En abril de 2023 comentamos aquí el año largo de demora que había por cobrar las subvenciones para la instalación de placas solares. Hace diez días, 3Cat informó de que hay vehículos pesados ​​parados durante más de tres meses a la espera de los permisos que permiten su circulación. Y, el pasado viernes, TV3 informaba de que un total de 5.153 personas murieron en el 2025 en Catalunya mientras hacían los trámites de la dependencia. El reconocimiento del caso se alarga unos 8 meses de media entre que se logra la valoración del grado y se tiene la resolución del Programa Individual de Atención que determina la prestación o servicio que corresponde. Y si echas atrás, encontrarás la misma noticia en años anteriores: "Cada hora muere, cada día mueren…". Es patético.

El marco legislativo sobre las condiciones laborales de los funcionarios en Catalunya tiene más de 25 años y, para el Govern, ha llegado el momento de ponerlo al día. El consejo ejecutivo del próximo martes aprobará el proyecto de ley de empleo público, que tiene como objetivo redefinir el acceso al sector público, despertar vocaciones entre los jóvenes para afrontar el relevo generacional en la administración y cambiar las condiciones de promoción en la carrera funcionarial. La ley, que posteriormente entrará en el trámite parlamentario, afecta a casi 400.000 trabajadores: los empleados de la Generalitat, los de los 947 ayuntamientos de Catalunya y los de las siete universidades públicas catalanas. La norma ha sido trabajada con el "máximo consenso", según el departamento de la Presidencia, y se enmarca en el gran proyecto de reforma de la administración que tiene en marcha el ejecutivo catalán.

Después de estrenar nueva web e introducir la atención por videoconferencia, la Generalitat sigue dando pasos adelante en la reforma de la administración. Y ahora es el turno de los trámites online. Antes del verano, el Govern dirá definitivamente adiós a los PDF que hasta hace poco era necesario llenar para hacer solicitudes online. El objetivo es que los nuevos formularios sean "100% accesibles" desde cualquier dispositivo, por lo que será necesario renovar el formato de hasta 1.550 trámites. La Generalitat ya ha atravesado el ecuador de este proceso, con 900 trámites ya adaptados, y prevé terminar los 650 que faltan en junio. La puesta al día costó un total de 4,3 millones de euros.

Desde este domingo cualquier catalán ya puede registrarse como pareja de hecho, solicitar una licencia de caza o pedir la tarjeta de la discapacidad por videoconferencia. Estos son algunos de los 27 trámites que a partir de ahora se pueden realizar a distancia con la ayuda de un agente, sin necesidad de desplazarse presencialmente a las dependencias de la Generalitat. El usuario podrá acceder desde su casa a través de la nueva Oficina Virtual, que el Gobierno ha puesto en marcha en el marco de la reforma de la administración para acercarla al ciudadano y hacerla más eficiente.

Se acercan grandes cambios a la administración de la Generalitat. Con las 50 propuestas del grupo de expertos de la Cetra sobre la mesa, el Gobierno todavía ahora la redacción de las leyes que deben dar forma a la transformación del sector público en los próximos años. Los cambios incluyen desde la simplificación de los trámites administrativos hasta la incorporación de la IA, pasando por cambios en las oposiciones y el fin de los nombramientos a dedo de los directivos públicos con la introducción del concurso como método de selección y su blindaje frente a ceses a discreción. Pero, ¿qué piensan los representantes de los trabajadores del sector público?

No existe libertad sin riesgo. Precisamente me bailaba por la cabeza esta idea cuando me llegó una carta, y era una multa. Siempre viene mal, una multa, por merecida que sea, pero en los últimos tiempos yo diría que es peor. Conduciendo por otra ciudad, me equivoqué de calle y se ve que entré por uno prohibido a la circulación. Hasta ahora no lo he sabido. ¿Por qué no lo vi? ¿Quizás estaba mal señalizado? Da igual, porque la multa funciona con chantaje: si pago deprisa y renuncio a protestar me harán un descuento del cincuenta por ciento. Como recorrer es complicado y seguramente no me darían la razón, me incitan a pagar y callar. No es demasiado edificante.

Cuando el fuego muestra su poder destructivo cerca de una casa o de los cultivos que son el resultado del esfuerzo de muchas generaciones arraigadas en esa tierra es imposible no conmoverse. Sería una gran insensibilidad decirles que sólo es una chispa de lo que está ocurriendo en el planeta.

