actuación de las administraciones que suscribieron estos contratos sino la actuación de Koldo García y sus cómplices para conseguirlos y sacar rédito económico.

Los indicios de la Guardia Civil

Gran parte de las informaciones publicadas en los últimos días se han centrado en el contrato suscrito con el gobierno balear. Tres años después de formalizarlo, el ejecutivo autonómico reclamó que se le devolvieran 2,6 millones de euros porque las mascarillas que les suministró Sociedades de Gestión eran de menor calidad de lo pactado.

Es aquí donde aparece Ábalos sin que su rol suponga que esté investigado. El juez lo señala como "intermediario" para tratar de evitar esta reclamación. Según ha avanzado El Mundo, los informes de la Guardia Civil recogen conversaciones de los miembros de la trama que lo apuntan y aportan pruebas de un encuentro en una marisquería entre Ábalos y García el 10 de enero que habría tenido como finalidad que el exministro intercediera para detener al intento de recuperar el dinero. El exministro negó haber hecho nada, si bien reconoce haber coincidido con su exasesor de forma casual. Ahora bien, hasta ahora, nada le implica en el cobro de comisiones y la adjudicación de contratos.

Justamente su relación con Koldo García y el hecho de que una persona nombrada por él actuara presuntamente a sus espaldas, por mucho que no se haya demostrado que Ábalos participara en sus actividades ilícitas, es lo que llevó al PSOE a pedirle que renunciara al acta de diputado en el Congreso a la que el exministro de Transportes ha decidido aferrarse para defender su inocencia.

En el marco de ese intento de detener la reclamación aparece también el nombre del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. En una conversación del 2 de diciembre de 2023 entre Koldo y Cueto interceptada por la Guardia Civil, el ex asesor asegura que ha concertado una reunión con el popular al día siguiente para tratar de frenar el expediente que ahora está en manos de un ejecutivo del PP. Tellado negó haber mantenido esa reunión y no hay pruebas del encuentro.

La trifulca entre PSOE y PP

Otro de los nombres señalados políticamente -no judicialmente- por el contrato balear es el de Francina Armengol, expresidenta autonómica y actual presidenta del Congreso. El PP la incluye en la trama y esgrime el hecho de que la reclamación a Sociedades de Gestión se realizara tres años después. Fuentes vinculadas al anterior ejecutivo balear defienden que la contratación fue legal y que así lo certificó la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares. Si no se hizo antes la reclamación, sostienen, es porque durante la pandemia tenían la obligación de guardar un stock de material sanitario. Lo que sí está en entredicho es que estas mascarillas se pagaran con fondos europeos. El actual gobierno balear del PP ha ordenado devolver los 3,7 millones a las arcas comunitarias y la cuestión está en manos de la fiscalía europea y la oficina antifraude de la UE.

Inicialmente los populares también vincularon al exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, con la trama. Un informe de la Oficina de Anticorrupción de Baleares cifra en 40,5 millones la contratación hecha por el ministerio de Sanidad con Sociedades de Gestión. Ahora bien, el detalle de esta adjudicación no aparece en el auto de la Audiencia Nacional y el propio Illa ha negado rotundamente que contratara nada con esta empresa.

El PP no se detiene en los ministros y apunta a la cúspide del gobierno español. Según los populares, el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, estaba al corriente de la trama y la tapó. Una acusación hecha sin pruebas. En esta línea, una información de El Confidencial ha vinculado a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con Aldama, uno de los investigados. Se habría reunido con ella durante el 2020 para presentarle varias oportunidades de negocio ajenas al caso mascarillas.

En estos encuentros también habría participado el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, compañía con la que Aldama estuvo vinculado como asesor externo. Esta empresa, propietaria de Air Europa, recibió un rescate de 615 millones de euros con fondos públicos durante la pandemia. Fuentes de los populares insinúan posibles irregularidades en esta operación, que no está en manos de la justicia.