El catedrático de ciencia política de la UPF Carles Ramió, presidente de la comisión de expertos para la reforma de la administración pública (CETRA), atiende al ARA para explicar los cambios que el Gobierno se ha comprometido a impulsar.

El Govern encargó a un grupo de expertos liderados por el catedrático de ciencia política y de la administración Carles Ramió una propuesta para reformar la administración, una promesa de que diferentes ejecutivos se han hecho suya pero que nunca se ha hecho realidad con la ambición y la capacidad de transformación necesaria. Pues bien, el grupo de Ramió ha elaborado diez propuestas concretas que, de llevarse a cabo, supondrían una auténtica revolución en el sector público porque cambiaría desde las formas de trabajar hasta los procesos de selección de los funcionarios y, sobre todo, de los directivos que ahora son nombrados a dedo por los cargos políticos.

Al inicio del mandato, el gobierno de Salvador Illa se fijó como objetivo de legislatura reformar la administración pública. Para ello cuenta con un grupo de expertos (CETRA) capitaneado por el catedrático de ciencia política y administración pública Carles Ramió, que ha propuesto hasta diez medidas para implementar. Las más destacadas son: una reforma para profesionalizar a la dirección pública; introducir la inteligencia artificial en el funcionamiento de la Generalidad; cambiar la selección del funcionariado y que la administración sea proactiva en las ayudas. "Somos conscientes de que debemos luchar contra el escepticismo de la sociedad, los medios de comunicación y los propios servidores públicos", admitió Ramió en declaraciones a la prensa, ya que la reforma de la administración es un tema que siempre tienen los gobiernos en la agenda y nunca se acaba llevando a la práctica. A continuación se detallan las diez primeras medidas con las que trabajará el ejecutivo, a pesar de que algunos no se concretan los plazos, como la despolitización de la dirección pública, que queda en manos del calendario del Gobierno y del apoyo del resto de los partidos políticos.

La justicia es la ultima ratio, el último argumento, del sistema democrático. Es el lugar al que los ciudadanos, empresas u otros agentes recurren cuando se sienten maltratados o son víctimas de un abuso o agresión. Esperamos reparación de la justicia y, también, castigo para los culpables. La justicia es fundamental para dotar al sistema de sentido. Si no existe justicia, no hay democracia. Y si funciona de forma pobre o defectuosa, es el conjunto el que se ve irremediablemente deslegitimado. Es la democracia quien se devalúa a ojos de la gente. Es precisamente por este motivo, por la importancia fundamental que, en términos democráticos, pero también morales, tiene la justicia, que nunca he entendido el abandono palmario al que se le ha sometido a España.

Ya existe una primera imagen del ajuste a través del cual el Estado está adaptando las cotizaciones que los autónomos pagan cada mes a sus ingresos reales netos. Aquest dimecres, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha donat a conèixer els primers resultats del procés de regularització anual de les quotes dels autònoms corresponents a l'exercici del 2023, que s'allargarà fins a l'abril del 2025. L'ens hi ha arribat després d'una revisió de les cotitzacions i els guanys declarats el 2023, és a dir, després de creuar les dades de la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

Créanme: sé de qué hablo. No sólo he enseñado temas de gestión pública a nivel de graduado en la universidad y de postgraduado en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, sino que conozco bien la administración por dentro, especialmente la sanitaria, la social y la educativa, e incluso he presidido una Comisión para la Modernización y Reforma de la Administración Pública por encargo del president Mas, en 2013.

¿Quién no sueña con reformar su casa con un cheque en blanco? Por qué los reportajes sobre rehabilitaciones de casas y pisos del suplemento delAhora Domingo ¿son de los que más furor causan en la web de este diario? Ambas preguntas pueden parecer frívolas, pero en el fondo no lo son en absoluto. Abordarlas abre la puerta a mirar con otros ojos nuestra casa (¡incluso a hacer cambios!). Para reflexionar sobre esta fiebre que nos hace curiosear proyectos arquitectónicos como si tuviera que acabar el mundo, nos hemos adentrado en un callejón oscuro para hacer una entrevista a una pareja que se dedica a transformar los espacios que habitamos: los arquitectos Anna Prats y Joan Valls.