¿Por qué la administración pública debe seguir adjudicando contratos como si sólo importara el precio, cuándo podría hacerlo con criterios que también mejoren la vida de las personas?

Uno de los proyectos estrella del gobierno de Salvador Illa es la reforma de la administración, que encargó a un grupo de expertos encabezados por el catedrático de ciencia política Carles Ramió, y que ya ha puesto algunos cambios sobre la mesa, como por ejemplo el "derecho al error" tanto de la ciudadanía como de los funcionarios para luchar contra la parálisis. se arrastra legislatura tras legislatura y que ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de implementar: la regulación del directivo público profesional, que pasa por poner fin a la discrecionalidad con la que ahora los partidos eligen a las personas que ocupan las direcciones y subdirecciones generales del gobierno de la Generalitat Es decir, una reforma para poner fin a la elección de político y al

Si una persona comete un error ante la administración, tendrá derecho a rectificar siempre que se haya cometido de forma "no fraudulenta". le ha querido ampliar también a la ciudadanía. De esta manera, si una persona demuestra que ha cometido un error involuntario, podrá rectificarlo y evitar sanciones. públicos y sólo lo serán por acciones u omisiones "realizadas con luto, culpa o negligencia grave". La administración, pues, no castigará al funcionario que haya actuado con "la diligencia debida, de buena fe y sin fraude". no pueda reclamar prestaciones "vinculadas a las necesidades esenciales de subsistencia" que se hayan otorgado por error por "no perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de colectivos vulnerables". reclamación de miles de euros por pagos indebidos de prestaciones sociales. Hace unos meses, el Gobierno aprobó ya una amnistía para los beneficiarios de la renta garantizada y ahora está pendiente qué hacer con los cientos de jóvenes extutelados que han recibido carta para devolver parte de la ayuda y, por lo que la consejería de Derechos Sociales ya se ha disculpado.

El catedrático de ciencia política de la UPF Carles Ramió, presidente de la comisión de expertos para la reforma de la administración pública (CETRA), atiende al ARA para explicar los cambios que el Gobierno se ha comprometido a impulsar.

El Govern encargó a un grupo de expertos liderados por el catedrático de ciencia política y de la administración Carles Ramió una propuesta para reformar la administración, una promesa de que diferentes ejecutivos se han hecho suya pero que nunca se ha hecho realidad con la ambición y la capacidad de transformación necesaria. Pues bien, el grupo de Ramió ha elaborado diez propuestas concretas que, de llevarse a cabo, supondrían una auténtica revolución en el sector público porque cambiaría desde las formas de trabajar hasta los procesos de selección de los funcionarios y, sobre todo, de los directivos que ahora son nombrados a dedo por los cargos políticos.

Al inicio del mandato, el gobierno de Salvador Illa se fijó como objetivo de legislatura reformar la administración pública. Para ello cuenta con un grupo de expertos (CETRA) capitaneado por el catedrático de ciencia política y administración pública Carles Ramió, que ha propuesto hasta diez medidas para implementar. Las más destacadas son: una reforma para profesionalizar a la dirección pública; introducir la inteligencia artificial en el funcionamiento de la Generalidad; cambiar la selección del funcionariado y que la administración sea proactiva en las ayudas. "Somos conscientes de que debemos luchar contra el escepticismo de la sociedad, los medios de comunicación y los propios servidores públicos", admitió Ramió en declaraciones a la prensa, ya que la reforma de la administración es un tema que siempre tienen los gobiernos en la agenda y nunca se acaba llevando a la práctica. A continuación se detallan las diez primeras medidas con las que trabajará el ejecutivo, a pesar de que algunos no se concretan los plazos, como la despolitización de la dirección pública, que queda en manos del calendario del Gobierno y del apoyo del resto de los partidos políticos.

El DNI digital empezará a tomar forma a partir de este miércoles. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el decreto que regula su "proceso de expedición, gestión y desarrollo" para que se pueda instalar en el teléfono móvil. La puesta en marcha del carné de identidad en formato digital se ha aprobado este martes en el consejo de ministros y convivirá con el DNI físico, aunque la intención del gobierno español es extender su uso de "forma universal", apuntan fuentes de la Policía Nacional.

