"La Generalitat me reclama que le devuelva 19.900 euros de ayudas"

BarcelonaEn junio Maria Ruiz (nombre ficticio) recibió una carta del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat en la que le reclamaba que devolviera 19.886,92 euros correspondientes a ayudas sociales indebidas que había recibido desde mayo del 2020 al mes de abril. Desde entonces, la mujer sufre un cuadro de angustia: “Y ahora qué hago, ¿cómo lo pago?”. El caso de Ruiz es uno de los 9.500 beneficiarios de prestaciones sociales que la conselleria ha detectado que cobraron un dinero que, con la ley en la mano, no les correspondía y, por tanto, les pide que les devuelvan.

Poco antes de la pandemia, la vida de Ruiz dio un vuelco del que todavía se recupera y arrastra los daños. Víctima de violencia machista, se separó y abandonó lo que había sido la casa familiar con sus dos hijas de ocho y trece años. A raíz de la presión brutal, las niñas desarrollaron un trastorno mental que necesitó que la mayor fuera ingresada. Ruiz tuvo que dejar de trabajar en la residencia donde hacía la limpieza para cuidar a las pequeñas y, a pesar de que los servicios sociales municipales de la localidad en la que reside le aconsejaron las ayudas previstas para las mujeres que han sufrido violencia machista, ella las va rechazar. “Quería olvidarlo y pasar página”, se justifica, aunque es una postura habitual entre las víctimas.

En paro y sin poder trabajar, logró entrar en un piso de la Fundación Vivienda Social, por el que paga un alquiler social, y tramitó el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda estatal creada para aliviar la urgencia del confinamiento de la Covid-19, y también la renta garantizada de ciudadanía (RGC) que otorga la Generalitat a las familias con pocos ingresos, como complemento. Atolondrada y preocupada por la salud de su criatura y por su situación personal, Ruiz relata que en todo momento hizo lo que le dijeron y entregó la documentación exigida. El circuito por recibir prestaciones sociales es un auténtico laberinto hasta y todo para las profesionales de trabajo social que se dedican, porque la letra pequeña de cada una está llena de incompatibilidades y límites económicos. Derechos Sociales se agarra a esta última premisa y afirma que la familia recibió “ingresos provenientes de la prestación del IMV, superiores a los fijados por el indicador de la renta de suficiencia de Cataluña –que marca a partir de qué ingresos se tienen derechos a ayudas– ya los umbrales establecidos por la disposición transitoria tercera de la ley de la RGC”. Para Ruiz es totalmente incomprensible la situación porque –insiste– siempre le “aceptaron” las demandas de ayuda. “Yo no he cobrado nada que no me correspondiera porque, de ser así, no me habrían pagado, pero si me exigen ahora esa cantidad de dinero exorbitante, ¿cómo la puedo devolver? ¿Alguien se hace cargo de mi situación?” Lo máximo que llegó a cobrar son unos 1.100 euros de ambas prestaciones complementarias. La llegada de la carta supuso dejar de cobrar el importe de la RGC, así que la pérdida la ha suplido el IMV.

Asesoramiento de Cáritas

Desde Cáritas intentan apoyar y asesoran a otros destinatarios de cartas de Derechos Sociales con cantidades diversas: 7.000, 15.000 euros, explica Sonia Lacalle, jefa del programa de asesoría jurídica social y acompañamiento en derechos de la entidad diocesana. Por el momento han presentado recursos ante el mismo departamento para detener el procedimiento, sin obtener respuesta. En caso de que no prosperen, será necesario acudir a los juzgados de lo social y contencioso-administrativo, dependiendo de las prestaciones. Desde la Fundació Arrels también se ha comunicado que personas sin hogar han recibido la carta.

Después de que Catalunya Ràdio destapara el envío de las cartas, su número dos del departamento, Raúl Moreno, admitió el error, pero reiteró que los afectados tendrán que devolver las cantidades reclamadas. Este miércoles la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, comparece en el Parlament a petición propia para explicar la situación a los diputados.

Lacalle sostiene que el caso de las 9.500 cartas evidencia la falta de una “ventanilla social única” para facilitar los trámites a la ciudadanía que necesita estas prestaciones para salir adelante, y para acabar así con que personas que cumplen los requisitos no cobren ayuda pública alguna por la complejidad del proceso. Asimismo reprocha que la Generalitat sea incapaz de "cruzar datos personales de los ciudadanos" para detectar las incompatibilidades y que sólo haya hecho las comprobaciones para evitar que prescriban las órdenes de retorno de las ayudas. Además, la abogada recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en varias sentencias que no pueden reclamarse las ayudas que cubren necesidades básicas, como lo es la RGC, por su impacto entre los más vulnerables. En esta misma línea, la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, reclama al Gobierno que "desista de reclamar pagos indebidos" porque "es el responsable del error administrativo".