La fractura entre ambas Barcelones por la crisis de la vivienda es cada vez "más profunda" y acelera la gentrificación de unos barrios y el vaciado de otros. Así lo constata el último informe de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), titulado SOS vivienda, que ha detectado que en 2024 había más de 600 grandes promociones especulativas en marcha en la capital catalana que afectaban a más de 11.800 viviendas. Se trata, en su mayoría, según la FAVB, de familias que se han visto obligadas a marcharse de su casa por la extinción de su contrato de alquiler por "la típica operación de compra de todo un bloque, expulsión de los vecinos y reforma por vender a precios de lujo", señalaron los portavoces.

Fue un compromiso adquirido por el gobierno de Salvador Isla pactado con los comunes. Y este fin de semana ha entrado en vigor: el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPi AJD), que grava las transacciones mobiliarias e inmobiliarias de segunda mano, se encarece para los inmuebles de más de 600.000 euros y se duplica, hasta el 20%, para las compras de edificios y de grandes tenedores, como fondos o grandes inmobiliarias. La norma catalana entiende como grandes tenedores a quienes tienen más de 10 inmuebles o una superficie construida por viviendas de más de 1.500 metros cuadrados, pero se rebaja a partir de más de cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas por la Generalitat, es decir, donde se regulan los precios. En Cataluña existen 271 municipios con esta regulación, entre ellos Barcelona. Estos incrementos se incluyeron en un decreto del pasado marzo convalidado en mayo y que preveía su entrada en vigor a los tres meses, es decir, a partir del pasado viernes, 27 de junio.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arrancó el año anunciando un plan para movilizar el alquiler asequible en el Estado y revertir las dificultades que sufren muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes y personas migrantes, para acceder a una vivienda. Cinco meses después, y en plena presión social con manifestaciones por el derecho a la vivienda en las principales ciudades del Estado, algunas de las medidas se pusieron negro sobre blanco a través de una proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso de los Diputados. En concreto, en el texto presentado este jueves los socialistas recogen buena parte de las medidas fiscales del plan anunciado por Sánchez.

A la reforma fiscal del gobierno español no le paran de salir detractores. Este miércoles el sector inmobiliario ha salido en tromba contra una de las medidas fiscales que PSOE y Sumar han puesto sobre la mesa: acabar con el régimen fiscal especial que ahora tienen las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Estos vehículos de inversión tienen un trato fiscal muy favorable desde hace años.

Es una de aquellas porterías típicas de los edificios del Eixample de Barcelona. Tiene una puerta de hierro forjado, techos altos y paredes ornamentadas. Sin embargo, ahora está llena de trastos: hay sacos de escombros, barras de hierro e incluso una taza de váter al lado de la entrada. También hay polvo por todas partes. Un letrero indica que el uso de casco es obligatorio y en la fachada una gran pancarta anuncia la venta de viviendas. Están rehabilitando el edificio.