Han coincidido en pocos días diversas informaciones que muestran el alto grado de incompetencia de nuestra administración pública y la impotencia de los gobiernos por hacerla funcionar. Son casos de parálisis incomprensible y de procesos burocráticos estúpidamente enrevesados ​​que provocan situaciones casi ridículas y otras de una dramática gravedad social. Y, que conste, se trata de casos que no han estado condicionados por los conflictos políticos de los últimos años, y ni siquiera parecen directamente determinados por las dificultades de financiación.

Han coincidido en pocos días diversas informaciones que muestran el alto grado de incompetencia de nuestra administración pública y la impotencia de los gobiernos por hacerla funcionar. Son casos de parálisis incomprensible y de procesos burocráticos estúpidamente enrevesados ​​que provocan situaciones casi ridículas y otras de una dramática gravedad social. Y, que conste, se trata de casos que no han estado condicionados por los conflictos políticos de los últimos años, y ni siquiera parecen directamente determinados por las dificultades de financiación.

Somos muchos los que esperamos que la nueva legislatura sirva para atacar, al fin, los retos pendientes de la administración en Catalunya. Y en este sentido quisiera hacer una lectura crítica del artículo de Germà Bel "Corrupción, nepotismo y gestión pública en Cataluña" (AHORA, 2 de septiembre), del que celebro la publicación, porque aporta luz y solvencia sobre cuestiones de actualidad recurrente desde una perspectiva que normalmente se ignora. Nos recuerda que la definición de la corrupción que hace Transparency International abarca el nepotismo, denuncia el abuso de la política en la asignación de puestos de trabajo prescindibles para la organización, y la falta de evaluación de las personas designadas, por el sesgo implícito a las relaciones personales que mantienen con aquellas que las han nombrado. Es cierto que, estos factores y otros que también señala Bel, están en la base de una práctica consolidada en las administraciones públicas catalanas, empleada por todas las opciones políticas, sin que disponga de ningún reproche; ni público, porque –como decimos– todo el mundo hace uso, ni privado, porque la ciudadanía hace tiempo que lo tiene asumido y lo ha añadido al zurrón que congria la sostenida desafección hacia lo público.

Los cambios demográficos marcan nuestras vidas: cuánto viviremos, hasta cuándo trabajaremos o cuántos hijos tendremos. Pero también alteran a nuestra sociedad porque afectan a la economía y al estado del bienestar, así como a sus patas clave: los servicios sociales y sanitarios. Tenemos una población cada vez menor y que vive más tiempo. Envejecemos y nos faltan criaturas, y, sumado a las consecutivas crisis económicas, ya un mercado laboral y de la vivienda disfuncionales, esto ha hecho crecer las demandas de ayuda y apoyo de unos servicios públicos que a menudo no dan abasto.

El 29 de octubre de 2008, el pequeño municipio gallego de San Cibrao das Viñas estaba de celebración. La empresa T-Solar acababa de inaugurar una planta de producción de placas solares que en poco tiempo se convertiría en la segunda fábrica más importante del sector en todo el Estado. Todo el mundo estaba eufórico. De hecho, ese día, por la flamante nave industrial situada en el Tecnopole -un parque tecnológico de más de 550.000 metros cuadrados- fueron desfilando un montón de autoridades, como Elena Espinosa, entonces ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del gobierno español. Era la ocasión perfecta para sacar pecho: formada por capital 100% español, T-Solar había invertido más de 80 millones de euros en poner en marcha la nueva fábrica, había anunciado que daría trabajo a 190 profesionales y aseguró que, en tan sólo un año, el grupo facturaría más de 100 millones de euros. Todo ello gracias al impulso definitivo proveniente de la fabricación de unos módulos solares pioneros en Europa, mayores que los que fabricaba toda la competencia y con unos costes de instalación y cableado mucho más bajos. Pero la historia no tardó en torcerse.

Cada vez tengo más la sensación de que nuestras sociedades, aunque ya están empezando a tener conciencia de algunos de los retos que tenemos delante, todavía no han valorado suficientemente la profundidad de los cambios que necesitamos para adaptarnos a una nueva etapa de la historia humana; ni tampoco ven la urgencia con la que hay que hacerlo. Es una situación que comporta irresponsabilidades por parte de todos. Quiero comentar algunos aspectos, mirando específicamente el mundo de la política y el de las administraciones públicas.