La reurbanización de la Meridiana entre Felipe II y Fabra y Puig ya tiene fecha. Las obras empezarán aproximadamente dentro de medio año, durante el primer trimestre de 2025. El Ayuntamiento de Barcelona lo ha anunciado este mediodía, una vez terminada la remodelación del tramo entre Navas de Tolosa con José Estivill y Felip II, licitado durante el anterior mandato. "Todos hemos crecido viendo a la Meridiana como una autopista que entraba en la ciudad y ahora la transformamos en un eje verde y urbano", ha afirmado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, que se ha comprometido a "estudiar durante este mandato La reforma de la Meridiana más allá de Fabra i Puig.

La extrema derecha ha ganado la batalla. Pese al cataclismo político que puede generar la decisión en las próximas horas, el presidente Emmanuel Macron ha decidido no dar marcha atrás y someter a votación en la Asamblea Nacional la reforma de la ley de inmigración, que ha sido aprobada con los votos de la mayoría de los diputados macronistas, los de los Republicanos (la derecha tradicional) y los de la extrema derecha de Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional). Se aprobó con 349 votos a favor y 186 en contra. El coste político para Macron de aliarse con la extrema derecha –aunque sea sin buscarlo– puede ser muy alto: el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ha dimitido este miércoles y su grupo parlamentario podría resquebrajarse.

Estos días muchos medios y políticos de derechas se han dedicado a construir un nuevo terror sexual: “¡Se está excarcelando a violadores!”, “¡La seguridad de las mujeres está comprometida!”. Los partidos de gobierno han respondido con campañas de comunicación donde lo que importa es salvar votos o atizarse entre ellos para marcar diferencias ante las inminentes elecciones. Si algo evidencia este caso es un rasgo de la política contemporánea donde la verdad no importa, sino que se construye a golpe de argumentario. El resultado parece que será un nuevo endurecimiento penal en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de toda Europa mientras mantiene índices de criminalidad muy bajos.

El choque en el gobierno español por la ley del solo sí es sí se intensifica con la decisión del PSOE de presentar en solitario una reforma que incrementa las penas cuando hay violencia o intimidación en las agresiones sexuales. El socio mayoritario del ejecutivo ha cumplido su amenaza y aboca al ministerio de Igualdad a un cruce en el que tiene que decidir si deja que los socialistas aprueben los cambios de la mano del PP o cede a un nuevo esquema del Código Penal que, según su lectura, saca del centro el concepto de consentimiento. La propuesta del PSOE supone una enmienda contundente a la ley estrella de Irene Montero, que los últimos días ha manifestado que no dimitirá aunque se haga evidente que para intentar evitar más rebajas de penas ha habido que reformar la norma. "Se reabre un debate que creíamos superado y que provoca revictimización", ha lamentado su número 2, Ángela Rodríguez Pam, en rueda de prensa, en la cual ha denunciado que Igualdad no sabía que el PSOE presentaría la iniciativa este lunes.

Con un poco de retraso respecto a los primeros anuncios, Barcelona ya ha activado la cuenta atrás para empezar las obras de las cuatro primeras calles pacificadas de la 'superilla' del Eixample: Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona, y de las plazas que se formarán cuando se crucen dos de estas vías. El trabajo previo, que es la de mover paradas de Bicing o plazas de carga y descarga, se pondrá en marcha ya durante la segunda mitad de julio y las obras como tal a partir de la segunda quincena de agosto, con una previsión de duración de ocho meses y medio que tendría que permitir al gobierno municipal tenerlo todo listo antes de las elecciones municipales.

Cada uno ya puede decir la suya. La Comisión Europea ha lanzado este martes la consulta pública para la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, la regulación que fija las normas de déficit y deuda para los países de la UE. Era una promesa de 2020, que la pandemia puso en standby y que ahora Bruselas ha recuperado empujada justamente por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. El melón se abre en un contexto absolutamente diferente. Las normas, que fijan límites de déficit del 3% del PIB y de deuda al 60%, están excepcionalmente suspendidas hasta el 2023. Y ahora el déficit medio en la UE es del 8,2% y la deuda roza el 93%. El debate es extremadamente complejo y espinoso porque enfrenta a los bloques que piden más rigidez presupuestaria con los que esperan más flexibilidad. Pero Bruselas tiene una cosa clara: las economías necesitan tiempo para recuperarse y para que el debate no nazca muerto ha abierto una consulta muy genérica que no propone nuevos objetivos.